Ricardo Marroquín Rosada,
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
El Estado de Guatemala carece hasta hoy de un proyecto estratégico de seguridad, las diferentes administraciones que nos han gobernado han dicho en su momento que trabajan siguiendo un plan, pero la realidad es que antes como ahora simplemente se reacciona a casos de alto impacto, como el asesinato de los parlamentarios salvadoreños o ahora con el caso Zacapa o Víctor Rivera.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana han sido progresivos, coinciden con un proceso de debilitamiento de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado, así como del incremento de la corrupción y la impunidad: 13,200 homicidios en el período Arzú, 14 mil en el período Portillo y 21,500 en el período Berger.
La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Ley del SNS) fue aprobada recientemente por el actual Congreso, dicha ley es el resultado de un largo proceso de discusión teórica y técnica, así como del diálogo y el consenso político; esta ley nos brinda la posibilidad de estructurar un proyecto estratégico que permita aumentar las capacidades del Estado y garantice la seguridad de la Nación.
Las raíces de la Ley del SNS están en el Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica y en los Acuerdos de Paz; ellos aportaron los elementos centrales para la construcción del nuevo paradigma de la seguridad: la Seguridad Democrática, que vino a sustituir a los valores y objetivos heredados de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
El cuerpo teórico y técnico que respaldan y sustentan la Ley del SNS se fueron fraguando en un amplio proceso de discusión que se desarrolló desde el año 2000. A partir de ese momento se han expresado valiosas ideas y efectuado propuestas sustantivas derivadas de espacios colectivos de reflexión, entre los cuales destacan: el Proyecto Hacia una Política de Seguridad Democrática (Polsede), el Proyecto Hacia una Política de Seguridad Ciudadana (Polsec), el Proyecto Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOSS), la Mesa Intersectorial de Diálogo en materia de Seguridad y Justicia, el Consejo Asesor de Seguridad (CAS), el Foro Permanente de Partidos Políticos, el Plan Visión de País, la Red Guatemalteca para la Seguridad Democrática, la Comunidad de Defensa, el Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC) y otros. Todos ellos han colaborado en el esfuerzo común de ir construyendo -progresivamente- lo que hoy es la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
No se podrán alcanzar bondades por decreto
Es importante destacar que la Ley del SNS es un instrumento normativo que posibilita la fundación de un sistema, coherente e integrado, que permitirá fortalecer las instituciones y las capacidades del Estado en el ámbito de la seguridad; pero que su objetivo y sus bondades no se podrán alcanzar y aplicar por decreto.
La Ley del SNS es amplia y compleja, quiero destacar algunos elementos de ella que considero centrales. Se crea: el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) el cual será la máxima autoridad del SNS, la Secretaría Técnica y la Comisión de Asesoramiento y Planificación como órganos de apoyo del CNS. En el ámbito de la formación se crea el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad como ente de dirección y coordinación de todos los centros de formación del Sistema. En inteligencia se crea el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado la cual coordinará el SIN. Para garantizar los controles Democráticos se crea la Comisión Legislativa Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia en el Congreso e internamente se crea la Inspectoría General del SNS.
La Ley del SNS establece como obligatoria la carrera profesional en todas las instituciones que componen el mismo, con el objetivo de garantizar la profesionalización del recurso humano, dar certeza al empleado sobre su carrera y evitar que los puestos sean un instrumento para pago de deudas políticas heredadas de las campañas cada cuatro años.
La Ley del SNS define los elementos centrales que debe contener el proyecto estratégico de seguridad de la Nación, estos son: la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de Seguridad, la Agenda de Riesgos y Amenazas y el Plan Estratégico de Seguridad; también señala quienes son las instituciones u órganos responsables de elaborarlas y darles mantenimiento, dentro del marco de la Seguridad
Democrática.
De todo lo anterior se deduce que la Ley del SNS es amplia y compleja por lo que su implementación deberá ser progresiva, su aprobación y vigencia no garantizan la solución de la problemática de seguridad actual, pero sí posibilita que a mediano y largo plazo podamos enfrentar en mejor forma las grandes amenazas que hoy nos agobian.
Señalaba que la Ley del SNS es el resultado del análisis, la discusión, el diálogo y el consenso, por lo que el plan para su implementación debe surgir de un mecanismo similar, para que el mismo sea respetado, fortalecido y progresivamente implementado por los futuros Presidentes de la República y sus equipos de gobierno; el plan requiere de por lo menos un período de 12 años para que el SNS alcance su pleno funcionamiento.
Es necesario aclarar que la Ley del SNS debe ser complementada con otras leyes que aún son agenda pendiente y sin las cuales sería un instrumento normativo incompleto: Armas y Municiones, Policías Privadas, Sistema Nacional de inteligencia y la Secretaría de Inteligencia de Estado y otras.
En resumen: El Gobierno del presidente Colom tiene la posibilidad histórica de crear las bases sólidas para garantizar a mediano y largo plazo la Seguridad de la Nación por medio de un Sistema profesional, legal y legitimo, para ello es necesario abrir el espacio del diálogo que permita alcanzar consenso y acuerdos duraderos; el CEESC se pronuncia por seguir el camino de la construcción progresiva y consensuada del Sistema Nacional de Seguridad, y a la par aplicar las capacidades existentes del Estado para enfrentar los retos que plantea lo cotidiano.
Ricardo Marroquín.