Claudia Samayoa, del Movimiento de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, asegura que los cuerpos clandestinos pasaron del poder del Estado al sector privado, luego de la depuración de la Policí­a Nacional sin ningún proceso judicial.

¿Qué son los cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad?

Los cuerpos ilegales son grupos de personas formados por miembros de las fuerzas de seguridad en activo o retiro, o personas particulares denominadas sicarios, que se organizan para la acción de operativos, orientadas a secuestros, allanamientos y asesinatos. Se les denominaron cuerpos ilegales porque funcionaban dentro de las estructuras de la Policí­a o del Ejército, sin ser reconocidas. Hay que recordar que los destacamentos de la Policí­a no eran llamados «estaciones» sino «cuerpos»; de ahí­ viene el término.

Los aparatos de seguridad son organizaciones de inteligencia que pueden estar formados por militares o civiles que proveen información para que el cuerpo clandestino actúe. En una época los aparatos clandestinos dependí­an del Ejército y estaban alimentados por personas que proveí­an información de las diferentes instituciones del Estado y garantizaba impunidad. A través de los años dejaron de pertenecer al Gobierno y se trasladaron al sector privado. Los grandes jefes de estos cuerpos se llevaron consigo las estructuras de información y a las personas que colaboraban.

¿Cuáles fueron las situaciones que permitieron su conformación y fortalecimiento?

Las depuraciones del Ejército en 1997 que se hicieron sin ningún proceso de justicia, así­ como los grandes niveles de impunidad que se registran en el paí­s. Esto permite que diversos grupos operen en situaciones criminales y de inteligencia. Hay poderes fácticos y ocultos, llamados paralelos, que utilizan la violencia para alcanzar sus propios beneficios. Estos poderes pueden ser económicos, pues su capital se genera desde la ilegalidad, o desde la contratación de personas sin un salario justo y digno. También existen sectores a los que les interesa controlar al Estado mismo, ligados al crimen organizado y que ven al movimiento social como algo negativo.

¿Cómo pueden identificarse las acciones de estos grupos?

Es muy difí­cil saber quién está ligado a quién y de dónde salen las órdenes. Se ve claro un ejercicio de violencia e impunidad. Un ejemplo, fue el voto en contra de la CICIG del diputado César Fajardo cuando la UNE habí­a asegurado el apoyo. También se vio su actuación en el Caso Parlacen, tanto en el asesinato como en la intención de mover la investigación. Están presentes en casos de alto y bajo impacto, donde buscan boicotear la investigación penal. Se les llama mano peluda, porque logran identificar a un oficial, pero es difí­cil saber quién es el jefe.

¿Qué impacto ha tenido para la vigencia de los derechos humanos en el paí­s, la presencia de grupos clandestinos?

Se ha retrocedido en materia del respeto a los Derechos Humanos a raí­z de la existencia de estos grupos y de los altos niveles de impunidad, lo que ha provocado el deterioro del sistema. Cuando no se persigue a los responsables de estos crí­menes, el sistema de justicia no funciona para nadie. Se crea un ambiente de violencia generalizada, porque no afecta únicamente a los polí­ticos y a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, sino a toda la población. Las muertes diarias son el resultado de esta situación.

¿Qué aporte podrí­a brindar la CICIG para esta situación?

Es un instrumento internacional que ayudará a los fiscales y policí­as que quieran hacer bien su trabajo. No viene a investigar por su cuenta, sino que dará una mano a quienes quieran establecer quién es la «mano peluda». Puede demostrar quiénes son los que dentro del Ministerio Público y la Policí­a Nacional Civil tratan de retorcer las investigaciones.