Garantizar la seguridad en Guatemala continúa siendo un reto político y fiscal, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que asegura que el gasto en materia de seguridad en los últimos años equivale apenas al 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), impidiendo un crecimiento económico incluyente en el país.

De acuerdo con un estudio elaborado por el ICEFI, el Estado guatemalteco invierte el 0.7 por ciento del PIB anual en gastos públicos en materia de seguridad, que cubren el fortalecimiento del sistema de justicia, la profesionalización de la Policía Nacional Civil y la implementación de políticas de prevención del delito y rehabilitación de reclusos para su inserción a la sociedad.

Se trata del Observatorio Fiscal Centroamericano No. 13, donde se expone que si bien es importante reconocer la necesidad de aumentar la presencia de los servicios de justicia y seguridad, el Estado debe aumentar los recursos destinados a la prevención del delito y la equidad social en el país.

Además el informe señala que el déficit en recursos para la seguridad ciudadana repercute negativamente en la generación de empleos formales para el bienestar de los guatemaltecos y agrava la inequidad social y la calidad de otros servicios como la educación y la salud.

Asimismo, esta situación facilita el acceso de elementos potenciadores de la violencia como drogas, alcohol y armas, así como la debilidad institucional de los sistemas de seguridad, justicia y de protección social, con respuestas insuficientes para luchar contra la impunidad, prevenir el delito y garantizar la cohesión social.

Jonathan Menkos, director ejecutivo del ICEFI, opinó que la inversión actual en este rubro es insuficiente para pensar que realmente las políticas de seguridad surtirán un efecto positivo y a la vista de manera inmediata.

A decir del analista, para obtener resultados exitosos se requiere de una visión política integral desde las instituciones que permita vincular la protección social con la seguridad y la prevención del delito. “No se trata de solo invertir en más policías”, dijo el investigador.

Menkos explicó que para contrarrestar la inseguridad el país, hace falta además de un mayor financiamiento, consensos políticos y sociales que pongan en marcha planes integrales, así como la universalización de la cobertura de los servicios de salud, educación y empleo.

Asimismo instó a fortalecer la investigación criminal, apoyar a las víctimas y contar con protocolos de respuesta ante hechos delictivos sin tener que recurrir a procesos de adquisiciones poco transparentes para la ejecución de los recursos.

“Ninguna buena voluntad se va a justificar ejecutando un gasto de manera opaca, aun cuando hay una gran presión para garantizar la seguridad” dijo el director del ICEFI.