El Diario La Hora en su portada del jueves 5 de septiembre de 2013 publicó: “Piden con urgencia reformas a cinco leyes para modernizar al Estado. CIEN VE RIESGO DE UN ESTADO FALLIDO. De no proceder con urgencia situación será insostenible, dijo hoy analista Aceña”. El Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) es una de las instituciones privadas de mayor prestigio en América. Sus analistas son profesionales de la más alta reputación en la región y sus análisis económicos, sociales y políticos son eminentemente objetivos y sumamente valorados a nivel mundial.
Los síntomas que presenta Guatemala como Estado independiente y soberano no dejan de ser alarmantes, en virtud de que las condiciones que se dan en Guatemala se presentan bastante apegadas a varios términos que se emplean para referirse a un Estado fallido, el cual no es efectivo y no es capaz de aplicar sus leyes de manera uniforme, registrando por ende, altas tasas de criminalidad, corrupción política, mercado informal, burocracia excesiva, ineficiencia judicial, interferencia militar en la política, o poderes civiles no estatales (narcotráfico por ejemplo) con presupuesto y poder político muy superiores al del propio Gobierno y más.
En la investigación personal realizada para esta nota se localizó que la revista Foreign Policy del centro de estudio estadounidense Fund for Peace (Fondo por la Paz) clasifica a los Estados fallidos basándose en doce factores como la presión demográfica creciente; movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal; huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites del servicio militar e intervención de otros Estados o factores externos.
Generalmente un Estado fallido se define por un fracaso social, político, y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica.
María del Carmen Aceña y María Isabel Bonilla, Analistas del CIEN fueron claras y terminantes en sus apreciaciones con respecto al riesgo que corre Guatemala de no innovar los cambios radicales que deben realizarse en el Congreso. El periodista de La Hora, Manuel Rodríguez, en su nota expresa que las analistas “Pidieron al Congreso de la República reformar de urgencia nacional la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Servicio Civil, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley del Presupuesto y la Ley de la Contraloría General de Cuentas; para que no se sigan prestando a intereses particulares y antes que la situación actual del Estado se vuelva insostenible.”
Rodríguez agregó que: “Por otro lado, la analista María Isabel Bonilla, aseguró que si no se logran las reformas a estas leyes, los grupos de poder seguirán copando el Estado, contribuyendo a la falta de transparencia y al aumento de la corrupción en cada una de las acciones del Gobierno.
“Con más frecuencia estamos viendo más casos de corrupción, estafas y falta de transparencia. Lo que se está generando cada día más es la insatisfacción del ciudadano con el Gobierno, y no me limitaría al Organismo Ejecutivo, sino a los tres organismos del Estado en su conjunto y todo lo que estos representan´, puntualizó Bonilla.”
Los gobernantes de turno, dentro de su burbuja temporal, seguramente no logran ver esta realidad. “Baldetti ignora si ya están pagando la ilegal e inmoral deuda flotante”, publicó La Hora en la misma portada. ¡Que siga, pues, la juerga de la corrupción!