¿Cuáles son los efectos que tiene para una sociedad dejar sin resolver una gran cantidad de conflictos?, sin duda la respuesta a esa pregunta se ve reflejada en el paí­s, pues miles de conflictos penales, laborales y administrativos quedan sin resolver cada año en el OJ.

Según las estadí­sticas de la Cámara Penal, en cálculos internacionales sobre polí­tica criminal, en una sociedad donde el derecho ha perdido realidad y no está en el corazón, la mente y la vida diaria de las personas, como Guatemala, cometen delitos un 10 por ciento de la población, es decir, un millón 200 mil delitos anuales aproximadamente.

No obstante esos números, tan sólo un promedio de 300 mil se convierten en denuncias formales iniciadas en el Ministerio Público (MP), lo que deja una «cifra negra de criminalidad» que no puede ser medida; es decir más de 650 mil hechos que no entran al conocimiento del sector justicia.

Pero la cifra continúa simplificándose, pues de los 300 mil delitos anuales el MP sólo plantea 12 mil acusaciones cada año; lo cual indica que muchos de los casos que conoció no fueron al sistema de justicia porque carecí­an de prueba o fueron desestimados, refiere Barrientos.

Sin embargo, pocos de estos casos llegan a una sentencia firme, pues según las estadí­sticas de la Cámara Penal, unas 3 mil sentencias emiten los tribunales cada año; lo que a criterio de César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) genera una sociedad que «sin duda no resuelve sus conflictos, lo que es parte de la cultura de violencia».

CONDICIONES

Barrientos afirma que los conflictos que durante años se han rezagado en el Organismo Judicial (OJ) no son únicamente de carácter penal, también existen casos sin resolver en lo administrativo, económico y laboral.

Pero Barrientos también considera que la deplorable crisis del paí­s en relación a la carencia de resolución de conflictos es «cultural y no judicial», por lo que a su criterio «todos deberí­amos de hacer un esfuerzo para que los conflictos naturales de la sociedad encuentren formas de solucionarse por canales establecidos, de lo contrario no puede una sociedad encauzarse a una convivencia productiva y armónica», opina.

Pero a decir del magistrado, los tribunales y juzgados del paí­s sólo expresan de una forma «cruda» la realidad social a través de la mora judicial: «la mayorí­a de los abogados no busca la solución del conflicto sino tienden a retrasar los procesos; se ha perdido la idea que la forma es sólo un medio para llegar a la justicia», consideró.

En ese marco, la CSJ ha establecido en 12 puntos una polí­tica judicial, que busca hacer énfasis en la resolución de temas como: la mora judicial, mejorar las formas de proceso judicial, potenciar la oralidad, la independencia de jueces, aceptación del derecho indí­gena, entre muchos otros.

INDEPENDENCIA ECONí“MICA

Mario Mérida, analista en temas de seguridad y justicia, coincidió respecto a la percepción de que la falta de resolución de conflictos en el sistema de justicia genera una cultura de aceptación tácita de la crisis.

«Es bien sabido ya que por más que se presenten los caos ante la justicia, estos no van a tener el rumbo deseado ni la solución pronta a los mismos, y eso sigue siendo uno de los grandes retos para Guatemala desde su última Constitución», explica el analista.

Para Mérida, gran parte de la solución de esa situación se encuentra en la independencia de los organismos del Estado en el tema de los presupuestos: «hoy por hoy instancias con una gran responsabilidad social como el OJ y el MP dependen la propuesta del Ejecutivo en materia de presupuesto y eso no deberí­a ser así­», explica el experto.

El analista señala que cada uno de los organismos deberí­a presentar su propio presupuesto: «El OJ conoce mejor que nadie en lo que necesita avanzar y el MP lo que le costarí­a invertir en contratar más fiscales y mejorar la capacitación de los investigadores ya existentes», explica.

Mérida también señala como urgente, la creación de una policí­a de investigación criminal: «es un alto riesgo politizar a la institución policial, mejor hay que darle al MP los recursos para que tenga los fiscales que demanda porque es lamentable solo un dos por ciento de denuncias lleguen a una sentencia en el paí­s.

También señala la necesidad, en el OJ de crear más juzgados tanto en la capital como en los departamentos para que haya más versatilidad en el juzgamiento de casos que se presente, señala Mérida.

PROBLEMíTICA SOCIAL

Marí­a Teresa Gaytán, psicóloga social, explica que la situación antes expuesta genera efectos fuertes en los integrantes de una sociedad, también refiere que estos ya se han arraigado por su carácter inconmutable.

«En primer lugar lo que sucede en el paí­s es que no hay lí­deres, un ejemplo transparente que las personas puedan ver al frente. La gente sube a los poderes y aspira a puestos no para mejorar el entorno sino para mejorar su bolsa, y ese reflejo tiene efectos fuertes en la sociedad quien no ve al Estado como un fin social sino como un medio personal», explica.

Pero la psicóloga también señala la cultura de terror que se ha venido sembrando desde los años crueles de la guerra en el paí­s; «Por ejemplo, los magistrados se sienten atados porque no hay quién proteja sus vidas, entonces estos puestos son pasajeros porque el sistema de violencia se ha arraigado tanto que sólo deja que las personas busquen fines de enriquecimiento personal»; indica.

La desesperación es uno de los efectos colectivos de esa situación, lo que a criterio de Gaytán provoca la carencia absoluta de la falta de bienestar y la pérdida de deseos de superación y de ahí­ se genera la violencia extrema, señala.

«En sociedades con conflictos la población vive en desesperanza y poco a poco va perdiendo el valor y el respeto por la vida; por lo tanto empiezan a cometer delitos que no respetan el derecho fundamental a la vida», manifestó Gaytán.

La psicóloga añade finalmente que es el papel de la juventud la de enfocarse en la búsqueda de resolución de conflictos, renovar los valores de las personas y reivindicar sus derechos fundamentales, no es una lucha fácil, pero alguien tiene que librarla y que mejor que la juventud», señala la entrevistada.