Cuesta darle crédito a lo que ocurre en Guatemala, al margen de los sangrientos hechos delictuosos, aunque ya el presidente Colom advirtió que algunos medios informativos descontextualizaron el ya célebre verbo «aguantar», puesto que cuando se refirió a la ola de criminalidad, el mandatario habría dicho: «Hay que aguantarnos para no arrodillarnos frente a la violencia».
Seguidamente, empero, volvió a dar otro brillante resbalón, al afirmar -siempre en torno a la violencia criminal- que «los que puedan usar el TransUrbano, que lo usen; los que no, pues tener cuidado, cuidarse». Me hizo recordar al despistado alcalde de años pretéritos que ordenó, por medio de un bando municipal, que para cuidar el ornato de la población: «Los que tienen coches que los amarren; los que no, pues no».
Pero en fin, son humoradas del presidente Colom para darle sabor al caldo, porque este país anda patas arriba, si no recuérdese los meses que la Policía Nacional Civil estuvo a cargo de funcionarios interinos, hasta que, finalmente, escogieron al director, subdirectores y otros mandos superiores, como se dice en la jerga de los uniformados.
Desde hace varias semanas se espera que el presidente de la Comisión de Postulación, quien a la vez encabeza la Corte Suprema de Justicia, convoque a los miembros de aquella instancia para que elijan a los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; pero no hay modo que las autoridades de dos universidades privadas designen a los representantes (si es que fuera lícito) de los decanos de sus facultades de Derecho que según, sugerencia de la Corte de Constitucionalidad, se inhibieron de seguir en su ingrata tarea. Ahora la CC ha fijado un plazo perentorio.
En parecidas circunstancias se encuentra el Instituto de la Defensa Pública Penal, en vista de que casi todos los miembros de la Comisión de Postulación renunciaron al trabajo en que estaban empeñados, y de ahí que la dirección del IDPP continúa en impasse. Afortunadamente las dos mujeres que se encuentran al frente del Ministerio Público y de la Defensa Pública han mantenido el equilibrio institucional de esos dos entes.
Durante un tiempo, asimismo, estuvo descabezado el Registro Nacional de las Personas, pero aunque ya se designó a su director, aquí también andan revoloteando señalamientos y acusaciones de clientelismo, nepotismo, corrupción e incapacidad. Para terminarla de ajustar, nada menos que el viceministro de Transparencia es miembro real de la familia propietaria de la empresa Díaz Reyes y Asociados, Sociedad Anónima, misma que suscribió un contrato con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, lo que implicaría un conflicto de intereses.Â
Para ponerle el botón de oro a estos desatinos, el presidente Colom autorizó la ampliación de exploración petrolera a la empresa Perenco, contra todo fundamentado razonamiento legal, ambiental y cívico. ¡Qué desastre!
(El holgazán de Romualdo Tishudo le comenta a un compañero de labores en el Renap: -Trabajar jamás mató a alguien; pero para qué nos vamos a arriesgar ¿verdad, vos?)