Luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), de rechazar la injerencia de España para juzgar a sospechosos de genocidio, y tras la resolución de la Justicia Española de proseguir las investigaciones por otras ví­as, la imagen internacional de Guatemala ha decaí­do, generándose reacciones negativas para el paí­s.

En una entrevista publicada en la revista electrónica www.masvoces.org, realizada por Alejandro Pintamalli al abogado Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, se desnuda la visión que desde los sectores internacionales de justicia se tiene de Guatemala.

Para Ollé, como mencionó en esa entrevista, si «en Guatemala o no se quiere, o no se puede» avanzar, «tendrá que ser en algún otro tribunal donde deban ser juzgados» los responsables de los crí­menes cometidos entre 1961 y 1996.

Esta entrevista fue motivada por la petición del juez español Santiago Pedraz, sobre la colaboración de cualquier persona para continuar las investigaciones en el caso de la Quema de la Embajada de España a través de instancias fuera de Guatemala.

Ante la pregunta del entrevistador sobre si el pedido de Pedraz es un último esfuerzo para avanzar con las investigaciones frente a las dificultades, Ollé responde que «No, no es un último esfuerzo. Yo creo que es la continuación de un procedimiento que se abrió en su dí­a y que, desgraciadamente, llegó un momento en que, a la solicitud del pedido de colaboración judicial a las autoridades guatemaltecas, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala respondió que no habí­a lugar a ese pedido de extradición porque no reconocí­a la jurisdicción española. En ese sentido, yo creo que no sólo no es un último intento, sino todo lo contrario. Es un punto y seguido, pero dentro del punto y seguido de las dificultades que conlleva toda lucha contra la impunidad. En Guatemala, desgraciadamente, los responsables de los atroces crí­menes siguen sin ser juzgados», respondió.

En cuanto a las expectativas que se tiene para resolver este caso ante la asunción de ílvaro Colom como nuevo gobernante, Ollé respondió que serí­a deseable que sean las propias jurisdicciones internas donde se deba juzgar. «Cosa que parece ser que el nuevo Gobierno va a tratar en Guatemala, por las noticias que nos llegan», comentó el activista español.

Esperanzas

La Iniciativa de Copenhague para México y América Central (CIFCA), por su parte, también se ha referido al hecho. Para Martin Wolpold Bosien, presidente de esta instancia, esta decisión «renueva las esperanzas de millares de ví­ctimas de que estos crí­menes atroces no quedarán impunes» y llama al «nuevo gobierno de Guatemala de ílvaro Colom a colaborar con la justicia de España para facilitar la captura y extradición de todos los implicados».

Guido de Schrijver, presidente del Grupo de Trabajo Guatemala de CIFCA, expresa que esta «decisión que reafirma la jurisdicción universal es un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina» y reafirma los derechos de las ví­ctimas a la justicia, que «tratándose de crí­menes que han afectado y ofendido no sólo al pueblo de Guatemala, pero a la humanidad en su conjunto, no pueden permanecer impunes».

De su parte Marlies Stappers representante de Impunity Watch, valora que esta decisión «es un paso más para que se afirme las obligaciones de extradición o de juzgamiento, según el principio erga omnes aut dedere aut judicare, contemplados en la convenciones de Naciones Unidas contra la Tortura y contra el Genocidio, en la persecución obligatoria por la comunidad internacional contra estos crí­menes y, la justicia española rinde honor a dicho compromiso».