«Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos». Roque Dalton.
En 2004 el Congreso de la República promulgó cada 25 de febrero como el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.
Un paso importante en ese duro proceso para alcanzar justicia por las más de 45 mil personas que sufrieron desaparición forzada entre 1960 y 1996 en Guatemala, y, además, para los familiares de todas esas personas, que siguen con las heridas abiertas.
No obstante, ese paso importante se convierte en un show político, cuando todos los diputados y diputadas prometen «su mejor esfuerzo» por definir acciones concretas, y no lo hacen.
Los compromisos asumidos por cada expresión política dentro de ese organismo, han quedado en letra muerta.
La iniciativa de Ley 35-90 que fue conocida en el pleno del Congreso el 18 de enero de 2007, busca crear una comisión que esclarezca el destino de esas miles y miles de personas, guatemaltecos y guatemaltecas como usted o yo, que tenían sueños, anhelos y esperanzas. Que tenían madres, padres, hermanos, sobrinas, hijos, hijas, abuelos, abuelas, amigos y amigas.
La importancia de aprobar esta ley, entre otras cosas, implica investigar con carácter no penal, la autoría y ejecución de esas desapariciones.
El fenómeno de la desaparición forzada no es algo fortuito, es una clara muestra de «agenda» contrainsurgente para América Latina y las expresiones de libertad que sus pueblos iniciaron.
Por citar algunos casos: en Uruguay, el fenómeno se registra desde 1973 hasta 1989, según informaciones de organismos de derechos humanos del país, se han producido 160 casos, la gran mayoría de ellos ocurridos en Argentina, con 127 víctimas (entre mayo y octubre de 1976).
En Chile, las desapariciones suman varios cientos y son atribuidas al régimen militar de Augusto Pinochet. En El Salvador, según informaciones de FEDEFAM hubo cerca de 6,705. En Guatemala, durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, se produce la primera desaparición masiva de 28 dirigentes sindicales y políticos, los que fueron secuestrados y lanzados al mar desde aviones militares.
Los casos se siguen sumando en toda América Latina durante las dictaduras militares, gobiernos golpistas o gobiernos recientes, hasta llegar a espantosas cifras.
Para Guatemala, aprobar la ley 35-90 implica deducir responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de esos atroces hechos. Entre las instancias que conformarían las comisiones de investigación participaría la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Se calcula que de cinco mil expedientes de personas desaparecidas, la responsabilidad recae en un 93% en las «fuerzas de seguridad» del Estado.
Olvidar es repetir, decía a la entrada del campo nazi en Auschwitz. Lamentablemente postergar ese circulo de impunidad y discriminación, nos condena a repetir la historia porque se veda el acceso al conocimiento y la ausencia de políticas reales dicta sobre las generaciones post guerra una nueva «agenda» de silencio.
El Estado de Guatemala debe asumir la responsabilidad de impulsar la verdadera dignificación de esas víctimas, porque dignificar implica conocer la verdad, saber quiénes fueron y por qué razones, sentar precedentes para buscar justicia y sanar las heridas que siguen abiertas.