Es ya ampliamente conocida la serie de problemas que enfrentan los guatemaltecos y guatemaltecas indocumentados en Estados Unidos: captura y deportación en condiciones que atentan contra su dignidad; falta de oportunidades para una vida normal; ataques por xenofobia y racismo; miedo permanente a las redadas y a las autoridades; y, en general, la ausencia de derechos en un país «democrático». Ante esta situación inhumana y discriminatoria, nuestra población manifiesta su rechazo y condena esas actitudes antiinmigrantes, y confía en que el Estado de Guatemala otorgue respaldo y actúe con firmeza en defensa de nuestros compatriotas.
De esta suerte, no se puede entender que ahora el gobierno del presidente Colom trate igualmente como «ilegales» a las organizaciones guatemaltecas en Estados Unidos que no presenten documentos. Nos exige «papeles» de los Estados Unidos para poder ejercer nuestros derechos como guatemaltecos y considera, irresponsablemente, que los indocumentados puedan formar organizaciones «legales». En la reciente convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores para elegir a nuestros representantes ante el Consejo Asesor de CONAMIGUA, el recientemente creado Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, se establece el requisito de que serán propuestos y electos por las organizaciones guatemaltecas en la circunscripción de cada Consulado General; pero que éstas deben estar debidamente registradas en Estados Unidos para poder participar. Resulta inconstitucional que para ejercer derechos como guatemaltecos tengamos ahora que presentar documentos de Estados Unidos.
No es la primera vez que se intenta limitar o manipular la participación ciudadana. También se intentó pedir «personería jurídica» a las organizaciones en Guatemala para ser incorporadas a la Asamblea de la Sociedad Civil durante el Proceso de Paz. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Reconciliación reconoció que ese requisito era inoperante y absurdo y que toda organización reconocida por su práctica tenía el derecho de participar. Este mismo criterio fue trasladado por la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) y otras organizaciones al Ministro de Relaciones Exteriores; pero, a la fecha no se nos ha escuchado y ni siquiera se ha acusado recibo de nuestras notas.
De esta manera, en la misma conformación de CONAMIGUA, supuestamente creado para atender a los migrantes, se establece de nuevo categorías: los que tienen papeles y los indocumentados. Este hecho discriminatorio, y por tanto violador de los derechos humanos y la Constitución, nos lleva a rechazar el proceso de elecciones y a plantear la nulidad del mismo. Nuestro flamante Consejo Nacional, mal concebido por el Congreso y puesto en marcha inadecuadamente por el Ejecutivo, corre el riesgo de ser una criatura que nace muerta. En las condiciones actuales no goza de legitimidad ni representatividad. Aun es tiempo de corregir el entuerto, por el bien de la relación entre gobierno y migrantes.