El histórico diferendo territorial entre Guatemala y Belice podría llegar a su fin, si ambos países acceden llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, como lo anunciaron recientemente.
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De acuerdo con un comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller guatemalteco Haroldo Rodas y su par beliceño Wilfred Erlington acudirán el próximo lunes a esa instancia para firmar un acuerdo en el que se comprometerán a llevar el caso del diferendo territorial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, había recomendado anteriormente que ambos países acudieran a la CIJ para dar por terminada la controversia, que durante años ha envuelto a la región del Caribe.
El Acuerdo Especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala señala que la disputa territorial -por 13 mil kilómetros de territorio- debe ser conocida y resuelta por el alto tribunal de La Haya, sin lugar para apelaciones posteriores por ninguna de las partes.
LARGO PROCESO
Expertos en derecho internacional estiman que pasarán al menos dos años antes de que el caso sea remitido a la CIJ, debido a la complejidad de los procesos que deben llevarse a cabo a lo interno en cada uno de los países firmantes del acuerdo.
Sin embargo el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Miguel íngel Ibarra, considera que el tribunal internacional es la mejor opción para dar por finalizada la controversia.
«No miramos otra salida para resolverlo», señaló Ibarra, en recientes declaraciones a La Hora.
Después de la firma del acuerdo entre los cancilleres de ambos países -prevista para el próximo lunes-, el documento debería ser enviado al Congreso de la República para que después de su análisis emita una resolución que permita al Tribunal Supremo Electoral convocar a una consulta popular.
De resultar positivo el voto de la ciudadanía guatemalteca y la resolución del Legislativo, el caso estaría en el camino para que la CIJ los conozca y emita una resolución; en caso de no recibir la aprobación de la consulta popular, el caso se detendría nuevamente.
SOLUCIí“N FINAL
El doctor Rodolfo Rohrmoser, ex embajador en Washington opinó que la decisión de llevar el caso a una instancia internacional representa un importante avance para la resolución del conflicto.
No obstante, aclaró que el papel de los representantes guatemaltecos en La Haya debe enfocarse en una solución «en equidad y justicia» para que ambas partes consigan beneficios.
«Los guatemaltecos necesitan más información sobre el proceso y las implicaciones futuras que representa una resolución de la CIJ; pues al fin será en la consulta popular donde se decida el rumbo del caso», puntualizó Rohrmoser.