El estado guatemalteco deberá responder el próximo 24 de octubre, ante el Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las medidas que ha adoptado en los últimos cuatro años para acabar con el feminicidio, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Las recomendaciones realizadas por el Consejo, derivadas del último Examen Periódico Universal, llevado a cabo en el 2008, señalan que Guatemala debía adoptar todas las medidas para luchar contra el femicidio e implementar nuevas políticas para acabar con la impunidad que ha alentado la elevación de ese tipo de muertes.
Las conclusiones del EPU también destacan que el Estado debía aumentar la dotación policial y simultáneamente realzar la capacidad del Ministerio Público (MP); además de desarrollar campañas que prohíban explícitamente los castigos corporales en el hogar y en el seno de las familias.
Entre los puntos más importantes se encuentra la modificación de los Códigos Civil y Penal, para armonizarlos con las normas internacionales sobre derechos humanos y cuestiones de género; asimismo, aplicar plenamente la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres.
El Consejo pidió a Guatemala atender las recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), principalmente las que se centran en la protección de la integridad física de las mujeres.
Destacan avances
Tanto la fiscal general del MP, Claudia Paz, como la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destacaron recientemente que la creación de juzgados y tribunales especializados sobre delitos de femicidio, la capacitación del personal de las fiscalías y de los operadores de justicia, sobre temas de género y violencia contra las mujeres, constituyen avances locales de acuerdo a las recomendaciones de órganos internacionales.
La creación de la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio (COPAF) y de la Fuerza de Tarea contra el Femicidio, adscrita al Ministerio de Gobernación, son considerados por los movimientos feministas, como avances institucionales en materia de combate al femicidio.
La COPAF tiene como principales funciones asesorar al presidente en políticas y acciones para la disminución del fenómeno; apoyar las acciones emprendidas por entidades públicas; monitorear y recomendar mejoras en los mecanismos de recolección, procesamiento y publicación de datos, entre otras.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), recordó que las omisiones y la inacción del Estado para detener el femicidio, es una violación a los derechos humanos; en la actualidad, sólo el 0.07 por ciento del presupuesto estatal es destinado al abordaje de dicha temática.
A principios de 2012 fue ratificado por el Congreso de la República el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera de 91 recomendaciones que emitió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Examen Periódico Universal es un mecanismo para evaluar al Estado y la vigencia de los derechos humanos en los países miembros de las Naciones Unidas; el próximo 24 de octubre, Guatemala se someterá a la evaluación de las recomendaciones emitidas por dicho organismo en el 2008.