Según el documento Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo 1950-2100, de la División de Población de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en su revisión del año pasado, estima que para 2015 la población total en el país será de 16 millones 157 mil 970 guatemaltecos; donde el 63% (10 millones 286 mil), residirá en áreas urbanas y el resto en las áreas rurales de Guatemala.

Al respecto, Walter Figueroa, investigador del área de Acción política del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indica que, históricamente, Guatemala ha tenido una de las tasas de crecimiento poblacional más elevadas del istmo y de la región y que aunque dicha tasa ha tendido hacia la baja en los últimos años, sigue representando una de las tasas más altas de la región, que en la actualidad es el 2.6% anualmente.

“Esa tendencia incide en un notable aumento de las necesidades colectivas como consecuencia del incremento poblacional, la cual será más marcada en los centros urbanos, debido a que la  población urbana en el país ha tendido a crecer con mayor dinamismo respecto de la rural”, expresa el analista.

Según el estudio de Cepal, entre 1950 y 2012 la población guatemalteca aumentó de casi tres millones a casi 15 millones de guatemaltecos y que pese a la reciente atenuación, el ritmo de crecimiento demográfico actual excede en dos puntos porcentuales al promedio de la región latinoamericana (2.6 contra 1.6%). Asimismo, deja entrever que existe coincidencia sobre el aumento en la escala del desarrollo urbano en los últimos años y los efectos negativos que un crecimiento desordenado produce.

Figueroa señala que en efecto, las necesidades de atención en salud, educación, seguridad, infraestructura, y en general, servicios públicos básicos aumentados, tienen como consecuencia un incremento del gasto público.

Relacionado a este rubro, el investigador aduce contrariedad, pues manifiesta que históricamente Guatemala ha exhibido una sistemática debilidad de su sistema tributario, expresado en cargas tributarias bajas, que contrariamente al dinamismo poblacional, se ubican dentro de las más bajas del istmo y de la región latinoamericana.

“Los recursos públicos han sido insuficientes para la atención, como se debe, de la población, fundamentalmente de la población más desprotegida del país”, explica.     
 
En ese sentido, Figueroa opina que las finanzas públicas muestran un  problema estructuralmente fuerte, porque por un lado, se encuentra un gasto que se ve presionado por el constante crecimiento de las necesidades colectivas como producto de un dinámico crecimiento de la población, mientras que por otro, una  debilidad en el recaudo de los tributos, que representa una restricción presupuestaria muy fuerte, para  el financiamiento del desarrollo del país.
 
Finalmente, Figueroa dice: “Ante tal restricción, es importante tomar conciencia, que las medidas que se concretan para el fortalecimiento del sistema tributario, incluyendo aquellas que lo hagan más equitativo, y con ello cumplir de mejor manera el objetivo de redistribución, son de importancia capital”.