En el Seminario I del Movimiento de Unidad Progresista y Popular (MUPP) del Occidente, realizado en Quetzaltenango, el domingo 10 de noviembre, fui invitado a presentar una ponencia sobre la “refundación” del Estado, es decir, la adopción de un nuevo marco constitucional que permita pasar de un Estado “de los ladinos y para los ladinos” a otro que reconozca que hay cuatro pueblos en nuestro país. De hecho, el marco es para cambiar el tipo de país que hace 500 años inventaron los invasores españoles y remediar los males causados por la colonia y el capitalismo.

Se debe reconocer que el Estado actual ya ni siquiera le sirve a los ladinos, en general, sino que a un minúsculo grupo de ellos, que actúan como dueños del país; de ahí las grandes masas de ladinos pobres, casi tan explotados como los pueblos indígenas mismos.

Así, aceptemos que Guatemala es ya un Estado fallido. Nada funciona, porque la violencia, la corrupción, el saqueo de las arcas públicas y la impunidad han llevado a que este país se maneje en función del poder político y económico y por los grupos armados a su servicio. La función esencial de cualquier Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos; de no lograrse, “es válida la destrucción del Estado”, por no lograr su razón de ser. Indispensable para lograr esa seguridad es el funcionamiento efectivo de la aplicación de la justicia, la cual no se acerca ni al 1%, gracias a los diversos mecanismos de impunidad existentes, desde la que ha gozado y sigue gozando Ríos Montt hasta la que pretende lograr Roberto Barreda. Es un Estado fallido porque los pobres son cada vez más y la riqueza que sí se produce se concentra en las pocas manos oligárquicas tradicionales, empresas extranjeras, nuevos ricos nacionales (la política sí paga) y el crimen organizado. Por lo tanto, debe trabajarse una nueva Constitución que establezca nuevos equilibrios, nuevas aspiraciones y nuevos resultados. En la modificación constitucional, y no reforma que pretenda dejar intacta la Constitución actual, no partimos de cero. Primero, debemos rescatar el marco constitucional producido por la Revolución de Octubre de 1944 y cercenado por la intervención de los Estados Unidos. En segundo lugar, los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, influyendo tanto sobre el gobierno como sobre la URNG, empujaron los Acuerdos de Paz de 1996; hay en ellos toda una riqueza de nuevos elementos constitucionales, mucho más allá de las disposiciones no aprobadas por el referendo de 1999. Y luego están todos los avances logrados internacionalmente, por ejemplo en temas de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, las luchas constantes al interior del país por tierra, recursos naturales, educación y más, así como nuevas demandas aún no satisfechas y otras ni siquiera formuladas, por ejemplo, para dar respuestas a las mujeres, la juventud, trabajadores y campesinos, discriminados y marginados y los migrantes. Hay que cambiar desde la distribución territorial hasta la USAC, el Ejército y los impuestos.

Las preguntas fundamentales son: ¿Qué se cambia y qué se mantiene? ¿Quiénes deben producir los cambios? ¿Cómo se genera la nueva Constitución? En próximos artículos iré proponiendo las diversas formas de dar respuesta a estos cambios. En primer lugar la tarea es de todos y todas. Es un proceso que no puede quedar en las manos del Congreso ni de la clase política, ambos totalmente desprestigiados. No es un cambio vía parches y “curitas”; es una nueva Constitución que solamente puede surgir de una Asamblea Nacional Constituyente; y, desde luego, no puede quedar sujeta a los caprichos de cinco individuos plenipotenciarios. Por ello, apoyamos la petición de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG): la Corte de Constitucionalidad debe desaparecer. Debe quitarse el candado de los poderosos.