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C.E.G.: Definamos para empezar, ¿qué es un cuerpo ilegal y qué es un aparato clandestino?

C.S.: Estas son dos categorí­as complejas de definir en tanto que los negociadores de los Acuerdos de Paz construyeron estos conceptos de forma equí­voca en el compromiso octavo que es donde aparecen, pues está el tí­tulo de una manera y el contenido de otra. Cuando uno pregunta a los negociadores, tienen distintas concepciones, por lo que no se ha podido definir exactamente qué fue lo que trataron de explicar ahí­.

En ese sentido, lo que hemos estado trabajando son conceptos operativos. Cuerpo ilegal se denomina a los grupos que se constituyen para la ejecución de operaciones, que pueden ser ejecuciones de personas, detención, desapariciones o ataques. Se les denominó cuerpos ilegales tratando de hacer referencia a que en aquellos momentos además de los cuerpos policiales que existí­an de manera oficial, operaban estos cuerpos que eran estructuras «parapoliciales» ilegales, como el Comando 6, que no necesariamente existió dentro de la estructura legal de la Policí­a Nacional. También el término hace referencia a estructuras paramilitares como La Mano Blanca o el Jaguar Justiciero, que eran básicamente grupos que ejecutaban y emití­an listados de amenaza.

El aparato clandestino de seguridad hace mención a un aparato un poco más complejo, es la referencia a la creación dentro de la estructura militar de una estructura paralela de inteligencia que se crea para generar desde ahí­ el aparataje de la contrainteligencia. Esta estructura paralela se creó con la intención de ocultar -incluso, en muchos casos, de la misma institucionalidad del Ejército- la actuación ilegal que implicaba el ejercicio de muchas de las acciones de la contrainsurgencia. De esa forma, la estructura paralela de inteligencia implica la creación de todo un aparataje que es capaz de hacer todo el ciclo de inteligencia, incluyendo las operaciones de inteligencia.

Este aparato de inteligencia no necesariamente era clandestino durante el conflicto armado interno, sino simplemente era un aparato paralelo. Por ejemplo, el Estado Mayor Presidencial era considerado un aparato paralelo que tení­a su propio ciclo de inteligencia, paralelo a la dirección de inteligencia de la D 2, y es ahí­ donde surge el famoso «Archivo», que no es para nada clandestino, es paralelo. Con la firma de los Acuerdos de Paz, el aparato paralelo de inteligencia empezó a hacerse clandestino, a pesar de que siempre fue ilegal.

C.E.G.: ¿Qué vinculación hay entre estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y las instituciones del sector justicia?

C.S.: Al atacar sistemáticamente a abogados en la época más dura del genocidio -según el Colegio de Abogados, entre 1981 y 1982, diariamente un abogado era secuestrado o ejecutado- el efecto que se ocasionó fue un vací­o en las instituciones del sector justicia, porque asesinaban o desaparecí­an secretarios, oficiales, jueces o fiscales; la práctica fue que el Ministerio de la Defensa sugerí­a y recomendaba a abogados estudiantes de Derecho para ocupar estos puestos. La práctica también fue promover a varios militares para que estudiaran Derecho y se metieran dentro de la carrera. Hemos encontrado estas evidencias en algunos de los archivos desclasificados del Ejército, hay este tipo de cartas donde se sugieren y se recomiendan personas. Este fue un mecanismo de infiltración en el sistema.

Otro mecanismo fue el ejercicio de la violencia hoy reconocida como «plata y plomo», porque lo que generó esa época fue la certeza de que el plomo existe, si alguien daba trámite o presentaba un hábeas corpus efectivamente podí­a morir. Con esto se empezó a generar la práctica de no tomar denuncias, de no seguir e investigar los casos, porque se podí­a generar una ejecución o desaparición. Esta práctica está hoy arraigada en el ejercicio del Derecho, ya no hay ni siquiera necesidad de hacer la amenaza, ya es una costumbre legal no generar investigación en casos que puedan sonar a derechos humanos.

C.E.G.: ¿Qué papel juega la impunidad en todo esto?

C.S.: Para poder garantizar su actividad contrainsurgente, también se necesitó garantizar impunidad. Guatemala previamente al conflicto armado interno nunca fue un paí­s donde el Estado de Derecho se garantizara totalmente, siempre fuimos un paí­s en donde la ley se aplicaba parcialmente, pero tení­amos garantí­as mí­nimas que se cumplí­an, incluso aun los derechos laborales eran exigidos en alguna medida.

Precisamente, uno de los objetivos del aparato clandestino de seguridad durante el conflicto armado interno fue tomar control del sistema de justicia, para garantizar impunidad. Lo que se hizo fue un ejercicio sistemático de violencia en contra de abogados, particularmente entre 1979 y 1983.

C.E.G: A estas estructuras se les vincula con violaciones a los derechos humanos y también con el crimen organizado. Nos puede explicar ¿Cómo están estructuradas y cómo operan?

C.S.: El aparato clandestino de seguridad hoy opera como varios aparatos clandestinos de seguridad, al menos eso es lo que se percibe a través de sus actuaciones, pareciera haber operando más de un grupo que hace inteligencia, lo que implica que se perdió el monopolio de la inteligencia en el paí­s. Junto con la privatización del teléfono y el agua, se ha privatizado también el servicio de inteligencia, incluso el clandestino.

Lo que pareciera que estas estructuras hacen es ofrecer sus servicios de inteligencia al crimen organizado, para que pueda determinar en dónde deben operar, qué grupos de interés deben comprar -por ejemplo algunos grupos del crimen organizado han estado más interesados en el quehacer polí­tico nacional, en mantener la cooptación del Estado-. La inteligencia les va a garantizar, así­ como lo hizo en tiempos de la contrainsurgencia, el mantenimiento del status quo, por ejemplo en el Congreso, en donde pueden garantizar que no se pasen leyes o (que haya) una elección de magistrados en donde entre gente que eventualmente les beneficie. Una estructura clandestina de seguridad les va a generar la inteligencia e incluso les puede ofrecer las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.

Son piezas del ajedrez que las estructuras clandestinas tienen bajo control, porque así­ ha sido por los últimos 40 años. Un ejemplo de estas piezas es la corrupción, o sea, dar financiamiento, garantizar que gane alguien en el Colegio de Abogados que pueda ser favorable, y el grupo del crimen organizado provee el dinero, porque estas estructuras no pueden funcionar sin el dinero, igual que en el pasado.

Estas estructuras entonces lo que hacen es tener gente en muchos lugares. Lo que hemos ido viendo en los últimos años, es que son bastante movibles, pueden incluso responder más y más al mejor postor… muchas veces pueden dar sus servicios en una especie de sicariato fino, en donde se generan procesos de inteligencia para la eliminación de personas, en este caso podrí­amos hablar de lo que ocurre contra defensores de derechos humanos.

C.E.G.: Ustedes han denunciado en numerosas oportunidades desde Udefegua que los defensores y las defensoras de derechos humanos son hostigados, amenazados y perseguidos por estas estructuras criminales. ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos y sus integrantes son un blanco para estos cuerpos?

C.S.: La razón es muy simple. Durante el proceso de paz hubo un movimiento yo dirí­a fuerte a nivel social de generación de procesos que viene muy de la mano con la construcción de democracia? se pensó: hay que participar en la comunidad, hay que implementar planes de desarrollo municipal, hay presupuestos participativos, las mujeres tenemos derechos, los niños y los jóvenes tienen derechos.

Esto generó procesos de cambio, así­ como las propuestas de reforma al sistema de seguridad y de justicia, en donde es más claro el porqué estos grupos se resisten; tú puedes verlos reaccionando, bloqueando leyes y demás. Pero lo que hay que entender es que cualquier proceso de construcción de institucionalidad, es algo que no le conviene a aquellos que se favorecen del desorden. No es que estos cuerpos reaccionen con contrainsurgencia porque hay insurgencia, estos grupos han reaccionado -y particularmente después del año 2000- a un movimiento más heterogéneo de defensores en aquellos espacios en donde los retan, en donde se trata de alguna manera de generar orden o institucionalidad.

C.E.G.: ¿Quiénes son los defensores de derechos humanos más atacados por estos grupos en el último año?

C.S.: En el último tiempo los cuerpos ilegales que actúan bajo sicariato suelen atacar más a sindicalistas y a campesinos, de ahí­ dirí­amos que básicamente son los grupos tradicionales de poder que acceden a estos grupos bajo contrato. Los aparatos clandestinos también siguen actuando en contra de los defensores de principios de verdad y justicia, las defensoras que están luchando en contra del tema de trata de personas, por los derechos de la mujer y contra la violencia sexual, los cuales de alguna manera tocan los intereses de estos mismos grupos que actuaron en el pasado, pero que se están cuidando en el presente.

Los vimos reaccionar bastante fuerte cuando se trabajó el tema de Tratado de Libre Comercio (TLC), en donde fue sorprendente cómo estas estructuras clandestinas de seguridad atacaron a lo largo y ancho del paí­s a grupos que estaban oponiéndose al TLC. Estamos viendo la reacción -que estamos intentando comprender- en contra de jóvenes organizados. Pareciera ser una reacción ante la organización juvenil que está tratando de evitar que un joven se meta a una «mara» y de alguna manera denunciar la existencia de lo que mal se llama «limpieza social.»

En datos estadí­sticos, entre enero y el 15 de junio de este año, llevamos alrededor de 153 agresiones, que es un número bastante alto tomando en cuenta que el año pasado terminamos con 220.

C.E.G.: ¿Por qué fue necesario crear una Comisión Internacional de las caracterí­sticas de CICIG para poder investigarlos e iniciarles una persecución legal?

C.S.: Puede haber una razón más de fondo que la misma existencia de estos grupos. Era evidente que al generar impunidad para sus actividades, habí­an generado un monstruo que fue capaz de brindar sus servicios más allá de su propio interés. Con el paso de los años, fue posible para muchos ciudadanos con capacidad financiera, adquirir los servicios de impunidad y extender estos servicios de impunidad más allá de los intereses de violación de derechos humanos y de crimen organizado.

Esto empezó a generar una práctica que no solo afectó al sistema penal y al sistema fiscal, sino también empezó a afectar al sistema mercantil e incluso al familiar, porque cualquiera -y por cualquier razón- empezó a utilizar este sistema de impunidad que creció como un cáncer. Entonces las organizaciones de derechos humanos al darnos cuenta de los esfuerzos que se estaban haciendo en el fortalecimiento del sistema de justicia y cómo estaban pagando con su vida, con su seguridad y con el exilio en jueces, fiscales y abogados; y que los defensores de derechos humanos empezábamos (en el año 2002) a experimentar algo que no se habí­a experimentado desde la década del 80 nos dimos cuenta que se habí­a perdido el control como sociedad? haber perdido el control del sistema de justicia implicaba haber abierto la puerta al crimen organizado, sabí­amos que tarde o temprano í­bamos a tener un gobierno ya directamente vinculado con el narcotráfico, iba a ser una realidad inevitable? entonces dijimos ¿cómo resolvemos esto?, ¿cómo hacemos para que todo lo que la sociedad ha invertido en la paz tenga frutos? Decidimos enfocarnos en una de las fuentes del problema, y propusimos la creación de una comisión, que nos ayudara a desatar un nudo, para a partir de éste, desanudar otros nudos, de injusticia laboral, nudos de injusticia de tierra, todos al final están topándose con el tema de la justicia, porque todo se ha vuelto judicializado, porque se sabe que hay impunidad. Por eso es que era tan importante abordar el tema de la justicia.

C.E.G.: ¿Cuál es el aporte que a su criterio ha tenido la CICIG, hasta este momento en relación a la investigación y persecución de estas estructuras?

C.S.: Estamos precisamente contando con la labor de la CICIG para que ayude a «desocultar» las caracterí­sticas de funcionamiento de estos cuerpos. ¿Cómo lo va a hacer? Precisamente en la medida que avance, por ejemplo, el juicio en torno a cómo operó la estructura de (Enrique) Rí­os Sosa, (Alfonso) Portillo, (Eduardo) Arévalo Lacs, para mover todo el erario nacional, ahí­ se va a tener una parte de la operación financiera y vamos a poder entender cómo funciona, lo cual nos permitirá ir ligando cosas.

El caso de (ílvaro) Matus nos va a hablar de la conspiración y cómo funciona para ocultar a los ejecutores, vamos a saber quién estaba a cargo de las operaciones en torno a los secuestros, por ejemplo. Este tipo de investigaciones nos irá dando las piezas del rompecabezas, de lo que está oculto, esto nos va a permitir a futuro ir entendiendo cómo funcionaron en el pasado estas estructuras. ¿Vamos a saber quiénes eran estas cabezas que comandaban estas estructuras? ¿CICIG nos lo va a aclarar? Quién sabe. Lo que CICIG probablemente nos va a aclarar es, a través de casos, los distintos componentes del funcionamiento del poder oculto.

C.E.G.: Hablemos sobre la vinculación de estas estructuras con el poder económico y con el poder polí­tico en el paí­s. ¿Qué relación mantienen?

C.S.: Estas estructuras para funcionar tuvieron que operar desde el inicio a través del contrabando, lo cual implica lavado de dinero y esto implica eventualmente la generación de capital «limpio», capital que empieza a generar empresas que funcionan desde hace 30 ó 40 años y que hace 30 años aparecieron en los medios de comunicación como empresas corruptas denunciadas precisamente por estar corrompiendo y haciendo negocios con el Estado.

Guatemala padece de un mal que debemos corregir que es la ausencia de memoria. Si ni nos recordamos de las noticias de hace 15 dí­as, ¿nos vamos a recordar de nuestra historia reciente que no hemos ni siquiera querido escribir? Por poner un ejemplo, ¿qué ocurre cuando todos sabemos que estamos yendo a comprar ropa o bienes a un negocio que claramente es un negocio que lava activos, y sabemos que el dueño de ese negocio es dueño de una lavanderí­a, pero de todos modos se le permite estar en los eventos sociales? Esto no es solo un fenómeno económico. Creo que tenemos que reconocer que afecta a toda la sociedad guatemalteca por igual. En esa misma lí­nea hemos permitido que los partidos polí­ticos se corrompan, hemos permitido que los partidos polí­ticos reciban dinero sucio y que entonces tengan deudas polí­ticas con personas vinculadas al capital oscuro. El caso más evidente es el de Manolito Castillo, en donde hasta que no se hizo un escándalo mayor, el partido polí­tico UNE no lo sacó. Actualmente, también tenemos el caso de (Paul Estuardo Gómez) Cristiani, en el Partido Patriota, esta persona vinculada a una situación bastante complicada de conocimiento de ese partido desde hace meses, no genera una depuración inmediata sino hasta que se les vuelve absolutamente imposible mantenerlo dentro del partido. ¿Qué implica esto? Compromisos muy fuertes dentro del partido. Estoy hablando de casos en donde actualmente tenemos procedimientos penales abiertos.

C.E.G.: ¿Es posible hablar de un real desmantelamiento de los CIACS?

C.S.: Como guatemaltecos lo que tenemos que aspirar es que estos aparatos clandestinos empiecen a reducirse al máximo, que se empiecen a controlar. Las sociedades deben tener Estados suficientemente fuertes como para poder combatirlos y mantenerlos controlado. Guatemala debe aspirar a que los aparatos clandestinos y los cuerpos ilegales empiecen a desaparecer, que poco a poco tengan una presencia minoritaria para que eventualmente desaparezcan. Lo que se quisiera es que eventualmente el crimen organizado en el paí­s deje de tener aparatos de inteligencia para cometer violencia polí­tica o violación de derechos humanos.

Creo que hoy sí­ hay capacidad para encontrar a un asesino, que no haya voluntad es otra cosa. Cuando un asesino es incluso un sicario contratado por un finquero -y lo acabamos de demostrar con la sentencia en el caso de Israel Carí­as- se puede conseguir justicia si la fiscalí­a tiene la voluntad de hacer la investigación y escuchar a los testigos. Pero cuando es un aparato clandestino, ahí­ es otro el caso.