La gestión de Carlos Castresana al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), concluyó públicamente el 28 de julio último, cuando se despidió y posteriormente develó la investigación del asesinato del ex asesor de seguridad Ví­ctor Rivera.

Existe mucha expectativa por la llegada de Francisco Dall»Anese Ruiz, quien hasta la semana pasada fungí­a como Fiscal General de la República de Costa Rica; ahora asumirá, a principios de agosto, como el sucesor de Castresana al frente de la CICIG.

Castresana estuvo a cargo de la CICIG desde septiembre de 2007, pero poco tiempo fue suficiente para que el abogado español y experto en derechos humanos incidiera en la historia del paí­s y la dividiera, de algún modo, en un antes y un después.

«Me llevo a Guatemala en el corazón y, desde donde esté, seguiré ayudando cuanto pueda a este paí­s, que resulta entrañable y que merece seguirlo ayudando», fueron algunas de las últimas palabras del ex comisionado.

El abogado español afirmó haber dejado a la CICIG con la incorporación de herramientas importantes para el funcionamiento del estado de derecho y el combate a la impunidad: «Nos vamos con la tarea incompleta, pero hay un equipo y un nuevo comisionado que garantizan que la tarea se va a continuar hasta completarse», anunció en su despedida.

Aunque actualmente la CICIG conoce un total de veinte casos, entre los cuales se han logrado varias condenas, la labor de Castresana en Guatemala generó beneplácito en algunos sectores, los cuales calificaban acertadamente sus acciones y propuestas, así­ como rechazo en otros que en todo momento le descalificaron y criticaron.

PARTEAGUAS

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, explica que Castresana llegó al paí­s en momentos y circunstancias «totalmente adversas» en los ámbitos de la justicia, invadida por un clima de impunidad casi total.

Asturias añade que al comisionado le tocó iniciar un proceso de institucionalidad en Guatemala, para lo que tuvo aproximadamente un año para conformar a su equipo de trabajo a través del cual implementó también mecanismos novedosos de investigación para el paí­s.

«Me parece que ha puesto un parteaguas en el paí­s entre lo que se puede lograr y hacer, en un Estado donde la impunidad es la forma de convivencia entre los poderes y los poderosos; además, se han revertido procesos que antes eran imposibles, pero la tarea sigue», opina el analista.

Asturias señala que, antes que Castresana se hiciera cargo de la CICIG, el Estado estaba «copado por las mafias y por poderes económicos históricos y emergentes», además que la violencia «era la única forma para resolver los conflictos».

Después de Castresana, «se ha empezado a tejer una esperanza de transformación de la realidad que es dura y queda un Estado con desafí­os y retos para continuar en los procesos iniciados y, sobre todo, que ésta es una responsabilidad de todos: tenemos que lograr revertir proceso institucionales, que el Congreso apruebe las leyes para combatir la impunidad y desarrollar una voluntad en el Gobierno para darle instrumentos a las instituciones y a la propia CICIG», indicó el entrevistado.

DESAPROBACIí“N

Luis González Dubón, representante de la Liga Pro Patria -entidad que presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la instauración en el paí­s de la CICIG-, calificó de «malí­sima» la gestión de Castresana al frente de esa instancia.

La acción de inconstitucionalidad fue rechazada en ese entonces por la Corte de Constitucionalidad, que consideró que el recurso no tení­a fundamento.

«Castresana debilitó a tal punto la institucionalidad en el paí­s, que su interferencia en el Organismo Judicial y Ministerio Público les privó de independencia y generó que en Guatemala se creara la crisis institucional en la que nos encontramos», declaró González.

El entrevistado considera, además, que Castresana «incumplió totalmente» el convenio que el Gobierno firmó con Naciones Unidas, el cual califica de «desafortunado» y considera que «todo lo que se especuló sobre su fracaso, se cumplió».

Finalmente, González cree que «antes de Castresana, el paí­s estaba mucho mejor de lo que está ahora; ahorita ya estamos tocando fondo. La delincuencia se incrementó desde que él vino a Guatemala y la destrucción de las instituciones encargadas de la justicia también».

«Después de Castresana, el paí­s queda peor, es sólo cuestión de ver las estadí­sticas de criminalidad que se han duplicado y prácticamente no tenemos Ministerio Público, y el Organismo Judicial está en una crisis terrible porque perdió su independencia; tampoco mejoró el Sistema Penitenciario y eso es por la mala gestión», enfatizó González.

PROS Y CONTRAS

Manfredo Marroquí­n, analista de Acción Ciudadana, considera que «el balance de la gestión de Castresana tuvo sus luces y sus sombras, porque logró mucho éxito en ganar legitimidad interna que no la tení­a al inicio; pero una de las debilidades sigue siendo que la gente esperaba una mayor cobertura de casos donde hubiera involucramiento de estructuras clandestinas de poder y ahí­ quedó una gran duda».

Marroquí­n considera que, aunque el mandato de la CICIG está muy bien definido en el acuerdo aprobado por el Congreso de la República, la dirección de Dall»Anese generará cambios en el estilo de la investigación y otros temas.

«Dall»Anese trae muy buenas cartas de presentación, pero creo que será un estilo diferente por ser centroamericano, y esto se traducirá en su gestión y va influir mucho que él haya sido Fiscal General de un paí­s cercano a Guatemala y que comparten condiciones. Seguro también aprenderá de los errores de Castresana, en el sentido que tendrá menos protagonismo y más trabajo interno», comenta Marroquí­n.

Sobre los puntos de vista encontrados, Marroquí­n apunta que eso se trata de un «legado de la gestión de Castresana», sobre provocar cierta «polarización» entre sectores de la sociedad guatemalteca y que en gran parte esa confrontación se debió a los mismos casos que trabajó la Comisión durante este perí­odo, referentes a un «alto perfil polí­tico».

Sin embargo, el entrevistado enfatizó que «de ninguna manera el aumento de la criminalidad en el paí­s se generó con la venida de la CICIG», pues considera que ésa es «una tendencia que ya no se detiene, porque hay una gestión fracasada de los diferentes gobiernos que han sido incapaces de generar herramientas del combate a la violencia y al crimen en el paí­s».

«Vamos a seguir viendo el aumento de la criminalidad en la medida que no haya un gobierno que tenga claridad de una polí­tica de combate al crimen, pero eso nada tiene que ver con que en el paí­s haya o no una Comisión como la CICIG», detalló el analista de Acción Ciudadana.