En días pasados el doctor Gabriel Orellana publicó una columna en la que relató que existe en Colombia algún grado de malestar porque trascendió que la Guardia de Honor a la que pasaron revista los presidentes Uribe y Bush, tuvo que someterse al riguroso control y registro del servicio secreto, de manera que sometieron sus armas a revisión para garantizar la seguridad del Presidente de los Estados Unidos. Según el escrito, se consideró una ofensa para un ejército de un país soberano el que se sometiera a sus miembros a un trato denigrante.
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Ni preguntar siquiera si los cadetes de la Escuela Politécnica que estuvieran frente a la escalinata del Air Force One el día que vino el señor Bush fueron o no sometidos a registro minucioso, si se dice que en Guatemala el día de la cena ofrecida por el presidente Berger los agentes del servicio secreto registraron a los ministros de Estado y demás funcionarios que ingresaron a nuestro (es un decir porque al menos durante la estancia de Bush fue ocupado por agentes extranjeros) Palacio Nacional de la Cultura.
Yo creo que cualquier Jefe de Estado tiene derecho a tomar las medidas de seguridad que considere pertinentes y acordes con los riesgos que corre e indudablemente el señor Bush es uno de los objetivos de cualquier grupo terrorista mundial. Pero dentro de las relaciones bilaterales tiene que existir elemental respeto a la dignidad y soberanía de los países que son objeto de una visita de Estado para no incurrir en abusos que menoscaben los sentimientos de los pueblos que, por ser supuestamente amigos, abren sus puertas para que pueda producirse ese tipo de visitas que, como lo hemos podido comprobar, tienen escaso efecto para el anfitrión y simplemente forman parte de la agenda de intereses políticos del viajero.
Que se someta a un ministro de Estado a la obligación de pasar por un detector de metales colocado de manera tal que nadie pueda ingresar a un recinto sin ese tipo de control es algo que puede pasarse. Pero que ministros de un país soberano sean sometidos a un cacheo por personal extranjero es algo que resulta inadmisible o, mejor dicho, que debería resultar inadmisible si es que los ministros y funcionarios tuvieran un ápice de dignidad. Porque no se trata de un agravio a la persona, sino a la investidura misma que ostentan y de esa suerte la sumisión no afecta únicamente al individuo que se somete ante las disposiciones de agentes de seguridad foráneos, sino que daña seriamente la representación que se ostenta.
En Colombia, país que mantiene estrechas y muy fructíferas relaciones con Estados Unidos, ha trascendido el malestar de las fuerzas armadas por la forma en que se comportaron los visitantes con la supuesta Guardia de Honor que perdió el honor al rendir sus armas ante el servicio secreto de un país extraño. En Guatemala no hay siquiera malestar porque damos por sentado que así es como son las cosas. Y para aquellos que nos quieren hacer ver que recibimos al paradigma del respeto a la ley y del respeto al Estado de Derecho, hay que hacerles ver que no existe norma ni reglamento alguno que faculte a un miembro de ejército o policía extranjero a registrar a nuestros ministros o a desarmar a los miembros de nuestras fuerzas armadas en el mismo territorio nacional. Pero en el fondo la culpa no es de los visitantes, sino de quienes gozan viviendo de culumbrón.