El 12 de marzo del 2012 el Presidente de la República, en uso de la facultad que le otorga nuestra Constitución, presentó al Congreso de la República una propuesta de ley denominada Iniciativa de Ley de Fortalecimiento de la lnstitucionalidad para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público.

La iniciativa en mención, persigue reformas y modificaciones a leyes orgánicas como la del presupuesto, la de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otras. Al respecto de la Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Dto. 31-2002), y bajo el argumento de que con dichas reformas se pretende “fortalecer la función fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos… de los órganos del Estado” se busca una reforma, relativa al destino de los fondos privativos de los que dispone la CGC,  provenientes, de conformidad con su ley actual, de los cobros que realiza, mediante procesos económico coactivos, de las multas que por infracciones, precisamente relativas a temas de no transparencia deben de pagar los funcionarios que omiten cumplir con el correcto y legal desempeño de sus cargos. La intención del Presidente, en este pequeño ejemplo que pongo a la vista,  radica en modificar la ley orgánica en mención, a efecto de que de los fondos privativos de la CGC se destinen,  el 75% al fondo común del Estado, dejando a la CGC con únicamente un 25% de dichos fondos, en franco detrimento de las arcas de la CGC y con la consecuente falta de capacidad económica de dicha institución para poder seguir realizando su función fiscalizadora. De conformidad con nuestra Constitución Política de la República,  la CGC es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Según su ley orgánica, goza de independencia funcional, técnica y administrativa. De conformidad con dichos parámetros resulta evidente que la CGC debe de gozar de independencia financiera y ahí el origen de la idea del legislador anterior que dejó previsto que la CGC tuviese fondos privativos que se obtuvieran de su propia gestión, a efecto de poder dotar de capacidad económica a la misma y que no dependiera para funcionar del mismo Estado al que debe de fiscalizar. Cuando se habla de transparencia todos aplaudimos, soy partidario de la implementación de mejoras a las leyes actuales, incluyendo la necesaria dotación de dientes y armas a la CGC para que pueda realizar su función en contra de aquellos funcionarios, empleados públicos  o cualquier persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Sin embargo, con el caso que ahora origina la presente columna me surgen dudas al respecto de las intenciones detrás de las iniciativas de ley que persiguen obtener la tan necesaria transparencia. Sin duda, el mayor riesgo que esconden iniciativas de ley con nombres ad hoc para lo que anhelamos, es que caigamos en el problema de apoyarlas más por el nombre que por su contenido, sin saber hacia dónde va la transparencia.