El Poder Ejecutivo de Uruguay autorizó la investigación, por parte de la Justicia, de dos militantes de izquierda uruguayos que desaparecieron en Argentina en 1977, durante las dictaduras militares que gobernaron en ambos países en esos años.
Se trata de los casos de José Enrique Michelena y su esposa, Graciela Susana de Gouveia, quienes viajaron a Argentina en 1975 y se plegaron a un movimiento conocido como Grupos de Acción Unificadora. En 1977 fueron detenidos y trasladados a un centro clandestino de detención, y su paradero se desconoce.
Ante la denuncia presentada por sus familiares, la Justicia consultó al Poder Ejecutivo si esos casos están o no comprendidos en la ley de «Caducidad de la pretención punitiva del Estado», que amnistió a los responsables de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en Uruguay (1973-1985).
El Ejecutivo entendió que esas desapariciones no están alcanzados por esa ley, votada en 1986, y que la Justicia puede investigar dichos casos, según informó hoy el diario «El País» de Montevideo.
El gobierno uruguayo, del presidente socialista Tabaré Vázquez, ya excluyó de esa ley más de una veintena de casos de desaparecidos.
Unos 120 uruguayos fueron detenidos en el marco de operativos de represión durante los años 70 y 80, y la mayoría de ellos permanece desaparecidos.