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El informe implicó dos años de investigación por parte de tres instituciones: Impunity Watch, la Plataforma Holandesa para los Derechos Humanos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Algunas de las conclusiones resaltan la importancia de promover cambios sustanciales en el Estado, en la cultura institucional que admite la impunidad y en la forma de cooperación internacional, entre otros. Sin embargo, la mayor conclusión hace referencia a la necesidad de dar continuidad al trabajo de la CICIG, para fortalecer la lucha contra la impunidad y aclarar casos de alto impacto.

¿Estamos listos para combatir la impunidad sin CICIG?

CICIG es sin duda una experiencia inédita, no solamente en Guatemala, sino en la Comunidad Internacional. Se trata de un órgano que tiene atribuciones de Fiscalí­a y al mismo tiempo, una composición eminentemente internacional, lo que lo hace complementario a la labor de las instituciones públicas guatemaltecas.

Nosotros creemos y en el informe lo decimos, que la labor de la CICIG en estos tres años ha sido extremadamente importante, no solamente para luchar contra la impunidad en casos especí­ficos, sino para devolver la confianza ciudadana en la posibilidad de obtener justicia.

Lo ideal es que no exista la CICIG y que las instituciones públicas guatemaltecas -especialmente las del Organismo Judicial- cumplan sus funciones, de modo que la justicia sea producida por manos guatemaltecas directamente.

Desafortunadamente, por diversas circunstancias es necesario el apoyo internacional, que por un tiempo haga más sólida la justicia de forma tal que cuando se retire, las instituciones guatemaltecas estén en mejores condiciones de producirla por sí­ misma.

Entonces ¿por el momento es indispensable el apoyo de la CICIG?

Es absolutamente esencial. Tres años para investigaciones de crí­menes tan complejos no es un periodo largo, por el contrario, es corto si ponemos en cuenta las caracterí­sticas de la criminalidad que amenaza a Guatemala.

Tal como otros paí­ses del continente, se requiere mucho tiempo, no solamente para desentrañar como están compuestas estas organizaciones, sino para señalar a los verdaderos responsables y obtener sentencias.

Creo que se necesita un tiempo más y creo que harí­a bien Guatemala en extender su mandato, prorrogarlo por un plazo razonable y de esa manera permitir resultados más satisfactorios.

¿Ha recibido CICIG el apoyo necesario del Estado?

Yo creo que el apoyo del Estado se basó en primer lugar en darle el convenio que se suscribió entre las Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, y darle las más altas atribuciones para que pudiera cumplir su labor.

Creo sin embargo que ha habido algunos problemas, particularmente en la colaboración entre los Organismos Judiciales y la CICIG. Como el comisionado (Carlos) Castresana dijo en reiteradas ocasiones, se requiere de una participación activa del Ministerio Público, de la colaboración de la Policí­a y un sistema de protección a ví­ctimas y testigos que debe ser eficaz.

Por ese lado hace falta reforzar y mucho. Así­ mismo, es muy importante no solamente brin1darle el apoyo polí­tico y retórico a la CICIG, y no traducir ese apoyo en medidas concretas; por ejemplo, promoviendo con firmeza que los funcionarios judiciales en el proceso de nombramiento cumplan con criterios mí­nimos de independencia e idoneidad.

En muchos casos CICIG presenta pruebas y sin embargo los jueces siguen dejando libres o con medidas sustitutivas a los sindicados, los ligan a proceso por delitos de menor pena. ¿Es esto una burla a la CICIG?

Las acciones que realiza la CICIG, tanto a nivel de investigación, como de fortalecimiento institucional dependen muy fuertemente del marco jurí­dico vigente en Guatemala y es por eso que es importante enfatizar la importancia central que tienen las reformas legislativas que ha propuesto.

Las modificaciones en los códigos procesales y penales, modelo de investigación más eficiente y normas que garanticen la independencia de jueces y fiscales son esenciales. No se trata solamente de qué tanto puede hacer el Poder Ejecutivo, si no de qué manera el Congreso colabora con esta agenda y de qué manera los organismos judiciales recogen las recomendaciones.

Tenemos todos que respetar la independencia del poder judicial en Guatemala, una acusación de la CICIG no significa automáticamente la culpabilidad de los que son señalados, pero creo que las experiencias que han existido son en algunos casos muy traumáticas, por lo tanto señalan que una acusación de la CICIG deben ser tomada muy en serio, y, en ninguna manera ser encarpetada y usar excusas tales como los plazos y argumentos procesales para impedir una investigación seria y eficaz.

¿Está la CICIG presentando pruebas pertinentes?

Por lo menos en los casos que han sido de público conocimiento, la CICIG ha cumplido con presentar una amplia variedad de pruebas, tanto testimoniales, documentales, pero principalmente referenciales.

Lo que es difí­cil en los temas de criminalidad organizada es probar la responsabilidad de los altos mandos cuando éstos no han tenido directa participación en el hecho criminal. Los abogados estamos muy acostumbrados a exigir como se dice, «la pistola humeante o la mano en la masa» para poder sindicar a una persona.

La CICIG ha hecho uso de una amplia variedad de pruebas que explican cómo la criminalidad organizada penetró instituciones de Guatemala, de qué manera los organismos judiciales se vieron penetrados y corrompidos por estas organizaciones; entonces, esas pruebas y evidencias, que son de público conocimiento, deben llevar al Organismo Judicial a una mirada mucho más amplia y una consideración de las pruebas referenciales. ¿Ante esa situación, tenemos riesgo de que CICIG diga un dí­a: «ya no podemos hacer más por Guatemala» y se marche?

Serí­a una lástima y mi opinión personal es que serí­a tragedia para Guatemala. Yo creo que este paí­s ha sufrido mucho, no solamente en criminalidad organizada, si no por la herencia de un sangriento conflicto armado interno.

Guatemala no se puede dar el lujo de que la CICIG fracase; creo que todas las instituciones guatemaltecas, en particular las vinculadas al sistema judicial, deben garantizar lo que se denomina sostenibilidad polí­tica, técnica y financiera de los cambios que se están empezando a lograr entre la CICIG y el Ministerio Público.

Los sistemas de investigación criminal, los mecanismos de protección a testigos, el fortalecimiento del sistema de carrera judicial, las observaciones que la CICIG hizo en el proceso de nominación del Fiscal General, que simplemente es una prueba fundamental que los sistemas de nominación de estos altos funcionarios públicos sean transparentes.

De fracasar la CICIG, creo que se producirí­a una graví­sima crisis que serí­a vista con mucha preocupación por la comunidad internacional.

¿Qué pasarí­a hoy, si CICIG desapareciera del mapa nacional?

Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, la CICIG tiene un mandato que vence en septiembre del 2011 y el Presidente anunció que se estudia la posibilidad de ampliar su mandato, creo que hay que ser optimistas.

Esta experiencia debe estar por encima de los cambios polí­ticos, este es un tema central de la democracia guatemalteca, es un tema esencial del Estado de Derecho. En paí­ses como Guatemala y en muchos otros de América Latina, la confianza que tenemos los ciudadanos en los estados, es cada dí­a menor.

El desencanto del sistema democrático es cada dí­a más grande y eso abre puertas a soluciones autoritarias de crisis polí­ticas que llevan a la violencia social, porque cuando la Ley no sirve, recurrimos entonces a los medios directos y eso es como lo demostró la historia guatemalteca durante tantos años, es el camino a más tragedia, a más hambre y la postergación del desarrollo de la Nación.

¿Ampliar las áreas que CICIG debe investigar, léase, crí­menes de guerra, es apropiado o peligro, porque puede debilitar a una comisión que ya de por sí­ ha sido golpeada por los enemigos?

Mucho se ha debatido sobre la relación de la CICIG y lo que podemos llamar los crí­menes del pasado, es decir las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno y todo lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico reveló en Guatemala sobre graves crí­menes contra los derechos humanos.

Nosotros creemos que es importante que la CICIG termine lo que está haciendo, antes de ampliar su mandato a otras materias. Creemos que ya tiene en sus manos una tarea muy pesada y muy compleja que es revelar los hilos de la criminalidad organizada, que por lo demás tiene una explicación en el pasado y un enlace directo con lo que Guatemala vivió en el conflicto armado interno.

Basta ver las conexiones entre organizaciones delictivas y ex miembros de grupos armados que actuaron durante el conflicto armado interno de este paí­s, pero creemos que es importante que la misión sea muy concreta, porque de otra manera estamos entrando en un terreno de justicia total.

Es decir, estamos asignando a la CICIG una competencia que debe corresponder a la justicia ordinaria, porque la justificación de la existencia de la CICIG fue en un primer momento que la justicia guatemalteca no podí­a con las amenazas de la criminalidad organizada.

Aceptar que la justicia guatemalteca tampoco puede investigar los crí­menes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno, serí­a prácticamente admitir que la justicia guatemalteca debe dar un paso al costado y que debe haber un órgano internacional que resuelva todos los casos.

Creo que de eso no se trata, porque el objetivo final de todo este proceso es fortalecer la democracia guatemalteca y fortalecer las instituciones públicas vinculadas al sistema judicial.