La declaración de calamidad viabiliza que algunos estados puedan acudir en nuestra ayuda. Este hecho temporal en ningún caso resolverá el problema permanente en que se encuentra ese enorme sector de guatemaltecos en los municipios y departamentos del paí­s.

 

El destituir, el cambiar ministro de salud no resuelve absolutamente nada, aunque todos los ministros son los especí­ficamente responsables, de una u otra forma, del ingreso que reciben los trabajadores, de la producción alimenticia, de los programas de nutrición y de todas las medidas relacionadas a ese inmenso problema.

 

Si se analizara el proceder y el actuar de los ministros que en los últimos cuatro gobiernos se han desempeñado en el área de salud, el ministro que más dí­as ha estado es Marco Tulio Sosa Ramí­rez, ex socio fundador y gestor del Banco Empresarial que le costó a los guatemaltecos alrededor de Q500 millones en beneficio de él y los socios de dicho banco.

 

Sosa Ramí­rez, durante el gobierno del PAN, desmanteló el sistema preventivo de salud í­ntimamente relacionado con la nutrición, desfiguró las tasas de mortalidad y nutrición lo que significó que la FAO y todos los organismos internacionales de ayuda alimentaria decidieran retirar a Guatemala de estos programas, hecho que le consta al embajador Acisclo Valladares, logramos detener -durante el gobierno del FRG gracias a intensos esfuerzos y cabildeos ante los organismos de alimentación a nivel mundial, con sede en Roma, Italia; lamentablemente la cúpula económica en el gobierno de la GANA, impuso de nuevo a Sosa Ramí­rez sin logros ni beneficios para la salud o la nutrición.

 

El presidente y vicepresidente de la República no deben asumir exclusivamente el problema y sus posibles soluciones. Este es el momento -igual que sucedió durante el terremoto o el Serranazo- de convocar a la Conferencia Episcopal, a las iglesias evangélicas, a los principales representantes de la sociedad civil, de las cooperativas, de las cámaras y asociaciones agremiadas a Cacif y por supuesto a todos los secretarios generales de los partidos legalmente inscritos, al presidente del Congreso y los jefes de bloques del Organismo Legislativo y en una o varias reuniones llegar a un consenso para que la carga tributaria se aumente con impuestos directos, reiterando que el ideal es el impuesto sobre pago o acreditación a cuenta de dividendos, gravamen que existe en muchos paí­ses del mundo, para que con el ingreso especí­fico de este impuesto, durante los próximos diez o 20 años, se dedique el combate al hambre, a la desnutrición y a la mejora y fomento de la producción alimenticia de consumo nacional.

 

Una convocatoria de esa naturaleza en un momento como el actual obligarí­a al compromiso nacional que requiere este triste primer lugar a nivel americano y sexto lugar a nivel mundial.