En el gobierno anterior, luego de los descalabros de los bancos Empresarial, Metropolitano, Promotor, del Ejército y Banoro, se «modernizaron las leyes» para normar de mejor forma el sistema financiero nacional. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos y de las explicaciones que han dado las autoridades monetarias, resulta que lo único que éstas pueden hacer y para lo que sirven es para pagar los platos cuando ya están rotos, pero no hay ninguna acción que evidencie su capacidad para impedir que sigan rompiendo platos a diestra y siniestra con el mal manejo de entidades financieras.
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Los bancos, a diferencia de cualquier sociedad anónima común y corriente, administran y manejan dinero ajeno que el público les deposita con base en el factor confianza. Por lo tanto, siendo administradores de dinero público, tienen que actuar dentro de un marco de regulaciones precisas para garantía de la clientela que, de esa forma, sabe que sus dineros no se perderán por malos manejos y que, en todo caso, existe una autoridad que está supervisando las operaciones de manera preventiva para impedir abusos de personas inescrupulosas que usan los bancos para su propio enriquecimiento.
No es difícil establecer cuándo se están otorgando préstamos sin garantías y tampoco cuándo los créditos son para empresas vinculadas con los socios de los bancos. La Superintendencia de Bancos tendría que mantenerse ojo al Cristo, como decimos corrientemente, para impedir que se puedan dar abusos. Pero también debiera haber una fiscalización para evitar que mediante argucias y engaños se capten fondos en las mismas instalaciones de los bancos para que sean respaldadas por títulos o valores que no tienen respaldo del banco, aunque utilicen formas y logotipos que los hagan aparecer como si fueran totalmente lícitos y parte del sistema regulado.
Porque para tener una autoridad que simplemente se encarga de buscar quién se hace cargo de pagar y que su función esencial parece ser la de sacar de clavos a los socios de los bancos que administraron mal las entidades, no vale la pena hacer una inversión tan fuerte como la que actualmente se hace. La idea de tener una Superintendencia es precisamente para prevenir y evitar daños, no simplemente para pagar cuando los daños ya se hicieron, sobre todo si ese pago se hace con aportes que, de una u otra manera, de todos modos terminan saliendo del bolsillo del público aunque éste no lo sienta de manera inmediata ni lo perciba con tanta claridad.
Todos sentimos satisfacción y tranquilidad al ver que se han honrado la mayoría de las cuentas de los bancos liquidados y en problemas, pero aparte de que hay mucha gente que lo pierde todo por las mañosas prácticas en que incurren algunos banqueros, está el problema de que ese dinero «recuperado» proviene de aportes que salen del bolsillo del contribuyente o, en el mejor de los casos, de los que utilizan los servicios del sistema bancario. Porque el FOPA no se engorda con sacrificio de las utilidades de los bancos, sino con el encarecimiento de los servicios financieros y eso es algo que debemos entender y comprender a cabalidad para asumir cómo funciona el sistema.
La legislación actual, de acuerdo con lo que dicen los funcionarios, no sirve sino para pagar platos rotos y no podemos seguir operando de esa manera. Hay que impedir que rompan los platos y esa es la función esencial de la Superintendencia de Bancos del país que, de otra manera, no tendría realmente razón de existir.