En los últimos meses, sin embargo, la inseguridad y la violencia que nos golpea a todos por igual nos unió en el plano de entender que era indispensable que el Estado jugara el papel que le corresponde y, por supuesto, tuvimos que asumir el efecto que la impunidad tiene en todo esto porque en la medida en que no hay capacidad de castigar al delincuente, éste se siente a sus anchas para ponernos a todos de rodillas.

Pero justamente por ese tema ahora se plantea un nuevo foco de división que puede ser funesto para el paí­s, puesto que mucha gente en Guatemala, presa de la desesperación por la inseguridad, considera digno de aplauso cualquier esfuerzo que se haga, a como dé lugar, para castigar a los delincuentes. La incapacidad de los tribunales y del sistema de justicia para aplicar la ley hace que los ciudadanos asuman como válida la toma de justicia por propia mano y ahora que se juzgan los incidentes de Pavón, vemos que es abrumadora la cantidad de opiniones de personas que consideran inaudito que se quiera juzgar a quienes actuaron en contra de criminales.

Por otro lado están los que consideran que aun para reprimir al delincuente tiene que actuarse en el marco de la ley y que los excesos deben ser juzgados. Yo personalmente considero que no podemos combatir el crimen actuando en forma bárbara y que denigra a la misma sociedad, pero es difí­cil poner de acuerdo a quienes sustentan puntos de vista tan diferentes, sobre todo por la desesperación que nos causa a todos la situación de inseguridad que todos los dí­as cobra ví­ctimas.

El tema es que se empiezan a ver posturas realmente encontradas en cuanto a los sucesos en Pavón y mientras unos aplauden lo que se hizo, otros piensan que hubo una ejecución extrajudicial de los delincuentes que murieron en el operativo. Y no veo cómo se pueda lograr un acuerdo, especialmente cuando se mezcla también el ingrediente polí­tico y la impresión de que pueda ser una acción orientada a castigar a adversarios del Gobierno.

Se criticó la gestión de Castresana en el sentido de que tomaba en cuenta los tiempos polí­ticos para tomar decisiones, pero indudablemente que si se quiere lograr el objetivo de avanzar contra la impunidad no se pueden pasar por alto esos factores porque, al final de cuentas, ahora lo que vemos es que se pone en juego la credibilidad misma de la Comisión. Al menos eso es lo que se desprende de las crí­ticas que lanzan algunos, en el sentido de que la ven como un instrumento del Gobierno en la acusación formulada contra funcionarios del régimen anterior.

Pedir a los guatemaltecos flagelados por la violencia constante y cotidiana que participen con objetividad en un debate que tiene que ver con el trato a los delincuentes que nos tienen agobiados es iluso. No puede prevalecer la razón cuando estamos marcados por ese clamor por seguridad que ha llegado a encontrar en la justicia por propia mano la única respuesta, por culpa de un sistema indolente e incapaz de atender las necesidades de la gente.