Que lamentable es iniciar el año con noticias nefastas como las que publica un matutino el día de hoy en relación a la actividad del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en Guatemala. El señor Beat Rohr representante del PNUD indica que «el Estado suele solicitar la ejecución de una parte de su presupuesto, porque de esta forma se agiliza el trámite de las contrataciones y se evita la burocracia»; dicho argumento es en realidad una forma descarada de avalar negociaciones ilícitas con el escudo de la organización de las Naciones Unidas.
1,529 millones 748 mil quetzales es del monto que de dinero de fondos del Estado maneja el PNUD en Guatemala; provenientes de organismos donantes y préstamos al Gobierno destinados para la ejecución de proyectos educativos, de salud y supuestamente de infraestructura. Aparte de ello, paga la contratación de 734 personas en calidad de «CONSULTORES EXTERNOS»; lo cual es una barbaridad porque según la noticia del matutino, un 67% de los préstamos son invertidos en pago de salarios.
En Guatemala la cultura de la corrupción ha llegado hasta los «nuégados» y es una verdadera lástima enterarse que los funcionarios guatemaltecos eligen una vía más, en este caso utilizando a una dependencia de la ONU para esquilmar el dinero del Estado y como es de esperarse, en detrimento de la población guatemalteca.
El malinchismo es peste; la Municipalidad de la ciudad Guatemala no publicita el nombre de las personas contratadas para la ejecución de los proyectos que tiene con el PNUD y éste, el PNUD se niega a revelar dicha información acogiéndose a la secretividad de sus acciones. ¿Con fundamento en qué ley, reglamento, Tratado o Convenio, el PNUD se niega a revelar información de la ejecución y/o inversión del dinero guatemalteco?; ó ¿hay «mano de mono» en este asunto?
Pero… todo este asunto es producto de la cultura de corrupción, a la que no escapan algunos funcionarios internacionales que se convierten a la conducta delictiva para tener más ingresos y jubilarse con los bolsillos llenos a costa de la carencia de educación, salud e infraestructura para los guatemaltecos.
Talvez ahora sí, el MINISTERIO PíšBLICO investiga el tipo de relaciones, cuentas bancarias de los funcionarios involucrados (nacionales y extranjeros) ejecuciones de la obra y sobre todo que la PROCURADURíA GENERAL DE LA NACIí“N también intervenga para deducir las responsabilidades del caso.
La indolencia de las autoridades guatemaltecas y la preterintencionalidad de las conductas ilegales de funcionarios nacionales y extranjeros, han sido el pan nuestro de cada día; ya es tiempo de corregir el estado actual de cosas y DEDUCIR RESPONSABILIDADES por INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. El Código Penal es abundante para tipificar los actos ilícitos denunciados públicamente.