Al cumplirse un año más en el que se conmemora el Día Mundial de la Población, la mayoría de los habitantes de Guatemala no tienen garantizados los derechos básicos, por lo que los pueblos organizados y las agrupaciones campesinas, indígenas y populares han levantado la lucha por la defensa de la madre tierra, señala un boletín de la Vía Campesina.

Según la proyección de población 2008-2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2013 Guatemala cuenta con 15 millones 438 mil 384 habitantes y de ese total más del 50 por ciento de la población está conformada por mujeres.

Durante la historia guatemalteca se ha carecido de políticas de Estado que sean encaminadas a que las familias gocen de sus derechos humanos plasmados en la legislación nacional y los convenios nacionales e internacionales ratificados por el Estado.

El derecho a la salud, salud sexual y reproductiva, educación, vivienda adecuada, acceso a tierra, a un empleo con remuneración acorde que cubra los costos de la canasta básica, son algunas de las violaciones que de forma constante viven miles de familias, señala la información.

Asimismo, destaca que según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI), del 2012, solamente 53 de cada cien personas trabaja como asalariada, lo que significa que 47 de cada 100 personas no tienen garantizado sus ingresos.

Para que una familia tenga acceso a la Canasta Básica Alimentaria o a la Canasta Básica Vital, debe tener un ingreso mensual de 2 mil 829 quetzales o 5 mil 162.41, respectivamente.

En Acuerdo Gubernativo 359-2012 del Organismo Ejecutivo se incrementó 5 por ciento el salario mínimo para el 2013, por lo que el salario mensual del sector agrícola y no agrícola será de 2 mil 421.75; y para quien trabaja en el sector de exportación y maquila debe recibir 2 mil 246.24 mensualmente; es decir que quienes ganan el salario mínimo no tienen los ingresos suficientes para tener acceso a la Canasta Básica Alimentaria, mucho menos a la Canasta Básica Vital.

Lo que el pueblo exige es tener garantías de vida y que se cumpla lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en los convenios nacionales e internacionales ratificados por el Estado; que se respete el derecho a la vida y que las políticas de Estado sean encaminadas a defender el desarrollo integral de la población guatemalteca, concluye el boletín de la Vía Campesina.