No puedo sino expresar mi escepticismo con respecto a los resultados de las guerras contra el narcotráfico. En Colombia los resultados fueron importantes en lo que se refiere a la desarticulación de los ahora legendarios cárteles de Cali y de Medellí­n. Pero el narcotráfico sigue operando en dicho paí­s, ahora a través de organizaciones criminales que no tienen la envergadura de los ya mencionados cárteles, pero que resultan igualmente eficaces en el cultivo, trasiego de estupefacientes y los dividendos que dichas actividades rinden. En México, después de cuatro años de guerra contra el narcotráfico los resultados tampoco son buenos. Puede concederse que determinados cárteles como el de La Familia Michoacana y el de los Beltrán Valencia han resultado particularmente afectados por la ofensiva militar y policí­aca que el gobierno de Calderón desató desde 2006. Pero en términos generales, los cárteles siguen operando y algunos hasta expandiéndose hacia el sur como ciertamente los guatemaltecos lo saben con el caso de Los Zetas. Más de 30 mil muertos causó, en México, la guerra contra el narcotráfico y es probable que el gobierno actual se vaya en 2012 en el contexto de un evidente fracaso.

Por ello es que no me impresionan los resultados que se han dado a conocer en los primeros dí­as de la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico en Alta Verapaz. Las capturas de sicarios y operadores, el decomiso de armas y aeronaves, so noticia corriente en México y sirven más como propaganda gubernamental que como medida efectiva contra el narcotráfico. Es indudable que la guerra contra un enemigo interno puede convertirse en un arma polí­tica y de legitimación, de incremento de popularidad para el gobernante en turno. El presidente ílvaro Uribe lo logró exitosamente en Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con sus excesos y errores lo ayudaron grandemente. Llegado a la presidencia de México después de unas elecciones de pésima calidad, sino es que en el marco de un fraude electoral, Felipe Calderón en México usó la guerra contra el narcotráfico con la esperanza que le rindiera los mismos resultados que a Uribe en Colombia. Pero al parecer no ha sido lo mismo. Uribe logró modificar la constitución colombiana y logró una reelección. Y la fuerza polí­tica que lo apoyó ha logrado la continuidad con el actual presidente Juan Manuel Santos. En México nadie duda que el PAN perderá las elecciones presidenciales en 2012 y que es probable que el PRI vuelva a gobernar. Calderón se ha ido quedando solo, pues los grandes poderes empresariales tienen la mira puesta en el recambio de 2012.

Atacado desde la derecha por ser poco enérgico con la delincuencia, el presidente Colom indudablemente está tratando de proyectar un cambio de imagen con la guerra que ahora ha declarado al narcotráfico. Personeros de algunas cámaras empresariales ya han empezado a aplaudirlo. En un año electoral como el que ahora comenzamos, es imposible dejar de hacer la asociación de esta ofensiva contra el narcotráfico con los afanes de continuismo del gobierno actual. Con estados de sitio en Alta Verapaz y probablemente en otros departamentos, con noticias reiteradas de capturas y decomisos, la imagen blandengue del gobierno actual puede contrarrestarse. Pero el narcotráfico podrá resistir dicha ofensiva, mientras la ofensiva militar y policí­aca no se complemente con otras medidas de fondo como el fortalecimiento del Estado dotándole de mayores recursos (lo que implica una reforma fiscal progresiva), una efectiva polí­tica contra la corrupción y el lavado de dinero, la creación de fuentes de empleo para amplios sectores de la población, una polí­tica efectiva para resolver la miseria campesina.

Peor aún. Como ha sucedido en otros paí­ses, podrá crear una base social aprovechando su enorme poder financiero para manipular las necesidades sociales de la población en las regiones en las cuales opera. Es necesario que entendamos que el combate a la delincuencia de todo tipo es de carácter integral.