La semana pasada estuvo de visita en Guatemala una delegación de la Corte Penal Internacional encabezada por su Fiscal, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo.
Los representantes de ese alto tribunal de justicia se reunieron con el presidente del Congreso de la República, diputado Roberto Alejos y con los jefes de los distintos bloques parlamentarios, exhortándoles a impulsar los trámites necesarios para ratificar el Estatuto de Roma que Guatemala firmó hace algunos años.
El Estatuto fue aprobado el 17 de julio de 1998 en Roma por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Sin embargo, por el proceso de ratificaciones, tal instrumento jurídico cobró vigencia hasta el uno de julio del año 2002, constituyendo un gran avance para robustecer el movimiento internacional de los Derechos Humanos.
Esta Corte que tiene su sede en La Haya, Holanda, es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional.
Un aspecto medular que distingue a esta Corte de otros tribunales internacionales de justicia es que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas individuales y no sobre los Estados.
Su misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros, y el delito de agresión, el terrorismo entre otros. Este tribunal puede imponer penas de hasta 30 años de prisión o cadena perpetua según la gravedad de los delitos.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional explicó, a los diputados guatemaltecos, que en aplicación del principio de irretroactividad nadie puede ser perseguido por ese tribunal internacional, por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
A pesar de esta aclaración, entre los parlamentarios de nuestro país no se percibió mucho entusiasmo por acelerar la ratificación del Estatuto, lo cual es preocupante, pues ello favorece la impunidad al estimular la persistencia de la corriente que busca inmunizar del procesamiento por violaciones a los derechos humanos, a muchas personas vinculadas con sectores muy poderosos.
De los 192 países que integran las Naciones Unidas, 110 ya han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Ojalá Guatemala pueda sumarse pronto a este esfuerzo, reconociendo que los crímenes que persigue esta Corte Internacional, representan una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.