Los aparatos de represión del Estado que defendieron, a partir de 1954, los intereses de las élites económicas, castigaron a estas personas por reivindicar los derechos de los trabajadores y por proponer una forma alternativa de relacionarnos como sociedad. Estas personas fueron exterminadas en una acción que se enmarcó en la polí­tica de represión que instauraron los militares para defender los intereses de las élites económicas del paí­s.

La década de 1980, como lo demuestran muy bien los informes «Guatemala Nunca Más» y «Guatemala, Memoria del Silencio», fue una de las peores épocas de nuestra historia. La Doctrina de Seguridad Nacional que fue dictada desde Washington, propuso la macabra idea de identificar al enemigo del sistema en la población que pensaba diferente al orden dictado por el poder económico.

Es justo señalar al Ejército como el principal responsable de tanta desaparición, tortura y asesinato, pero serí­a irresponsable olvidar que los empresarios organizados en las distintas cámaras impulsaron y apoyaron las polí­ticas de represión. Al final de cuentas, la desaparición de tantos sindicalistas únicamente le convení­a a los dueños del capital.

Y esos intereses económicos y de control sobre la población son los que se reflejan en las instituciones estatales. El Gobierno actual, dirigido por ílvaro Colom es un buen ejemplo: es una administración que cae en la contradicción al mantener un discurso encendido «a favor del pueblo», con una Secretaria de Comunicación que impulsa el reconocimiento de los ideales de personas que fueron asesinadas por la represión y, al mismo tiempo, impulsa polí­ticas que no hacen nada más que mantener la situación tal como está.

¿Cómo se explica, por ejemplo, que, a pesar de estudios cientí­ficos y análisis de organizaciones sociales el Presidente apoye la renovación del contrato de Perenco para explotar petróleo en la Laguna del Tigre y, a pesar de la recomendación de la CIDH, no cierre la mina Marlin en San Marcos? ¿Qué podemos pensar del poco apoyo que se ha dado a la polí­tica y ley de desarrollo rural planteado por una buena parte de las organizaciones campesinas para garantizar una vida digna a las familias del área rural? ¿No fue decepcionante la postura del presidente Colom ante las recomendaciones del jefe de la CICIG sobre la destitución del ex fiscal general del Ministerio Público? ¿Cómo se materializa la verdadera lucha contra la impunidad por los crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno y por los que se reportan a diario?

Luego de treinta años de la desaparición de este grupo de sindicalistas, vale la pena pensar en la sociedad que un grupo minoritario nos ha construido a través de la fuerza y la violencia. Nos han hecho creer que somos tan diferentes que no podemos encontrar puntos de confluencia para que la lucha sea unificada.

Hace treinta años, las personas desaparecidas en las instalaciones de la CNT luchaban por un cambio al sistema económico, polí­tico y social porque ya no daba para más. Si bien es cierto que los Acuerdos de Paz fueron un paso importante para la organización social, ahora es tiempo de retomar las fuerzas de tantas personas que por pensar diferente fueron desaparecidas.

Por supuesto que los grupos que le apostaron a la violencia y a la represión todaví­a existen. Pero el miedo no puede vencer las ganas que tenemos tantas personas porque esta situación cambie. ¿Es posible esperar más?