El tema de la fiscalización de los fondos públicos invertidos en las mejoras y ampliación del Aeropuerto Internacional La Aurora, quedó visto y demostrado que fue manejado por el nuevo gobierno de Colom y Espada como una clara demostración del desconocimiento de las leyes que rigen la materia y de su poco tacto o tino para dar la mejor impresión de coordinación y eficiencia gubernamental. Ambos tropezaron en las escaleras de la comunicación, mientras uno decía una cosa, el otro contradecía. Lo que sí era de esperarse fue la pobre actitud del todavía interventor de Aeronáutica, pues mientras aseguraba que la OACI daría la información necesaria y que todo el manejo de fondos públicos era «transparente», resultaba obvio el encubrimiento a la falta de fiscalización y control que debe hacerse antes o en el momento de ejecutar un gasto público y no cuándo y cómo se le de la gana a una entidad extranjera o internacional.
Para todos, el señor Contralor seguía en el limbo, hasta que alguien le pasó el chivo de estar cometiendo el tremendo error de pasar sobre las claras y contundentes disposiciones constitucionales. Hasta entonces dispuso la intervención del proyecto y, de acuerdo a las últimas informaciones, en unas tres semanas, sabremos qué clavos, pulgas y chinches se van a encontrar.
Ahora, Juan Pueblo le pregunta a Colom si también le va a ordenar al Contralor fiscalizar la millonada de dólares o quetzales que se ha estado gastando el gobierno central y sus entidades descentralizadas, entre otras, la Municipalidad Capitalina. ¿Será que van a decretar la intervención o ese enorme resto de cosas seguirá quedando en la penumbra con sólo decir que se han manejado «honradamente», olvidando a propósito que cuando eso se asegura hay que demostrarlo? Se oye mal y es triste decir lo citado en el párrafo precedente, porque para todo el mundo el Contralor no debiera depender, para cumplir con sus deberes y responsabilidades, de lo que digan los tatascanes al frente del gobierno de turno. De ahí parten otras interrogantes: ¿van a seguir comprando las unidades motorizadas de las fuerzas de seguridad a través de uno de tantos fideicomisos?, ¿la inversión de fondos públicos en obras de infraestructura seguirá por el estilo?, ¿continuará el pestilente procedimiento de pasarle todo lo grueso a las mercantilistas entidades internaciones OACI, OIM, PNUD y tantas más, que no son otra que «comisionistas» con el dinero proveniente de los impuestos pagados por los chapines?
Es de humanos equivocarse y de sabios rectificar los errores cometidos. La mentada «operación transición gubernamental» se demostró una vez más ser tan solo una pantomima, la que por cierto le cuesta un ojo de la cara a la población. Lo más importante de señalar es la falta que hace que los nuevos gobernantes lleven debajo del brazo, a la hora de ir a recibir la banda azul y blanco, planes de trabajo debidamente sustentados y el equipo humano capaz para llevarlos a la práctica. No hay vuelta de hoja, el correcto y honesto uso de los fondos públicos debió haber sido el primer plan a ejecutar del nuevo gobierno, como parte del combate eficaz a la delincuencia.