A las puertas de que el Tribunal Supremo Electoral, TSE, convoque a elecciones generales, se vislumbra que el tema de la seguridad ciudadana debe constituirse en la columna vertebral de los planes de trabajo de los partidos políticos que competirán en la contienda y que desde ya deben revelar para que el electorado conozca hasta dónde se comprometen en pro de la reestructuración real, y no de maquillaje, del sistema de seguridad.
Las nuevas autoridades responsables de la seguridad interna del país, encabezadas por doña Adela De Torrebiarte, han iniciado un proceso de transición, que no basta sólo con relevar a los cuadros medios, ya que la institución requiere de una cirugía mayor en la que los partidos políticos representados, principalmente, en el Congreso de la República deben participar.
Existen siete proyectos de ley en pro de la reestructuración, el más importante la Ley Marco del Sistema de Seguridad que busca dar vida a un nuevo orden en el que todos los sectores involucrados participen activamente en la definición de políticas y acciones inmediatas que pongan freno a la insoportable ola de criminalidad y a la penetración del crimen organizado en el sistema de seguridad y justicia.
Vale la pena subrayar que la solución a la problemática que vivimos no se circunscribe únicamente a la emisión de más leyes, sino también a la voluntad política de las autoridades a implementarlas y desde luego a la formación de valores y profesionalismo de quienes les corresponda ejecutarlas.
El desafío espera una respuesta inmediata y en este momento los partidos políticos tienen la palabra, por un lado, aprobando la legislación en materia de seguridad y por otro, dejando de lado las cancioncitas y las banderitas que constituyen una propaganda vacía, para dar paso a la propuesta y al compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley.
La mesa está servida, los guatemaltecos esperamos que con argumentos, en los próximos cinco meses, nos convenzan del por qué tenemos que votar por ellos.