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Violar la ley en la participación ciudadana

La Secretarí­a de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP, el Ministerio de Finanzas Públicas, SEGEPLAN, gobernadores, alcaldes y el Congreso de la República violan la ley al considerar a los Consejos de Desarrollo como órganos o entidades públicas con autoridad sobre ellos. En los CODEDE, por su parte, gobernadores y personal de oficinas departamentales anulan la participación «mayoriteando» a los colectivos sociales, para obtener decisiones que ya han sido tomadas, incurriendo en los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones e incumplimiento de deberes.

La principal decisión tomada y expresada en los Presupuestos de la Nación y en particular en el Programa de Inversión Fí­sica , ha sido asignar a dichos foros la ejecución de la «obra gris», discrecional y arbitraria del Estado, o sea la construcción de infraestructura de segundo orden sin el adecuado control público. Esta gran decisión es objetada por los participantes sociales cuyo mayor reclamo es poder decidir a favor de programas y proyectos diferentes.

Con excepciones, en los departamentos y en las comunidades, los colectivos sociales y comunitarios no tienen la mí­nima posibilidad de decidir. En gran parte porque la legislación es permisiva, contradictoria y con múltiples lagunas legales y, por la otra, porque es violada y tergiversada por polí­ticos y funcionarios.

En los Consejos Municipales las decisiones no siguen el «mayoriteo» departamental pero, salvo excepciones, sólo decide el alcalde, normalmente en un procedimiento de chantaje social. Frente a las solicitudes de los aldeanos suele presionar «si no aceptan este proyecto se lo doy a otra aldea». Ante las carencias, los comunitarios terminan aceptando y firmando un acta que el alcalde lleva como prioridad municipal a los CODEDE frente al Gobernador.

Como consecuencia, más tarde se encontrará a «los aldeanos de los COCODE participando» con su fuerza de trabajo no remunerada y materiales de la localidad en la construcción de caminos, reparación de puentes o, el aula de una escuela, al estilo de la vieja tradición colonial. En una comunidad de las Verapaces, la alcaldesa auxiliar incluso hizo firmar o poner la impresión digital de los comunitarios en un acta por la cual los obligó a trabajar en dichas obras por tres dí­as sin remuneración. Esta actitud y consecuencias tienen antecedentes lejanos.

Una institucionalidad con pocas variaciones

La Ley contra la vagancia y el Servicio personal de vialidad de Ubico, fueron las últimas disposiciones legales claramente opresivas que formalizaron los viejos rasgos del Estado colonial para la utilización forzada del trabajo comunal en la construcción de caminos, lí­neas de ferrocarril, puertos y ciudades, después de terremotos. La función de supervisar la ejecución de esos trabajos también es remota, pasó con el tiempo de los Alcaldes Mayores a los Jefes Polí­ticos hasta llegar ahora a los gobernadores actuales.

Así­ ha sucedido también en la base social. La función del control de los trabajos públicos forzados por parte de «caciques» locales cooptados pasó a través de múltiples formas. Así­ fueron sometidos patrilinajes y parcialidades indí­genas, y más tarde, cantones de mestizos pobres. Las fórmulas variaron «pueblos de indios», doble sistema de alcaldí­as, separación de cargos, auxilios civiles, alguaciles o alcaldes auxiliares impuestos. En las últimas décadas, los programas de alimentos por trabajo y las patrullas de autodefensa civil fueron anclados en esa institucionalidad y cultura.

Contra estos trabajos no remunerados y contra ese control, las comunidades desarrollaron formas de resistencia e incluso levantamientos y, en la actualidad, muestran inquietudes de participar a partir de sus necesidades, pero se las impiden las decisiones del listado geográfico y sus arbitrariedades.

La corruptela y su control

No es nuevo que en esa institucionalidad y cultura aparezcan casos como el de un diputado, su centro comercial y su carretera en Petén o, la proyectada construcción de una carretera al municipio de Melchor de Mencos para una familiar del Presidente, con un incremento presupuestal para ese municipio superior al 800% respecto del año anterior. Se informa que el diputado adquirió una extensa propiedad de la Municipalidad de Petén por la exigua suma de 14 mil quetzales que luego distribuyó entre sus allegados. En el lugar el diputado se ufana de poseer cerca del 50% de los inmuebles, con cuya propiedad crea temores en la población (Editorial, La Hora 16/9/08) y ahora se dispone a construir su carretera.

Estas prácticas fueron legalizadas en el PACUR en la administración anterior. En esa corruptela están involucrados alcaldes, partidos, diputados, gobernadores y desde luego los contratistas.

El Ministro de Finanzas y la Secretarí­a de Planificación reconocen que la distribución discrecional del listado geográfico tiene «tinte polí­tico» y proponen como solución la capacitación de los COCODE y del personal de SEGEPLAN (16/9/08 Siglo XXI, p. 2 y 3). Pero la solución va mucho más allá y deberí­a comenzar con el cumplimiento de la función que la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley ordinaria asignan a los Consejos. Y deberí­a seguir con una sistemática y extensa asistencia legal, sociológica, antropológica, técnica, polí­tica y financiera a los y las participantes sociales.

¿Hacia donde va el Gobierno, la corruptela y la participación?

Analistas coinciden en afirmar que la incertidumbre en la dirección estratégica del gobierno se mantiene. Salvo la focalización del gasto en el programa de transferencias condicionadas, continua el favoritismo hacia determinados grupos de poder económico y la mayorí­a de decisiones tomadas se orientan a la consolidación del status quo. Por otro lado, llama la atención que abogados del Ministerio Público, de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala estén pidiendo anular la acción de amparo contra los 57 fideicomisos que presentó la diputada Nineth Montenegro. Según la diputada, los fideicomisos utilizan de forma prebendal aproximadamente el 30% del presupuesto nacional.

Pero por otra parte, funcionarios han declarado que los Consejos de Desarrollo deberí­an incorporarse a otras actividades como las educativas y de salud o a las soluciones agrarias. El propio Ejecutivo ha dicho que habrí­a que reformar la ley para que los gobernadores fueran electos y tuvieran otras funciones.

Pareciera ser que estas medidas son de las decisiones estratégicas que el presidente deberí­a tomar en el espí­ritu de superar las viejas prácticas e incorporar al paí­s en los aires renovadores del papel del Estado afianzando la democracia participativa. Por de pronto, al Congreso de la República le corresponde conocer más de cerca las implicaciones de la aprobación del Fondo de Inversión Pública y embarcarse en una nueva generación de reformas al sistema de participación indí­gena y popular.