Recluida en un centro correccional del país, *Jimena recuerda que tenía alrededor de 15 años cuando fue detenida en un allanamiento contra extorsiones, realizado por la Policía Nacional Civil (PNC).

Sin embargo, para comprender su historia, hay que remontarse a varios años atrás, en los que la pobreza, la desintegración familiar y la inseguridad se conjugaron en su contra.

Antes de involucrarse con los grupos que delinquen, la joven habría intentado salir adelante por sus propios medios; trabajaba en la economía informal para continuar sus estudios de nivel secundario.

“Vendía pasteles, comprábamos ropa en la paca con mi mamá y después la vendíamos. También lavaba ropa ajena y trabajaba en un comedor”, recuerda la adolescente, quien tuvo que desertar de los estudios por falta de recursos.

Aunque Jimena admite que la precariedad fue uno de los factores que influyó en su involucramiento con las pandillas, dice que también fue la mala relación que mantenía con su progenitora –una mujer cansada de trabajar, quien sola sostenía económicamente su hogar, integrado por varios niños–.

Así, la joven cuenta lo difícil que era recibir insultos de su propia madre. “Yo siempre le decía a mi mamá: prefiero mil veces que me pegues, que me arrastres por toda la casa, pero no me digas esas palabras.  Una palabra duele más que un golpe, el golpe se arregla, pero las palabras lastiman el corazón”, relata la joven.

Jimena cree que su madre se sentía afectada por las cargas familiares que enfrentaba, pero también, por una decepción afectiva.

Esta situación también dañó a Jimena, quien se sentía desvalorada por varias razones, entre esas la ausencia de una figura paterna.

“Yo pensaba que no valía nada por no tener lo que quería. Tal vez por mi papá (…) Yo decía: No valgo nada porque si valiera mi papá no me hubiera dejado, ni mi padrastro.  Para mí, mi padrastro era mi verdadero papá”, asegura.

Alejada de su familia, por las circunstancias de reclusión y otros factores, Jimena dice haber recibido terapias de apoyo en el centro correccional donde está recluida; actualmente cursa cuarto bachillerato y dice estar  satisfecha, pues el año pasado fue la abanderada de su grupo.

Los representantes del centro donde está recluida dicen que ha demostrado “voluntad” para conseguir el “cambio positivo” que buscan en los jóvenes, en tanto Jimena se considera “culpable” por los delitos en los que incurrió y se esfuerza por alcanzar perdón, aunque está consciente del daño causado a las familias guatemaltecas.

“SACRIFICAN A LOS PEONES”

*Miguel sobrepasa la mayoría de edad, está detenido y actualmente dice cursar el segundo año universitario en estudios de Pedagogía en el correccional –pénsum implementado en 2013–;  cuando fue capturado tenía 16 años, estudiaba el sexto grado de primaria y era un técnico electricista, pero estaba desempleado, además su novia esperaba un bebé y sus recursos económicos eran nulos o insuficientes.

El muchacho, quien evidentemente muestra una conducta distinta a la que se esperaría de un adolescente en conflicto con la ley, relata cómo las pandillas lograron cooptarlo.

“Uno de los factores que me condujo a meterme a una pandilla fue la situación económica, por meterme a formar un hogar a temprana edad cuando tenía 16 años. Cuando uno es menor es difícil que le den trabajo. Yo me sentía agobiado”, dice.

Según el relato de Miguel, ante la situación adversa en la que se desenvolvía aparecieron las pandillas; aquellas que ocupan el papel de Estado al emplear negativamente a los jóvenes.

“Tenía supuestos amigos en mi colonia que se acercaban y me decían: Hay extorsiones, anda a traerla y vas a tener cierta cantidad de dinero. Tenía necesidad de hacerlo, por eso lo hacía, además por ser inmaduro”, admite.

A criterio del entrevistado, con las diferentes experiencias vividas dentro y fuera de los correccionales reconoce que las bandas delictivas sacrifican a los niños y los jóvenes, mientras que las mismas expanden sus operaciones con ese reclutamiento.

“Era un juego de dama o ajedrez. Se sacrifica a los peones y se cuidan ellos. Prácticamente quienes lo manipulan a uno están sentados y uno viene a hacer la carnada fácil. Aparte de eso hay otro factor, las intimidaciones. Cuando uno está en el juzgado uno dice yo lo hice, pero se dice eso por temor a represalias”, refiere.

Las experiencias compartidas hacen recordar al joven como él mismo enfrentó la primera noche en el correccional a donde fue llevado, donde apenas asimilaba lo que pasaba.

“El primer día que estuve sin mi familia –en el correccional–, fue bien chistoso porque yo era parte de ellos –de los jóvenes– y decía, estoy durmiendo entre un montón de delincuentes y me ponía a llorar”, dice.

Antes de ingresar al centro de privación de libertad, Miguel recuerda haber atravesado por una situación difícil: los policías que lo capturaron le dispararon cuando intentaba huir al momento de recoger el paquete que simulaba el pago de extorsión –aunque no lo hirieron– y después no apresuraban su entrega al juzgado de menores en medio de amenazas, mientras una investigadora abogaba para que esa diligencia se llevara a cabo de inmediato.

“De repente ya estaba montado un operativo de la PNC, estaba un don en la pasarela con un paquete y subí a traerlo y nos rodearon, pero yo fui el único que salió corriendo y me dispararon, me tiré en una cuneta y me dije lo de todo ser humano cuando ya está en el hecho ¿qué hice?, pero ya era tarde.  Creo que más fue el propósito de Dios que no me pasara nada”, dice.

El joven agrega:   “Él accionó contra mí porque no quería que me fuera, pero no me hirió… Después nos anduvieron paseando y me llevaron a un río de aguas negras, pienso que por meterme miedo me decían que me iban a matar y hasta hubo una discusión entre ellos mismos con una señorita que era agente también y decía repórtenlos ya porque ya los capturaron.  El otro decía –el policía– ellos tienen que pagar, hasta que ella llamó y al fin nos llevaron al juzgado”, explica.

CORRECCIONALES

“Buenas tardes, señora un/a joven dispuesto/a al cambio positivo le da el saludo”, dicen al mismo tiempo decenas de jóvenes recluidos en los diferentes centros correccionales del país, quienes con una mirada temerosa y gestos inseguros se alinean en filas rectas cuando reciben a un visitante.

Ellos y ellas son los jóvenes en conflicto con la ley penal, quienes aún tienen una vida por delante, pero sufren las consecuencias de no ser una prioridad para el Estado guatemalteco, las familias y la comunidad.

Los delitos cometidos por adolescentes privados de libertad pasan por asesinatos, extorsiones, secuestros y robos, sin embargo, las historias de sus vidas y las causas que los llevaron a incurrir en crímenes no son menos dramáticos.

Según la Secretaría de Bienestar Social (SBS), 819 hombres y 99 mujeres, entre adolescentes y jóvenes, se encuentran recluidos en los cuatro centros correccionales del país. 

La diversidad de delitos en la que incurre este sector de la población es grave, pero lo es más la falta de respuesta del Estado para atender las necesidades básicas de los niños y adolescentes de áreas urbano-marginales, así como la ausencia de afectividad en los hogares y la constante criminalización de parte de la sociedad.

ESTADO, FAMILIA Y COMUNIDAD

De acuerdo con expertos y profesionales consultados, el Estado, la familia y la comunidad son tres actores importantes en la prevención del delito y la reinserción de los jóvenes que han estado privados de libertad.

Abner Paredes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), considera que es el Estado es quien debe responder a las necesidades de los jóvenes para evitar que se involucren con las bandas delictivas.

“A pesar de que se cuenta con una Política Pública de Juventud, creemos que las acciones que se están implementado son pequeñas en relación con lo que se debería estar haciendo, principalmente programas de desarrollo para la adolescencia y la juventud, se habla mucho de prevención de la violencia, pero al lado se deben discutir las políticas de reinserción laboral donde sean respetados sus derechos y cómo mantener el sistema educativo en los jóvenes, precisamente para evitar que se involucran con estos grupos”, dice Paredes.

Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, opina que también la familia y su entorno deben ayudar a contrarrestar la violencia que se refleja en las calles.

“Una de las principales causas de la violencia es la falta de afectividad en la casa, en el hogar y es por eso que el mensaje de amor, respeto, de la recuperación de los valores fundamentales en la familia, en la enseñanza, deben ser los principales focos que deben fortalecerse”, argumenta Cruz.

En tanto, Enrique Leal, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la SBS, reitera la importancia que juega la comunidad en la aceptación de sus jóvenes y el apoyo que puede ofrecer sin estigmatizar.

“Aquí el tema es un trabajo en conjunto, yo no puedo esperar que un adolescente adquiera los conocimientos y tenga el perfil y el anhelo para convertirse en alguien productivo, si su entorno comunitario no está listo para recibirlo, la comunidad debe desarrollar estrategias basadas en no criminalizar al adolescente sino en generar oportunidades y no puede hacerlo si no hay acompañamiento del Estado, que debe ser promotor para gestionar servicios básicos, no me refiero solo a salud y educación, sino también a desarrollo humano”, explica.