A doce años del último censo nacional, Guatemala precisa realizar uno nuevo para conocer objetivamente la realidad de su población, de manera que los gobiernos tomen decisiones más acertadas y apegadas a las necesidades sociales. Aun así, su realización queda a la espera de la aprobación de las transferencias que se hagan al presupuesto 2014.

El método censal realiza cuantificaciones lo más apegadas a la realidad posible sobre las características de la población y sobre el orden de prioridades en sus necesidades. Es así que para poder hacer una política pública pertinente y oportuna, obligadamente se necesita esa base censal, dice Cristhians Castillo, analista y politólogo guatemalteco.

De acuerdo con Castillo, es recomendable hacer los censos cada diez años a fin de mantener actualizados los datos de un país. “A medida que después de los  diez años no se realice, las proyecciones que se hacen sobre el censo anterior tienden a tener un nivel de error mucho mayor, que no permite dar una coherencia a la política pública y que al final también invisibiliza la realidad social de algunos sectores, sobre todo de los más empobrecidos y los que están más alejados de los centros urbanos”, explica.

Por otro lado, Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dice que la planificación de proyectos y el desarrollo de programas, privados o públicos, no podrán ser bien aplicados sin los indicadores básicos sociodemográficos. “Es un problema grave –no realizar el censo– en torno a la comprensión que tenemos del país y en torno a la planificación”, indica.

Aunque organizaciones internacionales han provisto durante este tiempo cifras que pintan un panorama más cercano a la realidad del país, tal como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unicef o el Banco Mundial, que realiza investigaciones de temas sociales, la información censal es vital para las políticas públicas y las instituciones oficiales.

A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza con mayor frecuencia encuestas, estas son específicas y su margen de error es mucho mayor.  Esta falta de información hace urgente conocer el número de guatemaltecos que habitan el país, además de indagar dónde viven, y las condiciones de vida en las que sobreviven.

Gustavo Echeverría, diputado por el Partido Patriota (PP) y presidente de la Comisión legislativa de Finanzas, reconoce que el proyecto para aprobar los recursos necesarios para el censo no se concretó en el Congreso, debido a que no se conoció el Presupuesto de la Nación para 2014, según él, por el bloqueo opositor a la agenda de trabajo.

Es por eso que las asignaciones presupuestarias establecidas en el plan de gastos del año pasado siguen vigentes para el 2014, y de momento, el censo no se encuentra incluido en la programación del INE.

EL COSTO Y RECURSOS

Según Rubén Narciso, director del INE, el presupuesto necesario para realizar el censo ronda los 174.5 millones de quetzales, pero al igual que el año pasado, la institución nuevamente cuenta con un presupuesto de 42.2 millones de quetzales, que sirven en su mayoría para el sostenimiento de la entidad.
 
“Pueden llevarse a cabo algún tipo de acciones, algún tipo de gestiones para lograr contar con ese presupuesto, pero el problema es que las actividades necesarias para poder llevar a cabo el censo son demasiadas y en gran escala, lo cual implica que lo mejor para que se lleve a cabo de una forma correcta es tener certeza de recursos y prontitud en la liquidez”, dice.

Este retraso ya dificulta la aprobación de fondos y hace peligrar la inversión una vez se tengan, “lo que podría a llevar a ejecutar muy rápido los recursos, y eso no siempre resulta de la mejor manera”, explica.

Al preguntar a Castillo sobre el posible origen de los fondos para realizar el censo, el experto indica que una posible solución podría ser que el Gobierno utilice los Q174.5 millones de los fondos que no se ejecutaron en 2013.

El Instituto estudia las estrategias a  utilizar para que este proceso de medición sea lo más efectivo posible. En declaraciones anteriores, el directivo de la mencionada institución aceptó que lo ideal es llevar a cabo el proceso antes del siguiente período electoral en 2015.

El tiempo estimado para producir resultados constaría de un año y medio, que incluye la etapa de preparación, capacitación, trabajo de campo y recabar la información.

FALTA DE ORGANIZACIÓN

Narciso indica que países con mayores índices de desarrollo han realizado censos en intervalos más espaciados. Sin embargo,  Maúl opina que en el caso de Guatemala, el retraso en la medición se debe a la falta de organización en la planificación de todas las estadísticas que el instituto realiza.

Paralelo a la realización del censo, el INE necesita ser fortalecido institucionalmente y apoyado con presupuesto, lo cual no debería depender de la falta de fondos en general o de situaciones políticas.

“Es una mezcla doble: debilidad institucional financiera más una decisión política”, dice el analista del CIEN.

Más adelante, Maúl agrega que “es una institución que si bien tiene gente técnica muy buena, no cuenta con los recursos, no cuenta con la institucionalidad y todo esto dificulta realizar este tipo de trabajos, porque aquí hay que barrer el país entero”, indica.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO

A pesar de que el oficialismo legislativo acusa a la oposición de bloquear el Presupuesto de 2014 –que determinaba recursos para el censo–, Castillo se pregunta cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno actual.

“Dependerá de las prioridades del Gobierno asignarle los recursos que sí están, que sí existen, aunque no les hayan aprobado el presupuesto 2014, puesto que demostraron que no tienen capacidad de ejecución”, opina el experto en política. 

De esta manera, saliendo de las necesidades técnicas, la realización de este proceso a nivel nacional permitirá tener una línea de comparación basal para evaluar de manera efectiva los avances en temas de lucha contra la extrema pobreza y en qué condiciones de vida –avances o retrocesos– viven aquellos que son beneficiados por las iniciativas, programas y proyectos gubernamentales.

Y es que han sido ya dos administraciones las que han querido implementar una visión más social a través de la concesión de transferencias condicionadas, lo que justifica en mayor grado la realización del censo con el fin de evaluar el impacto de dichos programas.

SIN REFORMA, MÁS DIPUTADOS

El presidente Otto Pérez Molina dijo el año pasado que el Ejecutivo no planea realizar un nuevo censo si antes no se ha reformado la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La decisión obedece a que realizar el censo sin modificaciones a la ley avalaría el aumento del número de diputados en el Congreso, lo que consideró un irrespeto pues es un “lugar donde no se hace nada”.

Hoy en día, 158 diputados conforman el parlamento y de realizarse el censo el número podría aumentar a 180 o 200. “Ya 158 que tenemos es ridículo para un país de este tamaño, tenemos más diputados que Estados Unidos”, opina Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista.

Esta quizás sea la razón por la que este proceso se ha venido posponiendo. Según Molina, Guatemala debería de tener dos diputados por cada departamento y diez pertenecientes al Listado Nacional, ya que considera que es “un pecado” tener un Congreso tan grande que el año pasado solo logró  producir cuatro leyes.

Por otro lado, Molina considera que en Guatemala hay una sobrepoblación de burocracia y un sobrepago de esa burocracia. “El problema es que dinero no va a haber mientras exista la democracia que hay, porque se están quejando de que no hay dinero y quieren subir impuestos aún y lo que hay es un pésimo funcionamiento”, asegura.

Por ahora queda esperar a que las transferencias presupuestarias se realicen prontamente, ya que según Narciso se prevé que el noviembre de este año se inicie la recolección de información del censo si se llega a contar con los recursos.