¿Hay idoneidad en los empresarios de transporte?


No hace falta ser muy perspicaz para darle respuesta a la pregunta planteada en el titular de esta columna porque basta ver la forma en que han operado a lo largo de todos estos años en los que recibieron millonarios subsidios sin dar nada a cambio para decir que no tienen la menor idoneidad para obtener una graciosa concesión como las que se les acaba de otorgar por 25 años y, mucho menos, para montar nuevas empresas con el dinero de los contribuyentes en lo que ahora el Gobierno presenta como el primer proyecto de alianza público-privada.

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

Sin invertir ni un solo centavo ni arriesgar nada, los «empresarios» del transporte urbano de la ciudad de Guatemala se han asegurado un multimillonario negocio para los próximos años y todaví­a ellos y la gente del Gobierno y de la municipalidad, tienen el descaro de sostener que quienes critiquen ese aberrante negocio son los que no quieren que la gente de menos recursos viaje en condiciones dignas. ¿Dónde jocotes están las pruebas de que esos transportistas se han preocupado alguna vez por la dignidad y seguridad de los usuarios? Los transportistas urbanos fueron pieza clave para el resultado electoral de la UNE y están recibiendo no sólo el pago por su aporte sino el anticipo por lo que de ellos se espera para las elecciones del año próximo. Ese tráfico de influencias, tan obvio y evidente, se constituye en la razón principal por la que se produjo esa inversión enorme en beneficio de un pequeño sector que nunca, a lo largo de décadas enteras de mamar de la teta del Estado, pudieron demostrar el menor interés por mejorar las condiciones de la prestación de un servicio público esencial. En la materialización de una alianza público-privada se tendrí­a que esperar que exista de parte de los inversionistas privados no sólo capacidad de inversión para no convertirse en un grupete que únicamente extiende la mano para aprovecharse de favores polí­ticos, sino idoneidad para realizar la actividad económica que se persigue. En este caso la historia es contundente y nos demuestra que esa idoneidad no existe, pero además hay que ver que no hay aporte ni inversión de la parte privada que simplemente se beneficia de lo que constituye un tí­pico favor polí­tico. Si alguien me demostrara que realmente son empresarios capaces de administrar bien esos millonarios recursos, posiblemente me tendrí­a que tragar mis palabras. O si ellos estuvieran apostando a una nueva figura dentro del servicio de transporte público pero con su dinero y no con el dinero del erario nacional. Siempre he dicho que los sistemas de transporte más eficientes del mundo son aquellos que se constituyen a partir de empresas públicas, muchas de ellas municipales, que operan con eficiente administración y visión de servicio. Si el Estado de Guatemala querí­a invertir para beneficio de los usuarios esos millones de quetzales, mejor hubiera sido crear una empresa pública que se hiciera cargo de la operación, en vez de regalar el dinero a los transportistas. Por cierto que su capacidad empresarial ya fue puesta a prueba cuando í“scar Berger les regaló los buses rojos que terminó pagando el Estado y ellos no honraron la deuda y se declararon en quiebra para no pagarle al BCIE por los tomates.