Los delitos de cohecho activo y pasivo, contemplados en los artículos 439 y 442 del Código Penal son cometidos, el primero, por el empleado o funcionario público que pida o acepte sobornos (mordidas) y el segundo, por el particular (contratista, comerciante, persona individual o jurídica que brinde servicios), que dan u ofrecen el soborno. Hay pues, dos actores importantes en este delito que es, posiblemente, el más generalizado y el menos perseguido dentro de la administración pública.
Las mordidas pueden ir, desde la de «humildes» Q.50.00 o Q.100.00, que pide un policía, hasta los millones (15 o 20% del valor de la obra), que piden ministros, diputados, directores, viceministros, alcaldes, concejales, etcétera, etcétera, por señalar a los «beneficiados» con este tipo de «trabajos», máxime si alguien los considera de urgentísima necesidad y los otorga en dos o seis minutos y después, dice cínicamente que eran necesarios, cuando la mayoría han dormido el sueño de los justos, por falta de «incentivos».
Claro que es importante en esta relación criminal que desprecia la pobreza de un país, los grandes señorones que se echan tragos en los mejores hoteles, bares y lupanares de la república y que aparecen como niños de primera comunión en las fotos de «sociales».
Para los funcionarios y los empresarios corruptos se han inventado ONGs y fideicomisos mandados a hacer por encargo de quienes quieren -oh divino patriotismo- acelerar las «obras que van a beneficiar al pueblo», aunque el asfalto de una carretera pase por propiedades de los honorables diputados o de parientes o familiares de los que encabezan el gobierno.
Inventan también programas casi secretos y confidenciales cuando el pisto que supuestamente invierten no es de ellos, sino de los babosos que pagamos impuestos y que, para colmo de males, nos quedamos con la boca callada.
Por supuesto que todos niegan los hechos pero aunque no lo crean hay indicios, hay indicios, muchos indicios de que la corrupción va aumentando día a día y que como último recurso, si es que alguna vez llega a descubrirse algo anómalo, la pita se rompe por lo más delgado y le echan la culpa a cualquiera que no sea, por supuesto, el verdadero responsable.
Personalmente conocí de dos casos, el de un amigo constructor que empezó humildemente su trabajo y ahora, es «fundamental» para entes como Covial o Caminos. «Que querés -me dijo- yo suelto un 20% y ese costo adicional debo subírselo a la obra». Buen empresario el muchacho.
El otro caso, es el de un empresario recto y honesto que le cayó la chibolita y le fabricaron «pruebas» para amolarlo, porque, simplemente, en una licitación que ganó a puro pulso, no quiso dar mordida.
Ahora bien, aunque de Colom ya no me sorprende nada, sí me causó cierta sonrisa irónica, cuando, como dicen la mayoría de acusados por delitos similares, grita: «presenteeeennnn prueeeeeebaaaassss», cuando uno de los delitos que más cuesta probar es el de cohecho porque los dos «pecadores» están mutuamente protegidos y efectivamente, denunciar una cosa de estas se tiene que hacer con pruebas; pero, también hay otra salida, el Gobierno, como parte del Estado ya tiene muchos indicios y tiene cuerpos investigativos para dar con los responsables de estos delitos aunque, por supuestísimo, ya habrá jueces esperando con la mano abierta, no para abrazar al amigo, sino para recibir el pisto que les permitirá salir libres, así que señoras y señores, esto es una rueda de Chicago que no termina de dar vueltas…
Socialdemocracia de papel. Nada más justo que reconocer a los ex presidentes Arévalo y Arbenz, Oliverio Castañeda, Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. En lo que se equivoca el Gobierno es si cree que poniendo gigantescas fotografías de estos extraordinarios guatemaltecos y gastar miles en publicidad exaltando su figura los va a convertir en «socialdemócratas». No son héroes de papel, son parte de nuestra historia y no publicidad para un gobierno que en apenas un año nos ha dejado sin esperanza.