La Conferencia internacional sobre Población y Desarrollo (CIDP), suscrita en 1994 por el Estado de Guatemala durante la administración de Ramiro de León Carpio, marcó el comienzo de una nueva era de oportunidades para el país
pues nunca antes se habían abordado en la agenda pública nacional los temas de población y desarrollo, especialmente enfocados en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, destaca el reportaje de Cerigua “Rumbo a Cairo+20: Guatemala avanza en la atención de la población y su desarrollo”.
La investigación periodística, que contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señala que la adhesión de Guatemala a la CIPD dio paso a la promulgación de la Ley de Desarrollo Social en el 2001 y a la Política Nacional de Desarrollo Social y Población, en el 2002, una de las leyes más completas con las que cuenta el país, con un espíritu progresista y que busca mejorar la calidad de vida de las personas, dijo a CERIGUA Leticia Aguilar, del equipo consultor que condujo El Informe Nacional de la Encuesta mundial de Avances del Programa de Acción de la Conferencia del Cairo.
Uno de los puntos más importantes en la Ley de Desarrollo Social es el que mandata a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la presentación de un informe de implementación de la norma y de avances de la política, ante el Congreso de la República, cada 15 de noviembre, que fueron la base de los informes de Guatemala presentados en Cairo+5 y Cairo+15, destaca el reportaje.
Ekaterina Parrilla, titular de la SEGEPLAN, aseguró que el balance político de Guatemala a 20 años de la CIPD es favorable, pues existen marcos legislativos y de formulación de políticas, lineamientos institucionales, programas y acciones para promover el desarrollo de la población en el país.
El trabajo periodístico señala que el gobierno implementó en el 2012 el Gabinete de Desarrollo Social, integrado por distintas instituciones del Poder Ejecutivo, la principal es el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que tiene a su cargo la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Social y Población, encargada de garantizar que esos temas se mantengan en agenda.
Guatemala también registra avances en el ámbito legislativo, pues las leyes de Planificación Familiar y de Maternidad Saludable constituyen importantes instrumentos que garantizan el goce de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, indica la información.
Ahora los principales desafíos para Guatemala se concentran en la actualización del enfoque estratégico de la Política Nacional de Población y Desarrollo, para avanzar en la reducción de las inequidades sociales, según el Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Avances del Programa de Acción.