En todos los órdenes de la vida, nuestro país tiene un alto índice de anarquía; no se puede concebir conducta humana que esté reglada a los parámetros sociales o legales, de cualquier forma y en cualquier lugar, se quiebran las normas, se transgrede el orden establecido y se hace lo que mejor parece o conviene fundamentados en la lógica común.
En este contexto; desde las más importantes autoridades hasta los conserjes de cualquier dependencia oficial, pareciera que retan al orden establecido y se realiza el trabajo de forma deficiente, mal hecho o se deja para «dentro de quince días», en el entendido que, se está sujeto a que no hay huelga, paro, manifestación, toma de edificios, interrupción del tráfico, toma de rehenes o cualquiera asunto que justifique la no realización del trabajo.
Los usuarios del sistema administrativo oficial, es decir, público, nos vemos en la penosa situación de vivir al vaivén de las demandas de los trabajadores, quienes de no ser por las medidas de hecho, no serían escuchados ni tomado en cuenta sus planteamientos; allí es donde entra la IRRESPONSABILIDAD OFICIAL, lo cual se tipifica en la legislación como INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y tiene su sanción correspondiente.
Pero… Como los jefes con su conducta de indolencia, intolerancia, ignorancia, prepotencia, abstinencia y dejar hacer dan el ejemplo a sus subalternos, entonces éstos ni lerdos ni perezosos también copian dichas actitudes perjudicando a los usuarios que necesitan de dichos servicios administrativos y que están pagando impuestos para que se les atienda de una forma comedida.
En Guatemala, desde hace cinco años, existe una nueva LEY DE RESPONSABILIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PíšBLICOS, la cual contempla las diferentes clases de responsabilidad en que podrían incurrir los funcionarios y empleados públicos, así mismo, las sanciones a que se harían acreedores en caso de que su conducta se adecuara a determinados hechos o circunstancias. Sin embargo, en el sistema administrativo guatemalteco, NO HAY LEY QUE VALGA, cualquier/a pelado/a le impone reglas y restricciones inexistentes con el objeto de que usted le reconozca su «autoridad».
De esa forma es común que le digan: «Vuelva dentro de ocho días a ver si ya está»; «no ha salido de firma»: «está pendiente de dictamen»: «fíjese que su expediente no aparece», y en el mejor de los casos, si usted se topa con una empleada/o educada/o le dirá: «Hágame el favor venga dentro de quince días y traiga sus copias para ver de qué forma le reponemos sus documentos».
Ese es el diario calvario que sufren los usuarios en los diferentes ministerios del Estado, en la Municipalidad de Guatemala, en el IGSS, en las Secretarías de Estado, en las direcciones generales y en toda oficina gubernamental atendida por personal calificado como «EFICIENTE Y CON CALIDAD» por el procedimiento de la ISO 2000.