Guatemala vive una época de «verdad falsa», en la que no se quiere reconocer el genocidio y desaparición formada de miles de guatemaltecos durante el conflicto armado interno, asegura Juana Batzibal del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.

Tras iniciar el IV Encuentro sobre Genocidio y Discriminación en el marco del Dí­a Internacional de los Derechos Humanos, activistas de organizaciones de derechos humanos y familiares de ví­ctimas de la guerra civil denunciaron los mí­nimos avances en el sistema de justicia para condenar a los autores de los crí­menes, que se intensificaron en la década de 1980.

Según Batzibal, el conflicto armado interno dejó un saldo de 250 mil personas fallecidas y 45 mil desaparecidos, ví­ctimas de las polí­ticas de desaparición forzada y tierra arrasada implementadas por los gobiernos de turno durante los enfrentamientos entre la guerrilla, ejército y sociedad civil.

Francisco Soto, activista de CALDH refiere que solamente dos casos han sido estudiados por la justicia, en el 2005 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de la comunidad Plan de Sánchez, y el proceso en contra de Rí­os Montt, Lucas Garcí­a y sus altos mandos, que son estudiados en Guatemala y España.

Soto asegura que CALDH ha presentado más de 2 mil denuncias sobre la desaparición forzada y genocidio de poblaciones mayas, en tanto la justicia guatemalteca aún no responde a los señalamientos, evadiendo los procesos con trámites burocráticos innecesarios.