Derivado del exitoso recorrido del Presidente de la República por el denominado antiguo continente, y en especial ante las posibilidades de atraer inversiones europeas, principalmente españolas, en nuestro país ya empiezan las especulaciones sobre los distintos negocios que el Estado puede alcanzar, lo que motiva a un cuidadoso y muy riguroso estudio de aquellas inversiones a realizar, y especialmente contar con un mecanismo transparente.
Las inversiones extranjeras siempre son buenas noticias para cualquier país. Estimulan la economía, fomentan desarrollo en campos o áreas difícilmente de lograr con capitales nacionales, y casi siempre, existen conexiones con inversionistas locales, que permiten o faciliten alcanzar los resultados que se esperan financiar. Cuando se trata de inversiones privadas, es aun mejor, puesto que se demuestra que existe un aire de confianza a nivel internacional para que capitales privados puedan competir dentro del país, y además de ello, consiguen que los competidores locales, mejoren sus estándares y abran el mercado a condiciones más favorables para los consumidores, con relación a oferta y calidad.
Sin embargo, cuando las inversiones no son para dedicar a la empresa privada, sino para la explotación de recursos, pero de naturaleza pública, los aspectos cambian, especialmente cuando existen antecedentes de procedimientos cuestionados o que han generado conflictividad, como sucede con los temas socioambientales. Por ello, es extraordinariamente importante que los anuncios que hizo el Presidente de la República al inicio del presente año, en cuanto a que este año sería el año de la transparencia -aunque debieran ser todos los años del gobierno-, se conjuguen con las ofertas y propuestas que haga para inversionistas, nacionales o extranjeros.
Ante posibles acciones de beneficio económico y de desarrollo para el país, el gobierno debe ser muy cuidadoso de informar correcta y éticamente a las contrapartes y al público, para evitar confusiones e interpretaciones dañinas, que hagan a la oposición política generar acciones en detrimento de estos mecanismos, con la tradicional forma que lo han hecho en los últimos meses, con múltiples acciones legales y campañas mediáticas que definitivamente hacen incidencia y generan dudas en las acciones propias del gobierno.
Con el antecedente del Puerto Quetzal, el gobierno tiene la obligación de no presentar proyectos así de “chanfleados” y definitivamente que la población no espera que existan buenas noticias de índole económico, pero con una base presumible de corrupción. Además de ello, un proceso de concientización debe alcanzarse con comunidades rurales en el caso de tocar intereses culturales o ambientales. Sin estos elementos estratégicos y notorios en la actual situación del país, la desbandada de críticas y conflictos se le sumarían innecesariamente a la ya convulsa realidad guatemalteca.
La defensa de los intereses públicos, conjugada con el estímulo de recursos naturales, culturales o de cualquier clase, es lo mínimo que espera el ciudadano de sus autoridades, y además de ello, alcanzar la creatividad para el impulso de acciones que involucren el progreso nacional y determinen una ruta de desarrollo para el país.