LOS PRIVADOS DE LIBERTAD LE CUESTAN AL PUEBLO DE GUATEMALA Q16.2 MILLONES MENSUALES.

El hecho que los últimos gobiernos de Guatemala no hayan podido invertir en la prevención de la violencia y criminalidad implica un altí­simo precio para el paí­s cuyas instituciones estarí­an a punto del colapso debido precisamente a la falta de fondos para su funcionamiento.

Quizá sea sorprendente saber que durante 2010, la región centroamericana destinó unos US$ 4 mil millones a cuestiones de seguridad y justicia, según el último estudio en esa materia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

No obstante, las cifras de Guatemala también son alarmantes, pues cada institución del sector justicia gasta una gran cantidad de su presupuesto anual en la atención a los efectos que tiene la criminalidad en el paí­s, impidiendo con ello cuestiones como inversión en infraestructura, mejora de servicios, profesionalización y expansión de esas instituciones hacia todo el territorio nacional.

Pero la violencia no tiene efectos exclusivos para el sector justicia, ya que un reciente estudio de las Naciones Unidas señala que los altos í­ndices de inseguridad en el paí­s también generan efectos irreversibles en la economí­a general, lo que a su vez genera pobreza y falta de educación y avances en materia de salud pública.

SIN INVERSIí“N

El dato de los US$4 mil millones que Centroamérica ha destinado a seguridad y justicia en el paí­s son los resultados del estudio “Gastos Públicos de los paí­ses de Centroamérica en Seguridad Ciudadana y Justicia”, realizado por el PNUD, el cual estudió los gastos públicos en ese rubro de Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La página del PNUD cita a Pablo Ruiz, especialista de esa instancia en prevención de crisis y recuperación para América Latina y el Caribe, quien afirmó que “mientras las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la inseguridad muestran indudablemente que la región está muy comprometida con este tema, eso implica una asignación de fondos que en otro contexto podrí­an destinarse o reforzarí­an otras prioridades como educación y salud”.

Otro informe denominado Análisis de la Polí­tica de Inversión de Guatemala 2010, rendido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, concluyó recientemente que las “altas tasas de criminalidad continúan dificultando el desarrollo económico y social del paí­s e impiden que Guatemala ejecute todo su atractivo potencial para atraer Inversión Extranjera Directa”.

El informe señala que el costo asociado a la inseguridad para los negocios en el paí­s es considerablemente alto: por ejemplo indica que para las compañí­as exportadoras las pérdidas directas en Guatemala, debido a los robos, son 10 veces mayores en promedio que las de los exportadores en Chile o Colombia.

Además, refiere que las empresas se ven obligadas a contratar seguridad privada o instalan alarmas, cámaras u otras medidas preventivas como localizadores de posicionamiento global, vehí­culos blindados o ventanas reforzadas, lo que implica costos adicionales del 3 por ciento del total de sus ventas para las pequeñas empresas y 0.9 por ciento para las grandes.

El estudio destaca además que en relación con el Producto Interno Bruto por cada US$1 mil producidos, solo se invierten US$19.7 y que el flujo de inversión extranjera por habitante es de US$50 por persona.

GASTO EN INVESTIGACIí“N

Fuentes del Ministerio Público (MP) señalaron que, aunque es “difí­cil” decir cuáles son los costos reales de la investigación, sí­ se puede medir la productividad de los fiscales de esa instancia dependiendo del caso que para ese fin se analice, ya que hay procesos que duran desde los seis meses hasta los cinco años.

“Si ponemos sobre la mesa un caso totalmente lineal puede durar unas 700 horas hombre y esas estarí­an calculadas sobre la base de un tiempo de dos años, a eso hay que agregar que una investigación lineal podrí­a salir en treinta dí­as hábiles de ocho horas, pero como los fiscales no tienen uno sino cientos de casos, tienen que ir diluyendo y combinando las actividades con otras investigaciones”, afirmó esta fuente.

La fuente entrevistada señala que MP tiene limitaciones en cuanto al personal y al presupuesto, el cual es la mitad de lo que realmente necesita esa institución. A eso se suma “la mala fe de los abogados defensores, el exceso de trabajo de los abogados privados que no pueden asistir a las audiencias, entre otros factores”.

Esta fuente explicó que en el MP “se concede prioridad al uso de recursos en casos de delitos contra la vida”, además señala que el 80 por ciento de los fondos es utilizado en casos de “mayor gravedad” y tratando que los demás casos se resuelvan con mayor eficiencia.

“Podemos decir que los costos de solución de casos se han disminuido en una parte significativa”, señala la fuente y agrega: “Hemos triplicado la cantidad de debates”.

El MP invierte un 65 por ciento de su presupuesto en la resolución de casos; de esa suma, el 50 por ciento es invertido en pago de salarios al personal de investigación. Según la fuente consultada, el resto de dinero del presupuesto se invierte en cuestiones como la unidad de métodos especiales –cuya instalación costó US$10 millones–, oficina de atención a ví­ctimas, entre otros.

“Ya estamos sobrepasados, es insuficiente y hay que duplicar la capacidad de la unidad de métodos especiales para perseguir criminalidad organizada. Además el presupuesto es insuficiente para gastos en equipo de escena del crimen, compra de polvo, luminol, mantenimiento de unidades, combustible, viáticos para investigación en el interior y para litigar en los juzgados fuera de la capital, arrendamiento, mantenimiento de edificios, entre otros”.

El MP necesita un presupuesto de Q1 mil 400 millones, no obstante este año le fue asignada la cifra de Q600 millones, de los cuales Q100 millones están siendo utilizados sólo para el pago de personal.

DEFENSA ES CARA
 
Blanca Aí­da Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal señala que, aunque depende del tipo de caso que cada defensor asuma en esa instancia, los costos son altos y el presupuesto sigue siendo insuficiente.

“Depende del tipo de caso, porque hay casos que se resuelven en la primera declaración e implican costos í­nfimos para la institución, pero hay casos en los que son muchos los sindicados y se llegan hasta las últimas instancias al momento de la sentencia”, señala.

La directora del IDPP explica que anualmente esa instancia atiende de 45 a 50 mil casos y que cada caso atendido por los defensores públicos de planta tiene un costo promedio de Q2 mil 500 hasta Q4 mil cuando llegan a sentencia.

No obstante, aclara que es imposible establecer el costo promedio anual porque existen casos que se resuelven en la primera audiencia, los cuales tienen costos muy bajos.

Además explica que a los defensores públicos de oficio se les paga por diligencias, por lo que a estos últimos se les asignan casos más sencillos para que no se tenga que erogar tantos recursos. Esa instancia gasta además Q2 mil 900 por dos turnos a la semana.

Según Stalling, las carencias en el presupuesto han generado que se reduzca el número de defensores públicos de oficio, por lo que los casos están siendo atendidos por abogados contratados bajo las condiciones del renglón 0-29.

Actualmente trabajan 208 abogados defensores públicos de planta en el IDPP, los cuales tienen puestos administrativos pero cubren audiencias. Los abogados públicos de oficio suman 300.

Esa instancia utiliza el 85 por ciento de su presupuesto para el pago de servicios profesionales y todo lo que respecta a analistas, psicólogos y atención legal gratuita a las ví­ctimas, el 15 por ciento restante es utilizado para logí­stica, alquileres y compra de insumos.

POR REO

El Sistema Penitenciario es también una instancia que invierte altas sumas de dinero por la criminalidad en el paí­s, dado que diariamente gasta un promedio de Q 44.91 por cada persona privada de libertad.

Rudy Esquivel, portavoz del SP, explica que los Q 44.91 es una cifra estandarizada para los 22 centros carcelarios con los que cuenta el paí­s. Además señala que actualmente se encuentran privados de libertad 11 mil 199 hombres y 857 mujeres, lo que totaliza 12 mil 56.

Lo anterior se traduce así­: el SP gasta un aproximado de Q541.4 mil, es decir, un promedio de Q16.2 millones al mes, y  Q197 millones 100 mil anuales. Actualmente su presupuesto es de Q 249 millones 176 mil, lo que es insuficiente opina la dirección de esa instancia.

Según Esquivel, el monto de Q44.91 es estandarizado para los 22 centros carcelarios, pero aclara que cada uno tiene un monto diferente por la privación de libertad de los reos, ya sea en prisión preventiva o ya sentenciado.

“Lo anterior incluye gasto de alimentación, costos que genera el funcionamiento de cada centro como: agua, luz, teléfono, salarios de cada guardia penitenciario, medicamentos, lo cual es también general”, señala Esquivel.

Según el portavoz de esa instancia, la directiva ha afirmado que el presupuesto anual deberí­a ser mí­nimo de Q500 millones y que la asignación actual –de Q249 millones– sólo contempla lo mí­nimo para el funcionamiento diario, y no se puede invertir en creaciones de cárceles, ampliación de cobertura, procedimientos más eficaces, entre otros.

SIN PREVENCIí“N

Eduardo De León, analista en temas de seguridad y experto en derechos humanos, opina que en el paí­s las polí­ticas de prevención de la violencia “son raquí­ticas” y que hasta este año se ha notado en el gobierno actual cierta preocupación y esfuerzos por trabajar en el tema, pero este requiere un abordaje integral.

“Cuando digo integral es porque tiene que verse como proceso y en ese sentido el ángulo de la educación es fundamental, pero no implica sólo lo que pueda ofrecerse en la escuela sino más bien cómo se garantiza a la niñez y la juventud el acceso a la educación”, ejemplifica el analista.

Además sostiene que la demanda de justicia y de prevención de la violencia requiere de esfuerzos importantes en términos de inversión ya que se debe tratar de responder a la demanda social de cara a la persecución penal.

“Hay que invertir de cara a la prevención y son procesos más lentos; en este momento no se pude hablar de gastar menos en estos renglones sino al contrario debe gastarse más a pesar de la crisis del presupuesto”, enfatizó el entrevistado.