Miles de inversionistas que habí­an puesto su dinero en Bancafé están por cumplir un año de andar clamando por la devolución de su dinero o, por lo menos, para que se aplique la justicia a quienes les causaron el perjuicio económico, pero el proceso legal por la crisis de esa institución bancaria es una muestra más de porqué en nuestra Guatemala vivimos con verdadera hambre y con sed de justicia.

En efecto, el tema de la impunidad en el paí­s no se limita simplemente a la protección a ciertos poderes ocultos, sino que se extiende a quienes delinquen teniendo el privilegio de una cómoda posición económica y de los contactos suficientes para evitar que se ponga en marcha la maquinaria de la investigación y la sanción penal. Desafortunadamente en estos casos nadie rinde cuentas y no se persigue a quienes se apropiaron del dinero ajeno, ni tampoco se persigue y sanciona a los funcionarios que habiendo tenido la obligación y responsabilidad de supervisar el manejo de las instituciones financieras, fueron cómplices del mal manejo en varios sentidos.

Porque hay que decir que los encargados de la superintendencia de actividades financieras no sólo se hicieron de la vista gorda ante los manejos que significaron esa pérdida para tanta gente sino que contribuyeron a engatusar a los ahorrantes con sus insistentes declaraciones restando crédito a las pequeñas pero significativas voces de alarma que se elevaron y que pudieron alertar a quienes buscaban lugares seguros para colocar sus inversiones. Reiteradas fueron las declaraciones de los encargados de controlar a las entidades bancarias y financieras en las que decí­an que el guatemalteco podí­a seguir colocando su dinero con toda confianza en las instituciones que estaban cometiendo acciones ilegales para preparar el terreno que permitiera la apropiación del dinero ajeno.

El primer aniversario del escándalo del Banco del Café es un recuerdo de que en un año la justicia no se mueve ni camina y preludio de lo que se avecina ya con el aniversario de la crisis del Banco de Comercio, casos paradigmáticos no sólo por la forma en que se esquilmó al público, sino porque evidencian la complicidad impune de los funcionarios que tení­an la obligación legal y moral de vigilar el comportamiento de quienes recogí­an dinero del público con base en el principio de confianza que inspira la actividad bancaria.

Si al menos los funcionarios hubieran guardado silencio, ya que su argumento es que no querí­an provocar estampidas por pánico, tendrí­an hoy alguna excusa, pero al haber afirmado una y otra vez que el público no tení­a nada que temer, que todas las instituciones eran sólidas, hicieron crecer el monto de lo finalmente robado a los ahorrantes y por ello nadie paga.