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La situación que se describe arriba se visibiliza más con los datos proporcionados por el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y por informes de Aeronáutica Civil, en donde se deja en claro que un pequeño porcentaje de los guatemaltecos tiene una superior capacidad económica.

Un ejemplo de ello es que en Guatemala se tienen registrados 406 aviones y 142 helicópteros de uso privado, la mayor flota área en manos de particulares en la región.
 
Del otro lado, según lo reportó la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), se contabilizan 12 mil 975 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años.

En lo que va del año han fallecido 83 menores,  principalmente en Chiquimula y Escuintla; también es la tasa más alta a nivel regional.

Es así que la brecha de desigualdad en Guatemala es abismal dando continuidad, de esta forma, a un modelo de desarrollo injusto y desequilibrado. De acuerdo al informe del PNUD 2013, el país tiene una pérdida del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 33.1 por ciento.

A partir del año 2000 Guatemala ha crecido en el IDH apenas un 0.89%. Por otro lado, el índice de esperanza de vida determinado por la desigualdad en el 2012 era de 18.6%.

Un ejemplo de este contraste en Guatemala se encuentra en el mercado de La Terminal que se encuentra a escasas cuadras de la avenida La Reforma, conocida por sus imponentes edificios, que van desde hoteles hasta empresas transnacionales. 

CONTEXTO

Jorge Santos, director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explica que la situación de desigualdad en Guatemala se debe a que éste no es un país estrictamente pobre sino de ingresos medios, sin embargo la situación de inequidad ha empeorado debido a los débiles mecanismos de redistribución de la riqueza. “Estamos hablando de un modelo de Estado y de desarrollo que no permite las condiciones para que se redistribuya el ingreso, para que el cien por ciento o la totalidad de guatemaltecos produzcan en este país”.

Por otro lado, Richard Barathe, director del PNUD en Guatemala, indica que “lo que sucede es que tenemos una situación que se ha venido agudizando. Aquí, 90 por ciento de la población tiene algún tipo de privación… 60 por ciento de la población es pobre, 30 por ciento de la población es extremadamente pobre”.

A esto debe sumarse la cifra publicada por el gobierno de turno en el Pacto Hambre Cero, que estima que los niveles de desnutrición se asoman por el 48.9 por ciento, por lo que la situación de desigualdad que hereda Guatemala explicaría que el país centroamericano ocupe el puesto 133, de 187, en el Índice de Desarrollo Humano. Hecho que Barathe considera alarmante.

CAUSAS

De acuerdo a Santos, la causa de la inequidad se debe a que el modelo imperante está pensado para privilegiar a un pequeño grupo de la población en detrimento de la mayoría de la población que subsiste  en condiciones de pobreza o pobreza extrema, incluso con serias dificultades para alcanzar un nivel de vida digno, pero también se debe al uso de mecanismos de baja efectividad.

Uno de esos mecanismos inefectivos es el salario, ya que Guatemala es reconocido por el Banco Mundial (BM), como el país con el mayor nivel de desigualdad en salarios, que pueden ser distintos por cuestiones de género, por ubicación, sector de actividad económica y origen.

Durante este año, la interpelación realizada al Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, por parte de la Bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), dejó al descubierto el salario de los asesores de Estado, quienes no ganan menos de 18 mil quetzales al mes, una cifra más que elevada si se compara con el ingreso de un trabajador en el sector informal o con el de una persona en situación de extrema pobreza, que alcanza a ganar un promedio de 8 quetzales al día, es decir Q240 al mes.

El segundo mecanismo, es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, en el cual se evidencia que Guatemala es el país de la región Centroamericana y Latinoamericana que menos invierte en la garantía de los derechos humanos.

Y esta inequidad de distribución de la riqueza coloca al país en el ranking de los cinco países más inequitativos, indica Santos, quien agrega que los niveles tan bajos de desarrollo humano que hay en los municipios solo se comparan con los de Burundi, nación del continente africano.

Otra de las causas de esta situación se encuentra en el quehacer público nacional y en causas culturales, como la discriminación sumada a la poca presencia del Estado en todo el territorio. “Con un Estado débil y con poca presencia en el territorio es muy difícil un acceso universal a los servicios más fundamentales”, indica el directivo del PNUD.

SOLUCIÓN

A pesar que la causa de los problemas es multidimensional, nada podrá  resolverse sin una mayor inversión, de acuerdo a Barathe, quien considera que en primer lugar, se deben de aumentar los niveles de inversión en el país, pues se asignan tasas muy bajas de recursos que además no son invertidos de la manera más eficiente.

“No se pueden lograr mejorar las condiciones de desigualdad si no se aumenta el volumen de recursos que se invierten para el de desarrollo social”, dice Barathe. Actualmente, en educación y salud se invierte 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cantidad que se duplica en otros países como Costa Rica, que cuenta con un poco más de 3 millones de habitantes.

Por otro lado, apunta que se debe de crear un Estado más presente en todo el territorio. La población indígena, que es la más excluida, un 90 por ciento de ella no cuenta con una cobertura apropiada de salud. A nivel nacional el porcentaje es de 75.

“Hay una necesidad de construir un consenso,  una visión de país más común. Hoy hay muchas visiones de Guatemala, hacia dónde debería de dirigirse, pero no hay una visión de país que esté absolutamente adoptada por todos los actores sociales, y fuerzas políticas”, indica Barathe.

Para el experto es difícil pensar que el país progresará si cada cuatro años se cambian los planes y se deshace lo que los gobiernos anteriores han hecho, en donde es común “perder de vista las necesidades de la población”.  Pero la continuidad de las políticas no las da el gobierno, sino la voluntad política y las fuerzas públicas, explica.

Por aparte, Santos y Barathe coinciden en que la solución a los niveles de desigualdad se solucionarían mediante fuertes cambios estructurales en el modelo de desarrollo, y en el modelo de Estado, pues limitan la generación de oportunidades de desarrollo a la población más excluida, además los marcos legales fomentan la exclusión y no incentivan la inversión que permitiría la  tan anhelada inclusión social.
Esto significaría que se dejaría de privilegiar los intereses de la minoría, que actualmente representa menos del 2 por ciento del total de la población.

“Que deje  de pensar –el Estado–en la asignación de recursos económicos, humanos, financieros, dirigidos para el desarrollo hacia afuera, y pensara en invertir en su población, en elevar la calidad de vida, en mejorar el mercado interno e influir en las posibilidades de desarrollo a poblaciones que han estado excluidas del mismo”, refiere el experto del CIDH, como priorizar el apoyo a los pequeños y medianos productores de granos básicos, en lugar de estar al servicio del sector agroexportador.

Lo anterior necesitaría de la creación de una política económica vinculada a las políticas públicas-sociales que se enfoque en  reducir esas desigualdades. Para ello, en el presupuesto se deberán de realizar asignaciones que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos.

“No podemos seguir pensando en elevar el desarrollo humano o reducir las inequidades asignándole solo el 1 por ciento a la garantía del derecho de la salud o que se dé el 3.5% a la educación, o pensar que vamos a reducir las desigualdades solo cubriendo el 17 por ciento de la seguridad social al total de la Población Económicamente Activa”, indica Santos.

Ante la pregunta de si Guatemala sería capaz de alcanzar un mejor porcentaje de desarrollo para toda su población, Santos dijo que sí es posible, con lo que puso  como ejemplo a Brasil, en donde la mitad de los pobres han dado un salto a la clase media debido a su inclusión en las políticas de protección social que les ha permitido su incorporación como sujetos activos en la política, el mercado, entre otras.

En Guatemala, el 61 por ciento de la participación económica proviene de los indígenas y estos son quienes más sufren la  pobreza y la exclusión. “No se trata de generación de ingresos en el país, se trata de un modelo que ha estado diseñado para extraer los ingresos de esa población excluida para el beneficio de unos pocos”, señala Santos. 

Es así que su situación de desventaja los lleva a pagar más impuestos del  IVA de los productos que consumen, de lo que reciben a cambio con los programas de inversión social.

Queda en manos del Estado, entonces, encontrar un equilibrio para disminuir la desigualdad en Guatemala, en donde se incluya la creación de consensos y diálogo político; se incremente la eficiencia del Estado y actores sociales, se trabaje con transparencia, a la vez que se aumente la inversión en desarrollo social, la generación de más empleos, dando un rol protagónico a las poblaciones generacionalmente excluidas en los índices de desarrollo, además de ampliar la recaudación tributaria para que más personas puedan pagar los impuestos.

Para el desarrollo de este reportaje se intentó localizar a diferentes autoridades expertas en el tema, como al Ministro de Economía y al Ministro de Desarrollo Social, pero no fue posible contactarlos para conocer su opinión.