Miguel Ángel Gálvez, juez Primero B de Mayor Riesgo, resolverá el próximo lunes si envía a juicio a Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

Durante tres días de audiencia, Gálvez escuchó los argumentos de todas las partes involucradas en el proceso contra Ríos Montt, exjefe de Estado, y Rodríguez Sánchez, exdirector de Inteligencia Militar, quienes son acusados por el Ministerio Público, de ser los responsables, en la cadena de mando, de ejecutar las masacres que condujeron a la muerte de mil 771 indígenas de la etnia Ixil.

LAS PETICIONES
Esta mañana, la audiencia terminó con la solicitud de  César Calderón, abogado de Rodríguez Sánchez, quien pidió el sobreseimiento a favor del militar retirado.

Calderón expuso que a su defendido lo acusan de actos cometidos por el Ejército, y no específicamente ejecutados por Rodríguez Sánchez, y que como consecuencia es vinculado por haber ocupado un alto rango militar, que tenía funciones administrativas, “por lo que no participaba de la cadena de mando”.

No obstante, en la acusación la Fiscalía de Derechos Humanos lo señaló de haber implementado los planes contrainsurgentes Sofía y Victoria 82, que terminaron con la vida de los pobladores de 72 comunidades del área Maya Ixil.

Por su parte, ayer el abogado Danilo Rodríguez, quien ejerce la defensa de Ríos Montt, pidió la clausura del proceso contra su cliente, argumentando que existen deficiencias en las investigaciones, y que éste no fue informado de las masacres ocurridas contra la población indígena, en 1982 y 1983.

 “Ríos Montt no supo que se cometieron masacres en contra de la población de la etnia maya-Ixil”, sostuvo, y agregó que la responsabilidad de la ejecución de los planes operativos contra la insurgencia era de los comandantes de las zonas militares, y que el objetivo en ningún momento fue matar a población civil.

Esto porque la Fiscalía lo sindica de ordenar la ejecución de 15 masacres, donde, según las conclusiones de las investigaciones, los integrantes del Estado Mayor del Ejército, entre ellos Ríos Mott y Rodríguez Sánchez, tenían conocimiento en tiempo real de los operativos militares y los resultados de los mismos, información que aparentemente era recibida a través del Centro de Operaciones Conjuntas (COC). 

Por otro lado, el MP también dio a conocer que como consecuencia de las matanzas, del 24 de marzo al 21 de octubre de 1982, 29 mil personas fueron obligadas a desplazarse a las montañas, ya que eran buscados por los militares.

Durante las diligencias, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), entidad que representa a las víctimas que acusan a  los generales retirados, se adhirió a la petición del MP: Que ambos enfrenten juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad; el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) también pidió debate oral y público.

A las diligencias, asistieron familiares de las víctimas del conflicto armado interno, accionistas en derechos humanos, miembros de Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Zury Ríos, hija del Ríos Montt, entre otras personas.