“Actos de genocidio”. Así definió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en su informe sobre los 36 años de conflicto armado en Guatemala los actos atroces ejecutados por el Ejército contra la población indígena en regiones de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz.

Hoy, algunos niegan que ese delito haya ocurrido y advierten que el juzgamiento por esa causa podría desatar una ola de violencia, pero expertos en justicia internacional rechazan esa teoría y consideran importante sanar las heridas del conflicto garantizando un proceso de justicia para las víctimas como medida para reconciliar a la sociedad.

A 19 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el primer juicio por genocidio en América se desarrolla en los tribunales guatemaltecos. El caso desató polémica en varios sectores de la sociedad y demostró que Guatemala es un país “dividido”, sobre todo en asuntos que tienen que ver con hechos del pasado.

Mientras que unos esperan que se procese a los exmilitares, otros niegan el genocidio y consideran al juicio, más que un acto de reconciliación y justicia, como un acto de venganza.

Entre quienes niegan los actos de genocidio no solo se encuentran familiares de los militares, si no amigos, intelectuales y columnistas de derecha y hasta el presidente Otto Pérez. También ha sido negado rotundamente por exsignatarios de la paz, exaltos funcionarios del gobierno de Álvaro Arzú, así como intelectuales de izquierda, que en un momento formaron parte de la insurgencia.  

Los detractores del uso del término de genocidio no niegan que se cometieron “excesos” en contra de varias etnias indígenas, pero argumentan que todo se hizo bajo las reglas del conflicto armado, establecidas para combatir el supuesto comunismo y a la insurgencia que se instaló principalmente en áreas habitadas por la población indígena e incluso señalan que el juicio polarizará más a la sociedad guatemalteca y pondrá en peligro la paz y la estabilidad social.

Sin embargo, para los expertos negar justicia, es decir, que se lleve a cabo un juicio para conocer la verdad sobre hechos atroces por parte del Estado contra la población maya –el 83 por ciento de las víctimas de la violencia durante el conflicto– no es la mejor solución para salir adelante como nación y señalan que se tienen que descubrir los hechos que ocurrieron para alcanzar una verdadera reconciliación y el perdón.

LOS TESTIMONIOS
Durante 20 días de juicio –que ahora se encuentra entrampado– sobrevivientes de la población maya ixil declararon en contra de los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, por la comisión de actos terribles en contra de esa población. Los testigos describieron la matanza y masacres de la población ixil, la destrucción de sus pertenencias, sus animales domésticos y su milpa, lo que tenía como fin que murieran de hambre.

Uno de los primeros en hablar fue Nicolás Bernal Brito, quien testificó sobre una masacre de 35 personas en la aldea Canaquil, Nebaj, incluyendo a mujeres y niños. Los soldados sacaron los corazones a los muertos, los juntaron en una casa y quemaron los cadáveres, dijo.

También declararon Pedro Meléndez, cuya familia perdió a 12 miembros en una masacre en la finca La Perla; Marcos Pop Sánchez, quien relató que miembros de su comunidad fueron heridos de bala y macheteados por miembros del ejército y Pedro Solís Cruz, que vio cómo mataron a su hermano y otro hombre, pero los cadáveres “solo los pude envolver en plástico para enterrarlos porque estábamos en peligro”.

Frente al estrado se presentó Santiago Pérez Lux y dijo que enterró a su hijo en Nebaj el 17 de julio de 1982: “Enterré a mi hijo pero eran solo huesos porque los perros ya lo habían comido” y Juana Bernal Velasco contó que su esposo fue asesinado, pero aclaró “lo que yo quiero es justicia, nunca quiero ver una guerra otra vez, no quiero que mis hijos vivan en una guerra”.

Jacinto Brito, cuyo padre fue asesinado con saña por los militares, relató que vio morir a muchas personas de hambre en las montañas y Juan López recordó cómo sus dos hijos pequeños fueron quemados en su casa, incendiada por los militares.

Francisco Raymundo Chávez, quien tenía 6 entonces, fue capturado por los militares que querían ponerle el uniforme militar, pero se rehusó. Según contó, fue su hermana de cuatro años quien le dio el valor para sobrevivir y ahora pide “que nos hagan justicia por todo lo que vivimos”.

Uno a uno los testigos narraron ante el Tribunal los hechos que durante años han permanecido desconocidos para una gran parte de la población guatemalteca y que, ahora son el centro de un debate para establecer si efectivamente se cometió genocidio en contra de la población ixil.

La perito en el juicio contra Ríos Montt y experta en temas de racismo y genocidio, Marta Elena Casaús Arzú, explicó cómo el racismo histórico-estructural moldeó el Estado racista en Guatemala y que ese discurso justificó la eliminación de unos contra otros, al catalogarlos como enemigos, subversivos o prescindibles, con el fin de preservar la vida o la patria.

“La consolidación del racismo del Estado llega a su culmen con la crisis de dominación militar-oligárquica cuando se produce el conflicto armado, porque ahí la aplicación de los manuales de contrainsurgencia se van a aplicar sin límites ni medidas, por el sustrato racista, es decir por la estigmatización del indígena, por la intensificación de ese estereotipo del indígena y en el caso de ixiles se va a equiparar “ixil” a subversivo, enemigo, a amenaza pública”, explicó Casaús.

La experta concluyó su planteamiento ante el Tribunal que “el Estado racista perpetró el genocidio y contribuyó a que se llevara a cabo por su naturaleza interna y por la utilización de los aparatos represivos e ideológicos en contra de la población indígena”.

ENTENDER EL PASADO
Patricia Sellers, abogada norteamericana que fue fiscal y asesora legal en materia de género de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (TPIY) y Ruanda habló con La Hora sobre su experiencia en los casos de genocidio.

Quizá el genocidio en Ruanda sea uno de los más conocidos en el mundo. El 6 de abril de 1994 el presidente de ese país, Juvénal Habyarimana, fue asesinado cuando su avión fue derribado y al siguiente día inició el exterminio de decenas de miles de tutsis por parte de los hutus, la etnia dominante en ese país africano.

Se estima que en aproximadamente 100 días fueron exterminados al menos 800 mil tutsis. También se cree que entre 150 mil y 250 mil mujeres fueron violadas durante ese período.

El conflicto había comenzado mucho tiempo antes, en un país en que los tutsis eran la casta dominante y los hutus fueron ganando poder después de que Alemania perdiera la posesión de Ruanda durante la Primera Guerra Mundial y el territorio pasara a manos de la administración belga. Las tensiones en Ruanda se intensificaron a finales del decenio de 1950 hasta ocurrir el genocidio en la década de los 90.

Sellers señaló que al contrario de lo que ocurre en Guatemala en Ruanda nunca se cuestionó si el genocidio ocurrió o no. Se asesinaron a tutsis, a hutus moderados y twas (1% de la población), por lo tanto no hubo debate sobre si el genocidio tuvo lugar.

Sobre la importancia de llevar a juicio a las personas que se supone cometieron estos horrendos crímenes, Sellers enfatiza con firmeza que “es importante para cada país, cada amistad, cada familia, entender lo que pasó antes”.

“Esto lo puedes llevar a un nivel personal”, explica. “Cuando tú y tu mejor amigo tienen una pelea, es importante para ti saber la verdad de lo que pasó, porque es la única manera en que el pasado puede ser «limpiado» y puedes ir por tu futuro; no puedes hacerlo si no conoces el pasado porque es como si estuvieras en un cuarto donde la luz no se ha encendido”.

“Y cuando tienes un país que sigue adelante y parece como si nada hubiera pasado es muy contradictorio porque tienen universidades, cursos en clases basados en la historia de Guatemala; tú no puedes celebrar por una parte la importancia de la historia y luego decir que estas décadas no son importantes para la historia”, explica la experta.

“Sabemos que traer de vuelta el pasado puede causar dolor, puede hacer que nos odiemos más de lo que nos queremos, y tú sabes, a nivel personal, con tu amistad con tus familiares y amigos, que si traes de vuelta el pasado no será fácil superarlo, pero solo así existe la posibilidad de la reconciliación y del perdón y solo entonces tienes la posibilidad de continuar con la amistad o no”, agrega.

Si no se hace esto, todas las oportunidades se pierden, señaló Sellers.

La experta agregó que Ruanda nunca ha negado el genocidio porque eso no es posible. “Si vas a Ruanda en la actualidad encontrarás que es un país que tiene muy buena infraestructura, tiene un museo del genocidio, y no es un museo para odiar a los hutus sino es para entender la historia y que ahora es país diferente”, señala.

Considero que ese es el tema muy complejo que enfrenta Guatemala ahora, dijo Sellers, quien estuvo de visita para observar el juicio contra Ríos Montt.

IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS
Stephen Rapp, embajador en Misión Especial al frente de la Oficina de Justicia Global en el ramo Penal del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó en una reciente entrevista con La Hora que de darse una condena de genocidio, la misma es contra un individuo y si la sociedad ha llevado un proceso judicial y ha tenido coraje para reconocerlo y el valor de deducir responsabilidades a las personas sindicadas, se puede dejar el crimen atrás.

Pero si no se resuelve, el tema seguirá abierto, indicó Rapp, quien ha tenido contacto directo con procesos de masacres, genocidios y crímenes contra la humanidad en Sierra Leona y Ruanda.

Sobre el juicio por genocidio en Guatemala, Rapp señaló que “lo que hemos visto es que las víctimas, los sobrevivientes y sus seres queridos han sido parte del proceso sin violencia alguna, no con ira en sus voces ni amenazando a nadie, solo sacando la verdad”.

Asimismo aclaró que no son los países los que cometen el genocidio, ni grandes grupos de personas, sino individuos que los echan a andar, dan las órdenes y que causan que estas cosas ocurran. “Esa identificación de individuos es la que permite que haya paz y reconciliación”, dijo el embajador.

JUSTICIA: RITUAL EXPIATORIO
Sobre la polarización que ha causado el juicio en una parte de la sociedad guatemalteca, entre los que piden que se juzguen esos crímenes y la parte que prefiere no buscar y juzgar a los “culpables” de genocidio, el psicólogo Raúl de La Horra explica que es un problema social que se observa en todos los países donde ha habido actos de terrorismo y crímenes de Estado, desde Alemania con el juzgamiento de nazis hasta Argentina, con los procesos contra dictadores.

“La polarización siempre ha estado allí y tiene su base en la problemática política, económica y social, y hoy se manifiesta de forma concreta en este juicio emblemático, simbólico, que es un acto de justicia simbólica más que un acto de justicia real, puesto que sí Ríos Montt es condenado no le quedan muchos años de vida; tampoco es el único responsable, ha habido otros jefes de Estado antes de él que también tienen responsabilidades en los crímenes de Estado que se cometieron”, dijo De La Horra.

No obstante, De La Horra opina que “Guatemala debe instaurar un gran ritual expiatorio”, pues más allá de que el Estado haya reconocido en los Acuerdos de Paz y en otras manifestaciones el repudio a lo que pasó, no se ha realizado nunca un juicio que instaure el poder de la justicia.

“Las víctimas siempre esperarán ese acto (de justicia) como el ritual necesario para poder superar el duelo y el traumatismo; lo que está en juego en el fondo es la capacidad que tenemos como sociedad de realizar un exorcismo jurídico que instaure una justicia simbólica, que tiene un peso fundamental y por eso es importante”, manifestó.

De acuerdo con el profesional, si el juicio no se realiza y se anula, creará una especie de vacío psicológico en la memoria colectiva; va a seguir el duelo y el traumatismo sin resolverse indicó.

TRIBUNAL DECIDIRÁ
Debido a las vicisitudes que ha tenido el juicio por genocidio contra Ríos Montt, en el cual la defensa  ha interpuesto varios recursos en las Salas de Apelaciones y en la CC, Marco Antonio Canteo, señaló que el aparato de justicia, incluyendo la CSJ y la CC no pueden permitir que estos recursos detengan el proceso.

Una vez iniciado el debate tiene que continuar, esto es muy importante porque Guatemala es signataria de instrumentos internacionales en los cuales se ha comprometido a que no puede excusarse en su legislación interna para no cumplir con sus compromisos internacionales, entre ellos el acceso a la justicia de todas las personas, indicó.

Por otra parte, la opinión pública debe dejar en manos de los tribunales el estudio de las resoluciones, que apliquen una buena  interpretación y que el juicio continúe; ya será al final del juicio que el tribunal determinará si hubo genocidio o no dijo Canteo,  esto debido a las diversas opiniones que  han girado sobre el tema.

El problema es que diversos sectores del país están anticipando condenas o absoluciones en los medios de comunicación; eso no es posible porque ese papel le corresponde a los jueces, aseveró.

Canteo reiteró la necesidad de apostarle a la institucionalidad del país, en este caso apostarle al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo que continúe su trabajo y aceptar la resolución que sea, favorezca al sector que favorezca; al final es el juego de la democracia y las reglas del juego son aceptar las resoluciones judiciales, anotó.