Según el Índice Global de Paz de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala señala que el país  se sitúa en 20 por ciento de países con menores condiciones de paz en el mundo, el país no ha sido capaz de consolidar una agenda de trabajo que le permita mejorar su condición de seguridad en los últimos seis años.

El índice busca dar una evaluación calificada sobre la ausencia de violencia o temor de la ciudadanía ante eventos que afecten la seguridad.

Los mayores retos que presenta el país se concentran directamente con la percepción de criminalidad, la tasa de homicidios y de actos violentos, así como el nivel de conflictividad y el acceso a armas de bajo calibre.

Según el informe del índice global de paz, si se analizara la variación histórica, Guatemala no ha mejorado su evaluación a lo largo del tiempo, según el índice esta situación es preocupante, ya que los indicadores de nivel de conflictividad organizada a nivel interno, son donde se cuenta con evaluaciones deficientes.

Además, todos estos indicadores muestran un peso significativo en la evaluación del índice, siendo el más relevante el indicador antes mencionado, ya que de acuerdo a la evaluación que le da The Economist, ubica a Guatemala en la categoría de “países que presentan una crisis de ingobernabilidad, con altos niveles de tensión social en todo el país, con al menos un grupo criminal organizado que genera actos violentos con cierta periodicidad, sin consecuencias visibles”.

El no generar reformas se ha traducido en un estancamiento de la evaluación, mostrando incluso un serio retroceso en los indicadores de percepción de criminalidad en la sociedad.

Según este informe lo que le queda a Guatemala es lograr establecer bases sobre las cuales construir, es necesario un fortalecimiento del sistema institucional, identificando responsables sobre los acuerdos mínimos en los cuales se ha llegado a un consenso, con el único fin de combatir el crimen organizado y la violencia común, haciendo de la impunidad, la corrupción, y la injusticia los puntos clave sobre los que se empiece a trabajar.

Asimismo, señala que el no poner atención a este fenómeno podrá traducirse en altos niveles de conflictividad, lo cual conllevaría una amenaza latente a la legitimidad institucional del Estado.

Además, indica que las evaluaciones recientes muestran que la sociedad ha visto mermada su confianza en las instituciones que tienen a su cargo la protección de las personas, evidenciándose en las medidas de hecho que se han tomado para paliar las grandes olas de violencia e inseguridad que se sufre de manera cotidiana.

Esto ha provocado un debilitamiento aún mayor de la institucionalidad del país, fomentando el descontento de las personas respecto a los logros alcanzados, al tiempo de que cualquier reforma sea vista con escepticismo.