Ciudad Antigua de Guatemala fue elegida el martes por aclamación como sede la 43ra Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizará del 4 al 6 de junio del próximo año.
Al cierre de las deliberaciones de la OEA en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, el canciller de Guatemala, Harold Caballeros, agradeció la elección y destacó el valor histórico y cultural de la próxima sede declarada Patrimonio Cultural por la Unesco.
La OEA concluyó el martes su 42da asamblea general en medio de una crisis interna y fuertes críticas de los países del ALBA que provocaron el retiro anticipado de la representante de Estados Unidos tras la dura arremetida del único mandatario invitado, el ecuatoriano Rafael Correa.
El cónclave aprobó abrir un debate y buscar consensos para reformar el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte correspondiente, que han sido blanco de críticas tras recientes decisiones que han molestado a algunos gobiernos y punto central de los debates que han congregado a 16 cancilleres y representantes de 34 países del hemisferio.
El presidente anfitrión Evo Morales y Correa han dicho que la OEA debe cambiar para dejar de servir al «imperio» (una referencia a Estados Unidos), o «desaparecer». Venezuela y Nicaragua se sumaron a las críticas.
La resolución aprobada encomienda al Consejo Permanente a formular un plan de aplicación de las reformas propuestas por un grupo de trabajo y buscar consenso con todas las partes, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil que han manifestado su temor de que esas enmiendas debiliten y resten autonomía al sistema interamericano de derecho humanos.
Incluso Estados Unidos, que fue acusado por países del ALBA de influir en esos órganos para perjudicarlos, ha respaldado la iniciativa de abrir un debate sobre los futuros cambios. Varios cancilleres han dicho que las reformas no buscan restar independencia y autonomía a los dos órganos, sino fortalecerlos. Chile y México han planteado no afectar la independencia de los órganos observados.
El asunto tuvo que ser discutido en una sesión reservada ante las abiertas pugnas. La resolución implica que la OEA abre un debate interno para ajustar su propio funcionamiento sin adoptar cambios inmediatos.
La encargada de la diplomacia estadounidense para América Latina Roberta Jacobson no alcanzó a pronunciar su discurso, que fue leído por la embajadora estadounidense Carmen Lomellin, quien dijo que la OEA optó por «continuar la conversación sobre el fortalecimiento de la Carta Democratica Interamericana» hasta alcanzar un documento que «garantice la autonomía e independencia de la CIDH».
Jacobson dijo a The Associated Press que el ALBA trata de «imponer» su línea haciendo ver que hay una división al interior de la OEA tras las duras criticas de Correa quien acusó el lunes a la CIDH y a la Corte se someterse a Washington, a ONGs derechistas y a la capital que domina los grandes medios de prensa.
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Ecuador, socios del bloque, han cuestionado a Washington por supuestamente influir en la CIDH y la Corte sin haber suscrito la Carta Interamericana de Derechos Humanos y olvidando su propio historial de violaciones a los derechos humanos en Cuba y en otras regiones del mundo.
También Perú, a través de su canciller Rafael Roncagliolo, cuestionó a la CIDH después de que ésta aceptara una demanda por un caso de terrorismo. Calificó de «inaceptable creer que la época de la dictadura es igual a la época de la democracia».
El informe reformista otorga a la Asamblea General poderes para definir lo que la CIDH y sus relatorías pueden hacer o no con la posibilidad de que sus informes sean discutidos con los gobiernos, lo que a juicio de organizaciones civiles es un peligro que debilitaría a ese organismo y arriesgaría su independencia y autonomía, según han dicho aquí organizaciones como Amnistia Internacional y Human Rights Watch.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostuvo que la Comisión debe actuar menos como «tribunal» y buscar más «soluciones amistosas con los Estados».
Organizaciones civiles sostienen que los críticos más visibles son los países del ALBA pero que otras naciones también tienen serios cuestionamientos a la CIDH. Entre ellas citaron a Brasil, desde que el año pasado la Comisión aceptó una demanda de indígenas amazónicos en contra de la construcción de una represa.
Las fuertes discrepancias con la OEA han sido uno de los motivos que han impulsado, al influjo de Venezuela, la reciente creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sin la participación de Estados Unidos y Canadá.