Respecto a las declaraciones antes citadas, Arturo Sánchez Gutiérrez indica, que de haberse llegado al conteo de voto por voto exigido por López Obrador y millones de mexicanos, «el paí­s no hubiera resistido que el resultado fuera distinto del cómputo oficial señalado por el IFE». Sánchez Gutiérrez añade, además, que no solamente existí­a ese riesgo, ante una situación electoral y postelectoral tan compleja, sino el sistema electoral no alcanzó para resolver satisfactoriamente una situación como la planteada. (La revista Proceso, habí­a elevado una petición para tener acceso a las boletas electorales). «El IFE negó el acceso solicitado para no verse sometido a impugnaciones por quienes desde un principio, como Calderón y el PAN, se opusieron tajantemente a la apertura de los paquetes electorales», mismos que habrí­an ejercido presiones en ese sentido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, para rechazar el eventual recuento de votos.

El fallo del Tribunal cuando calificó la elección presidencial es la verdad jurí­dica. Y se acabó. El problema consistió, en que en una situación como la que se dio de «una elección tan cerrada», el marco jurí­dico no está listo para enfrentar una situación como la planteada». Huecos y vací­os legales, colocó a los miembros del Tribunal ante una situación jurí­dica difí­cil. A pesar de que el argumento esgrimido, de que el acceso a las boletas otorgarí­a, si así­ fuera el caso, legitimidad y fortaleza al «ganador» Calderón, privaron las convicciones de «Razón de Estado», por sobre el espí­ritu democrático.

La segunda noticia, prácticamente implica un estado de guerra, iniciado en el Estado de Michoacán, en el que un cuerpo del Ejército se enfrenta con toda la fuerza al narcotráfico. Cuando las Fuerzas Armadas emplean «toda la fuerza», lo que ello implica, es que la mera estabilidad del Estado está en juego. Que no existe otro camino que el exitoso, ya que la derrota del Ejército, representarí­a la debacle. Las organizaciones del narcotráfico han intensificado su respuesta violenta contra las fuerzas de seguridad, ahora especialmente contra el Ejército, como queriendo hacer «un pulso» lo que conlleva un riesgo y peligrosidad, porque coloca a esa institución en una posición de vulnerabilidad, ante el eventual futuro fracaso que pudiera tener.

Mientras tanto, en el área del conflicto se han recibido múltiples quejas ante las autoridades de los Derechos Humanos, por la desaparición de personas, casos de tortura, incomunicación, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, lo que pareciera ser una acción no solamente dirigida hacia los narcos, sino hacia los lí­deres de aquellas agrupaciones que se oponen a la cada vez más entreguista posición de las autoridades del paí­s.

La situación que se ha generado en esa zona, que por demás es la tierra del gobernante mexicano, nos lleva inmediatamente a pensar en la implementación del Plan Colombia (escrito en inglés). Ante el avance de las polí­ticas generadas a partir de la revolución bolivariana, el área de influencia estadounidense ha disminuido, dejando a México, Centroamérica (exceptuando parcialmente a Nicaragua), la misma Colombia y República Dominicana, como un territorio que «debe ser protegido» de esa «malsana influencia». No olvidemos la abierta insinuación del presidente Uribe en su vista a Guatemala, a incorporarnos al citado Plan Colombia.

¿Es la crisis mexicana el preámbulo de la guatemalteca?