Ya nos hemos acostumbrando a recibir cada semana un escándalo más, proveniente de las esferas del Gobierno, en cualesquiera de sus ministerios de Estado, instituciones autónomas, semiautónomas, ONGs, y municipalidades; ya es hasta enfermizo el hecho de estar esperando una noticia de tal naturaleza para demostrarnos a nosotros mismos, la equivocación crasa de haber emitido el voto por tal o cual partido político, o bien por determinados alcaldes.
Entre las condiciones para optar al cargo de MAGISTRADO, ya sea en el Organismo Judicial o en la Corte de Constitucionalidad, se enumera, se determina una que se llama HONORABILIDAD, lo cual significa que, la persona candidata o propuesta para ese cargo, tiene la virtud de poseer dotes morales e intelectuales, pero en especial í‰TICAS Y MORALES que lo hacen probo para el desempeño de tan digno cargo.
SIN EMBARGO, la «honorabilidad» de los candidatos a magistrados, NO SE PUEDE PROBAR O DEMOSTRAR, y por lo tanto cualquier hijo de la Gran… Bretaña puede acceder a uno de tales puestos; aparte que su velada filiación política le garantiza llegar a una magistratura, por intereses de tipo sectario y/o partidista.
Guatemala es un país donde todo le viene «guango» a la población; de todo se lamenta, se queja, se desilusiona, chilla, llora y patalea; pero? no toma decisiones, no exige el respeto a sus derechos, prefiere dejar pasar la tormenta, se hace «la loca», no le importa porque está muy ocupada en resolver su problema de subsistencia o bien la forma de vivir «sin hacer olas», porque sabe que el premio a conductas inquisitivas al Gobierno le traerá como consecuencia ser etiquetado de narcotraficante o delincuente y con ello: LA MUERTE.
Pero la nueva Ley de Acceso a la información, utilizada como herramienta para conocer la verdad, permite conocer casos como el de la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD donde cada magistrado dispone de TRESCIENTOS MIL QUETZALES ANUALES PARA EL PAGO DE SERVICIOS Mí‰DICOS.
DOS MAGISTRADOS SE MEDIO SALVAN DE LA CRíTICA PíšBLICA, porque adecuan su conducta a los cánones establecidos por la moral y la ética en la sociedad en que vivimos; es decir, que conocen la débil línea que separa lo LEGAL de lo INMORAL; lo JUSTO de lo ILíCITO; lo CORRECTO DE LO INCORRECTO.
Valga este artículo como un reconocimiento a los magistrados NAPOLEí“N GUTIí‰RREZ VARGAS del Organismo Judicial y JUAN FRANCISCO FLORES de la Corte de Constitucionalidad; ambos, merecedores del respeto público por su adecuada conducta en la apreciación de los actos y hechos sometidos a su criterio.
Lo descubierto en la Corte de Constitucionalidad, pinta a sus integrantes -con su excepción- como lo que son, aparte de los méritos que pudieran tener, como banales, avorazados, aprovechados, injustos e inmorales