Las empresas telefónicas están haciendo de las suyas sin que ninguna autoridad haga algo para ponerlas a trabajar como debe ser. Ganan millonadas; según es sabido, en nuestro país existen más de 10 millones de teléfonos celulares activos y un número similar de teléfonos de línea fija.
En el caso de la empresa Comcel, conocida en los últimos años como Tigo, le venden a uno tarjetas prepago que vencen dependiendo el monto de la misma, como que si uno comprara un producto perecedero.
Si uno compra una tarjeta de Q5 esta vence a los ocho días; la de Q10, a los 15 días, y así sucesivamente, con lo cual están obligando a los usuarios a gastar cuando a la empresa se le antoja; la empresa marca a su conveniencia cuando el usuario debe volver a cargar, lo cual viola la ley, porque los guatemaltecos estamos pagando con dinero que nos ganamos día a día mediante arduo trabajo; en tanto ellos –los empresarios- sin problemas aprovechan el pingüe negocio de telefonía.
Es interesante ver la comparación que, al comprar un carro, la empresa o cualquier vendedor, lo da sin llantas, o bien, al comprar una hamburguesa, el empresario decide si nos da sólo la torta de carne o el pan… En verdad, estamos en el país de las contrariedades: Aquí los empresarios, casi por lo general, hacen lo que se les viene en gana.
Mientras tanto, la otra empresa de telefonía, la ex estatal Telgua, lo hace de otra manera: En su publicidad anuncia con bombos y platillos que todas las llamadas a teléfonos fijos y celulares de Claro son ilimitadas; que no tienen costo alguno, pero solamente con marcar el 147-100 se puede comprobar que lo que la agencia de publicidad hizo aparentemente fue muy gamonal, pues lo ofrecido es totalmente falso.
Cuándo uno marca el número del servicio a quien está llamando de Telgua, le causa sorpresa el que graciosamente llega a uno el recibo de cobro, y se comprueba que el costo por llamada al teléfono de Telgua es, nada menos, de Q1.98, lo cual demuestra que para reclamar un mal servicio se tiene que pagar a la empresa que debería considerar al usuario que está llamando para pedir que le mejoren el servicio. ¿No es razonable eso, estimado lector?
Es más, si uno revisa la facturación mensual, se dará cuenta que por habernos emitido la factura tenemos que pagar Q5, lo que también contraviene las leyes tributarias que, incluso, en la publicidad estatal se indica que es obligación de todas las empresas emitir factura por el cobro de servicios, bienes o compras de productos, pero en este caso es cobrada como si fuese una obligación del usuario inflar los ingresos lucrativos de una empresa que hace sus antojos sin que le marquen ¡alto!
Nos quedamos cortos en cuanto a exponer las “niñerías” de las empresas telefónicas de referencia; más, la multimillonaria masa de usuarios de sus servicios y el público todos deberán estar enterados de los excesos que en lo económico se cometen a ciencia y paciencia de la autoridad constituida. Empero, conviene señalar con índice infalible a la otra transnacional Movistar que engaña a las personas que compran tarjetas prepago, pues se compra una tarjeta de Q100 y, al rato, como quien dice, el comprador de la “tarja” se da cuenta que no le vendieron el monto que dicen, sino que ellos lo asignan a su mejor conveniencia para quedarse con el dinerito de Juan Pueblo, quien es muy aguantador y no tiene más que resignarse a seguir sufriendo las arbitrariedades de empresarios avorazados, carentes de ética.