La escasa participación, la indiferencia de la población y la falta de políticas que den sustento a los proyectos de desarrollo del Estado, sumado a la baja inversión de los gobiernos a estos proyectos, entre otras causas, han dejado a Guatemala con el sueño del desarrollo a medias,

Lo que lo ha ubicado como el último país en la escala de la inclusión social en la región, mientras que en el extremo opuesto se encuentra Uruguay, un líder latinoamericano en la inclusión social

La reciente publicación del Índice de Inclusión Social 2013 realizado por el grupo de estudio Americas Quarterly, que enfocó aspectos políticos, económicos y sociales, reveló que Guatemala a pesar de ser un país rico en recursos no ha invertido lo suficiente para disminuir la pobreza, que es uno de los factores determinantes del nivel de inclusión de un país.

Uruguay fue calificado con 75.5 por ciento, mientras que Guatemala obtuvo, apenas, un 14.8, dejando ver que el país centroamericano sufre de carencias y desigualdades en los veintiún indicadores que sirvieron para el estudio, entre los que se incluye el acceso a un trabajo formal, los derechos civiles, políticos y de la mujer, además de la eficiencia del trabajo realizado por los gobiernos, a lo largo de los años.

A decir de Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), uno de los principales problemas que origina la exclusión en Guatemala es el bajo nivel de participación que tiene la sociedad y la  indiferencia que muchos guatemaltecos padecen, y que muchos otros practican.

Pero la falta de participación de los sectores más marginados también se debe a las condiciones en las que subyacen en la sociedad, como la pobreza y el hambre, pero sobre todo a la desigual distribución de las riquezas.

A su vez, esta inequidad ha provocado que los guatemaltecos no tengan acceso a los medios más básicos de supervivencia, como  la educación, un trabajo digno, y  una alimentación básica. Como resultado de esto, Guatemala también ocupa los primeros puestos en analfabetismo, no muy lejos de parecerse a Haití.

Es así que, actualmente, Guatemala no ha podido garantizar los derechos de manera indivisible a la población no solo de vivienda, educación, alimentación y acceso al agua potable, sino que tampoco ha creado espacios para  el diálogo social, a través del cual los ciudadanos tengan asegurada la participación, sin importar sus diferencias sociales o condiciones de vida.

“Somos un país excluyente en términos de pueblos indígenas, de mujeres, de falta de educación, salud, y por supuesto, que tiene ver con las instituciones del Estado y con las formas de participación política”, indicó Pascual.

POLÍTICAS DE ESTADO PRESTADAS

Otro de los problemas que el país afronta es la falta de políticas propias que sean fijas y constantes a través de los gobiernos, por lo que Guatemala ha aplicado las políticas gubernamentales dictadas por los organismos internacionales. 

Esto ha provocado que el país reproduzca conductas de dependencia que obedecen al sistema neoliberal y que explican el bajo aporte que las diferentes administraciones han destinado al desarrollo interno, con lo que es comprensible que si se habla de “progreso”, éste siempre venga ligado a la ayuda externa, dice Eduardo Antonio Velásquez Carrera, profesor titular nueve del Centro de Estudios Urbano y Regional (CEUR- Usac).

En este contexto, Velásquez dice que  todo apunta a que ni universitarios ni autoridades de gobierno conservan un verdadero interés por resolver los problemas más cruciales del país.  En otras palabras, las personas que han liderado Guatemala no tienen una ideología establecida, sino que se guían de sus intereses personales para dirigir al país. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL

A decir de Renzo Rosal, politólogo guatemalteco, los resultados del Índice son la evidencia de las tendencias históricas de cada país. En el caso de Uruguay, este país la mayor parte del tiempo ha ocupado lugares altos en estudio de desarrollo, lo que demuestra que dicho gobierno se ha comprometido con la conservación de la estabilidad política y del desarrollo social, mejor conocido como estado de libertad.

Por el contrario, Guatemala se ha basado en un estado de exclusión en donde lo social siempre ha ocupado un papel marginal y donde lo prioritario ha sido el modelo económico dominante.

Han sido los mismos gobiernos los que han contribuido con esta exclusión al reproducir las estructuras sociales, políticas y económicas, por lo que, tanto Rosal como Velásquez, coinciden al decir que no les parece extraño que Guatemala continúe ocupando los niveles más bajos en desarrollo.

«En su sentido más básico, la inclusión social es una cuestión de oportunidad: es la combinación de los factores necesarios para que una persona disfrute de una vida segura y productiva como miembro totalmente integrado de la sociedad -sin importar su raza, etnia, género o sociales», exponen los autores de Americas Quarterly, en las conclusiones del Índice Social de Inclusión.

Debido a que los ambientes políticos y sociales no son del todo virtuosos, cualquier medida de la inclusión social también debe permitir a los ciudadanos expresarse para exigir un cambio y un gobierno responsable, que se ocupe de responder a esas demandas.

En este sentido, Rosal indicó que en Guatemala “no hay una vocación de participación porque históricamente la participación siempre se ha visto  como una disfunción, como una cuestión de los raros, de las minorías”. Entonces, es el aspecto social el que sirve para medir si las prioridades de los gobiernos han sido inclusivas y tolerantes, o si se debe a enfoques dispersos que benefician solamente a las elites.

El verdadero problema deriva, según indicó el titular del CEUR, en la falta de una ideología que fortalezca las decisiones que se toman y que no den marcha atrás ante amenazas o intentos de soborno. “Los funcionarios en Guatemala, están al asalto de los recursos del Estado”, dijo Velásquez.

A decir de Jorge Briz, presidente de la Cámara del Comercio, la participación ciudadana se asemeja a la estructura de los partidos políticos que actualmente es muy débil e inestable. En países altamente democráticos la elección de autoridades suele ir acompañada de una sensación de representatividad, sensación que pocos guatemaltecos tienen de sus autoridades.

De esta forma, a los gobiernos han heredado a las personas la preocupación por lo cotidiano, subsistir, más que estar atentos a lo que los funcionarios hagan durante su gestión lo que da como resultado actitudes conformistas, que reducen la participación. A su vez, es la pasividad de los gobiernos lo que ha provocado pocos avances en temas de derechos políticos, raciales y de mujeres.

INEQUIDAD SOCIAL

En el caso de Guatemala, la estructura social es jerárquica. Está basada en los beneficios y privilegios de unos y en exclusión de la mayoría, “somos una sociedad marcada por la exclusión”, explicó Rosal.
El modelo guatemalteco se ha basado en la distancia social, en las jerarquías, en beneficios y arbitrariedades, mientras que el modelo uruguayo es más horizontal y las distancias entre gobernantes y gobernados es mucho menor.

Como se indicó anteriormente, a falta de políticas propias que aseguren el bienestar y participación de todos, Guatemala ha improvisado su accionar en la agenda social, y es hasta el gobierno de Álvaro Colom en donde empiezan a desarrollarse programas pero no políticas sociales. En cuanto al Pacto Hambre Cero, para el experto en política, este programa aún no ha desarrollado todo su potencial y se ha quedado estancado en promesas de transformación.

Por otro lado, según Briz, para lograr la anhelada inclusión social Guatemala tendría que hacer sus normas más accesibles y que correspondan  con la realidad económica y social del país.

“Son tan complicadas las normas que legislaron, tan difíciles de cumplir que lejos de promover que sea una legislación incluyente, es  una legislación excluyente que no va a lograr que la economía informal se formalice y lo que va a lograr es que la economía formal se informalice”, explico Briz.

La reforma tributaria, una de estas normas, aleja a las empresas del crecimiento económico y fuerzan su accionar fuera de los márgenes de la ley, lo que provoca más pobreza y miseria. 

Bajo estas circunstancias, lo único que genera un incentivo de inversión es la apropiación de los bienes del Estado, en el que los derechos a la propiedad privada y al patrimonio van por encima de los derechos económicos, político y sociales, e incluso los culturales. De esta forma, es claro que los gobiernos no están comprometidos a modificar la estructura, sino a darle continuidad, agregó Briz.

PRESIDENTES: DIFERENTES ESTILOS DE VIDA

A la vista de muchos, el resultado del Índice de Inclusión Social no parece sorprendente si se toma en cuenta que el presidente de Uruguay, José Mujica, conocido como el Presidente más pobre de la región, es quien lidera ese país.

El estilo de vida de Mujica, quien dona el 90 por ciento de su sueldo a los pobres y vive de una manera muy sencilla, según Rosal puede deberse  a que su nivel de compromiso con la sociedad es más fuerte que el nivel de pretensión política al que pueda aspirar.

“Tomo € 800 por mes, ya que el resto del sueldo se da a los pobres. ¿Cómo puedo vivir con 800 euros? No soy un héroe, hay quienes viven con menos”, expresó Mujica a la prensa cuando se hizo público que cedía su sueldo a causas más nobles.

Del otro lado de América, justo en el centro, Guatemala ha contado con innumerables presidentes que han velado por el interés individual más que por el colectivo. Ejemplo de esto es que el país invierte un poco más del 4 por ciento para los programas sociales destinados al desarrollo, mientras que Uruguay da más del 20 por ciento.

Por aparte, en Guatemala los funcionarios han aumentado su sueldo, tema que  ha sido abordado recurrentemente por la población y que con asombro observan cómo, los precios de la Canasta Básica continúan subiendo, sin que sus bolsillos crezcan paralelamente.

Un ejemplo es el aumento del cien por ciento que se otorgó al salario del alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal. En este tema, Pascual opinó que “aquí los servidores públicos de la Nación, no son servidores de la población, sino que se sirven de los impuestos, de los presupuestos del Estado y salen de pobres, normalmente, cuando están en estos puestos públicos”.

Además, en cuanto a imagen, en Guatemala puede ser común ver al Presidente como un “semi-dios”, por la primacía que se da a sus decisiones y que a pesar de hacerlo ver como un ser plenipotenciario, lo aleja de la sociedad, indicó Rosal. 

AUSTERIDAD Y CORRUPCIÓN

Respecto a la política de austeridad que la actual administración anunció en 2012, con el fin de gastar menos y ahorrarle al Estado gastos innecesarios, las fuentes consultadas coincidieron en que no se ha visto la aplicación de tal política ni sus resultados.

“La realidad es que todos sabemos que han estado haciendo un montón de compras al margen de la ley”, dijo el titular del CEUR, refiriéndose a las compras por excepción que desde el inicio del gobierno de Otto Pérez Molina se han promovido para diferentes fines, como la compra de armas para equipar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y que se caracteriza por ser un medio de adquisición poco transparente.

“Estamos viviendo una corrupción generalizada en todas las instituciones del Estado”, dijo Velásquez, al explicar que es la corrupción uno de los elementos que contribuyen a que se mantenga la exclusión social y que por consiguiente no permite a los poderes e instituciones funcionar eficientemente a favor de los guatemaltecos.
Aunque queda claro que en Guatemala la corrupción ha existido desde tiempos inmemorables, es en los últimos años que se ha elevado su incidencia y, por tanto, el nivel de pobreza y desigualdad.