Guatemala no está exenta de las actividades que implican el trasiego, venta y consumo de drogas; sin embargo, el panorama interno se pinta muy complejo, pues se requiere de la cooperación regional para combatir ese flagelo, y prueba de ello es que la mayorí­a de procesos de investigación por narcotráfico son impulsados por Estados Unidos (EE. UU.) u otros paí­ses a través de procesos de extradición u otros procedimientos judiciales. A criterio de analistas consultados, el Estado de Guatemala aún es débil para un efectivo combate al narco.

Actualmente, los Tribunales de la capital tramitan 28 procesos de extradición contra personas sindicadas de narcotráfico: todas las acciones por este tipo de delitos han sido iniciadas por los EE. UU., contra guatemaltecos.

El vecino del norte ha solicitado la extradición no sólo de capos sino de sus principales lugartenientes; uno de los procesos abiertos en el Tribunal Tercero es el de Waldemar Lorenzana Lima, quien es requerido junto a Haroldo Lorenzana Cordón, Elú Alexander Lorenzana Cordón, Carlos Andrés Alvarenga Mejí­a y Gonzalo López Cabrera.

Por otra parte, en el Tribunal Quinto se tramita la extradición de Ricardo Augusto Morán Molina, Luis Alfonso Alonso López, Miguel Oswaldo Bolaños Acevedo, Jorge Luis Cordón Oliva, Humberto Rafael Molina Letona y César Augusto Molina Maldonado; todos presuntos miembros de una organización criminal y sindicados de trasiego de drogas hacia el citado paí­s del norte.

Además, a la fecha más de 200 personas de origen guatemalteco vinculadas al narcotráfico han sido procesadas en Centroamérica y EE, UU., este último paí­s es el que cuenta con más detenidos y sentenciados por ese tipo de actividades. Nueve de los guatemaltecos son considerados como capos del narcotráfico en esa nación.

A lo interno, las entidades a cargo del combate al narcotráfico dan cuenta de sus «logros» por medio de cifras, como las condenas emitidas contra los autores materiales de la narcomatanza en Zacapa, el dinero incautado y los miles de kilos de cocaí­na decomisados.

Ante ese panorama surgen interrogantes como: ¿es Guatemala capaz de enfrentarse a ese fenómeno en crecimiento denominado narcotráfico?, ¿tiene las herramientas?, ¿tiene los recursos económicos y la inteligencia? A criterio de analistas consultados, el Estado aún es débil para un efectivo combate al narco.

NARCOTRíFICO A BORDO

El Informe Mundial sobre Drogas 2010, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), detalla que el problema del narcotráfico en la región no radica en México sino en Centroamérica, y que este no es local sino que afecta a toda América Latina, EE. UU., y hasta la Unión Europea.

El informe señala que el triángulo norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, está siendo mucho más afectado que México, respecto a las tasas de homicidios, pues estas son superiores a las de ese paí­s del norte y detalla que existe una alarmante penetración del narcotráfico en las estructuras e instituciones de los Estados, en especial en Guatemala.

«En dichos paí­ses la intensa violencia generada por el tráfico de drogas plantea un grave problema para la gobernabilidad. Las elevadas tasas de homicidios no se presentan en zonas urbanas, sino en aquellas regiones castigadas por el tráfico de drogas, incluidos puertos y zonas fronterizas», cita el referido informe.

El documento concluye que la violencia también es generada por las actividades del narcotráfico, pues detalla que las tasas de homicidios son de tres a cinco veces mayores que en México debido a que Guatemala se encuentra entre los paí­ses «de tránsito».

¿Cuál es la verdadera condición en la que se encuentran las instituciones de Guatemala para combatir ese fenómeno?

INVESTIGACIí“N

Mario Mérida, analista en temas de seguridad, opina que la mayorí­a de procesos penales contra lí­deres del narcotráfico en el paí­s «son más rentables en EE. UU.»; esto, según el entrevistado, se debe a que en Guatemala las presiones son más fuertes hacia los jueces y fiscales, además el encarcelamiento de estas personas implica mayores riesgos a nivel de infraestructura en las cárceles y debido a la alta corrupción que puede darse, enfatizó.

A criterio de Mérida, para el combate al narcotráfico son fundamentales dos herramientas: el trabajo de inteligencia que deberí­a realizar la Dirección de Inteligencia Civil para generar planes de prevención, disuasión y orientación en las capturas, y las eficientes capturas de la Policí­a Nacional Civil en los hechos flagrantes en los que puedan incurrir estos grupos.

«La debilidad en el Ministerio Público es enorme no sólo por lo complejo de las expresiones criminales sino al mismo sistema de juzgamiento que se da, por eso es que es mejor ventilar estos procesos en otros paí­ses que en el propio, habrí­a que establecer si no se trata de una polí­tica de Estado ante la ineficacia, vulnerabilidad y corrupción», expresa Mérida.

El analista añade que hace falta una mejor estructura de investigación, más recursos para que la fiscalí­a actúe de manera independiente y el establecimiento de mejores relaciones con otras instancias del Estado como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para documentar mejor los casos en los Tribunales y generar el grado de confianza en el sistema de investigación criminal que se requiere.

¿LOGROS?

La página electrónica del Ministerio de Gobernación detalla que en lo que va del año, el monto total por decomisos al narcotráfico en Guatemala supera los Q 18 mil millones.

Según detalla ese sitio electrónico, la incautación de droga, dinero en efectivo y otros bienes ha sido estimada en más de Q 17 mil millones; esto incluye decomisos de efedrina, heroí­na, cocaí­na, pseudoefedrina, crack, marihuana procesada en matas y semilla, así­ como amapola, con un valor neto de Q 17 millones 59 mil 288.

Lo anterior del 1 de enero al 19 de septiembre del año en curso; a esto se suma el decomiso a grupos de narcotráfico de vehí­culos, aeronaves, embarcaciones, armas de fuego, municiones, tolvas y granadas valorados en Q 6 millones 865 mil 314.

A esos datos hay que sumar el decomiso de dinero en efectivo en dólares, pesos mexicanos, quetzales, lempiras, euros y pesos colombianos, que superan los Q 11 millones 45 mil 673, según los datos indicados en el sitio oficial de ese Ministerio.

Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre la División Antinarcótica de la PNC incautó al crimen organizado 18 vehí­culos, 10 de estos son blindados; además de 30 «camionetas de lujo y siete casas», citan.

¿Son esas cifras suficientes para concluir que Guatemala le ha declarado la guerra al narcotráfico cuya existencia es innegable en la región?

INSUFICIENTE

Adela de Torrebiarte, ex ministra de Gobernación, considera que hacen falta mayores esfuerzos para el combate al narcotráfico en el paí­s, además dice que debe existir coordinación interinstitucional tanto a lo interno como a lo externo para el caso de las extradiciones que se soliciten a Guatemala.

Además, la ex funcionaria fue muy crí­tica de la tendencia de las entidades del Estado a medir el logro del combate al narcotráfico por medio de cifras: «El decomiso de droga, dinero o vehí­culos no es suficiente pues no significa tanto porque para la cantidad de dinero que mueven estas personas no es tan significativo, no les afecta tanto», subrayó De Torrebiarte.

La entrevistada refiere que esa debilidad se debe a la falta de institucionalidad y que la narcoactividad ha llegado a corromper y penetrar a las instituciones, además dice que el Estado está en desventaja con el narcotráfico en cuanto a equipos tecnológicos: «Ellos (narcos) usan la tecnologí­a de forma ilegal, mientras que nosotros tenemos que utilizar la legalidad y eso implica procesos burocráticos y lentos».

«Cuesta mucho combatirlo porque las instituciones no tienen la competencia, no es coordinada de una manera eficiente; hay que marcar el rumbo y el liderazgo porque el tema del combate al narcotráfico no se trata sólo del decomiso de miles de kilos sino de un proceso mucho más integral.

DESIGUALDAD

Nery Morales, portavoz del Ministerio de Gobernación, reconoció que existe debilidad por parte de esa institución para el combate al narcotráfico y que esta se debe a la «desigualdad de fuerzas», además de la falta de fondos para la misma.

«Estamos hablando de una fuerza policial con limitado número de elementos y mal equipados: no tienen armas de largo alcance, no tienen chalecos antibalas adecuados; la preparación también ha afectado. Para combatir el crimen organizado se requiere de una cruzada nacional donde intervenga sociedad civil, empresarios y gobierno», expuso Morales.

El portavoz del ministerio del Interior considera que durante los dos gobiernos anteriores hubo un «abandono de las fuerzas de seguridad», lo que dejó una brecha amplia para que creciera la presencia del narcotráfico y crimen organizado en el territorio nacional.

Otra gran limitante, según Morales, es la falta de recursos, ya que el presupuesto que ha sido asignado para el tema de seguridad fue poco invertido tanto en recurso humano como en equipo.

Respecto a la crí­tica de la ex ministra de Gobernación a que los logros no deberí­an ser medidos en las incautaciones, el entrevistado respondió: «Cada quien tiene su punto de vista, desde afuera la situación se ve de una manera, las incautaciones son un gran logro pero también se han dado capturas importantes, como la de Mauro Ramí­rez: el hecho que la Policí­a ya no tiene miedo de enfrentarse a las grandes comitivas y haya capturas es un ejemplo. Quizá en los últimos años se habí­an cuantificado logros en cuanto a las incautaciones pero ahora ya se han ejecutado más capturas», argumentó Morales.